miércoles 16 de junio de 2021 - 3:00 PM

Los alcances de la reforma a la justicia aprobada en el Congreso

Con 68 votos a favor y 15 en contra, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria que reglamenta el sistema de administración de justicia en el país.
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La modernización del sector, la equidad de género para la elección de magistrados de las altas cortes, la reglamentación de la comisión de disciplina judicial, el aumento del presupuesto de la rama judicial y la ampliación de la cobertura del acceso a la justicia en las zonas más apartadas del país, son algunos de los alcances que trae el proyecto de Ley, que ahora pasa a conciliación en las plenarias de Senado y Cámara.

Además: Corte Suprema advierte sobre ‘mico’ en la reforma a la justicia

“Con la Reforma a la Ley estatutaria de la Administración de Justicia avanzaremos en su mejora y modernización, dando garantías a sus prestadores y fortaleciendo el presupuesto destinado para esta rama”, señaló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

Digitalización y acceso a la justicia

Uno de los puntos claves del proyecto de reforma tiene que ver con la creación del expediente digital, al cual podrán acceder los ciudadanos para ver el estado de sus procesos en tiempo real y desde cualquier lugar del mundo.

“De esta manera avanzaremos en la transformación digital de la justicia, en un mayor acceso a la misma por parte de los ciudadanos, gracias al expediente judicial en todas las disciplinas jurídicas del país”, agregó Ruiz.

Así mismo, el jefe de la cartera de la Justicia en el país anunció la creación de “jueces itinerantes” para llevar la cobertura judicial en los lugares con mayor congestión del aparato judicial en Colombia.

“Esta reforma permitirá acercar la justicia a los ciudadanos con la creación de la figura de juez itinerante que serán jueces y magistrados con capacidad de atender la demanda de justicia en los municipios con más congestión judicial”, explicó Wilson Ruiz.

Además, esta Ley trae consigo la creación de módulos completos de juzgados para la administración eficaz de justicia en los municipios más remotos del país.

“Trae la posibilidad de la creación de juzgados completos, (juez, fiscal, CTI, Defensor del Pueblo), en cada uno de los municipios del país, para que podamos tener justicia en todo el territorio nacional”, explicó el senador, Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente de la iniciativa legislativa.

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Reglamentación de la disciplina judicial

Por su parte el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Julio Sampedro, destacó que con esta ley quedó reglamentada la comisión de disciplina judicial para que pueda investigar y sancionar a los jueces cuando tengan alguna irregularidad en su función.

“Este proyecto fortalece la independencia y autonomía de la rama judicial y la dota de instrumentos jurídicos modernos para realizar su función en forma eficiente... En cuanto a la Comisión, este proyecto nos dota de instrumentos para realizar nuestras funciones de forma más eficiente y nos hace parte del gobierno de la Rama, es decir, de la Comisión Interinstitucional de la misma”, indicó Sampedro.

Equidad de género

Del mismo modo, la reforma a la justicia consagra que el 50% de las listas de elegibles para conformar las altas cortes, serán integradas por mujeres. Igualmente, consagra garantías para el acceso a los pagos de la rama por méritos.

Aumento presupuestal

Finalmente, este proyecto de reforma señala que el sector judicial en el país tendrá una destinación del 3% del presupuesto General de la Nación.

“Este es un gran logro que permitirá mejorar y modernizar todo el aparato de justicia y dar garantías a los prestadores de la misma”, puntualizó el Ministro de Justicia.

Precisamente, este fue uno de los puntos más criticados por un sector del uribismo al considerar que el proyecto aprueba trasladar un presupuesto de $3 billones al sector de la justicia, lo cual aumenta su tamaño, en momento en que el país requiere de mayor inversión para enfrentar la pandemia del coronavirus, tal y como lo expresó la senadora Paloma Valencia.

“Subir el presupuesto a la justicia en tres billones a la justicia es un despropósito, creando nuevos cargos en todas las entidades de la justicia”, señaló Valencia.

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Exclusión del ‘mico’

Así mismo, el coordinador ponente Miguel Ángel Pinto, señaló que en el Senado se corrigió el artículo 67 del proyecto de ley abría las puertas para que un ciudadano con profesión diferente al derecho pudiera aspirar a ser juez o magistrado de la República, tal y como lo advirtió en su momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández.

Según Pinto Hernández, todo se debió a un error de redacción del artículo que daba a malas interpretaciones del mismo.

“El artículo fue aprobado en Cámara con una muy mala redacción que dejaba unas interpretaciones que no eran. Lo que se establece es que, para poder acceder a los cargos, es que las profesiones afines al derecho, los estudios realizados en área afines al derecho se puedan homologar como experiencia como se hace para cualquier cargo público. El requisito de ser abogado para ser juez o magistrado no se quitó. Sin embargo, dicha homologación de experiencia con carreras afines no se puede acreditar para aspirar a magistrados de las altas cortes”, acotó Miguel Ángel Pinto.

A conciliación y revisión de la Corte

Tras la aprobación del articulado por parte de la plenaria del Senado, ahora el proyecto de reforma a la justicia pasará a conciliación de Senado y Cámara. Dicha conciliación se deberá dar antes del 20 de junio próximo, fecha en la que se clausura el período de sesiones ordinarias en el Congreso de la República.

Una vez, las plenarias de Senado y Cámara aprueben la conciliación, el texto final de la reforma a la justicia, por tratarse de un proyecto de reforma a una Ley Estatutaria pasará a revisión de la Corte para control constitucional.

Si la iniciativa es declarada exequible por la Corte Constitucional, el proyecto pasará a sanción del presidente Iván Duque para que así entre en vigencia.

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Oscar Iván Rey

Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.

Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.

@oscarivanrey

orey@vanguardia.com

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