Con mayor papeleo y jurados remanentes, pero aún sin la tecnificación necesaria del sistema electoral, CNE busca disminuir los delitos electorales en el país.
Las medidas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, para garantizar una mayor transparencia en las elecciones que se adelanten en el país, han sido bien recibidas en los distintos sectores políticos, pese a que se mantiene la crítica porque son normas básicas que debían existir de tiempo atrás, así como la inconformidad por el regreso al llamado ‘papeleo’.
Firma y huella
Entre las decisiones se revivió la obligación de los sufragantes a poner su huella y firma en el formulario E11, como requisito para poder ejercer el derecho al voto. Ahora, la Registraduría Nacional deberá incluir dos casillas más a dicho papel, luego de que el trámite había sido eliminado hace varios años para evitar tanto ‘papeleo’.
Esta decisión, según el presidente de la autoridad electoral, Heriberto Sanabria, se tomó con el fin de que en las elecciones se reduzca, principalmente, la suplantación de votantes, una de las acciones delictivas más frecuentes en los distintos comicios que se realizan en Colombia.
Para el exmagistrado del CNE Armando Novoa, el regreso de los nuevos requerimientos para las jornadas electorales sí garantizarían mayor transparencia en los comicios, en especial en los escenarios proclives a la trashumancia y a la suplantación de votantes.
Sin tecnificación
Sin embargo, considera que son medidas que desafortunadamente no están enmarcadas en un proceso de mayor tecnificación de la jornada electoral, como podría ser el aumento de la cobertura biométrica para la identificación digital de los ciudadanos, que en el país solo se aplica en ciertas zonas.
“La identificación biométrica permite identificarse con su huella. No era necesario devolvernos al papeleo, porque ahora usted tiene que firmar un formulario y tiene que poner la huella. Hace algunos años también se usaba la tinta indeleble como garantía de que el ciudadano no recurriera a prácticas indebidas en materia electoral, pero con la biometría se hubiese ahorrado este regreso”, añadió Novoa.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, coincide con Novoa en que estas medias podrán hacer unas elecciones mucho más confiables y transparentes en términos de resultados, pero que se debe avanzar mucho más allá y lograr que en todo el territorio nacional exista la identificación biométrica e incluso, facial.
Según Barrios, el país aún sigue relegado en términos de avance tecnológico para las elecciones, porque estas medidas, que son básicas, se debieron haber retomado hace mucho tiempo. Sin embargo, asegura que el hecho de que se haya tomado la decisión de implementarlas ya es un avance.
“Hay municipios pequeños donde no hay control y solo tienen jurados de votación. A los jurados de votación hay que darles una ayuda para que realmente puedan controlar que los ciudadanos que se presentan a votar realmente sean ellos”, añadió Barrios.
La Directora de la MOE señala que es absolutamente absurdo que teniendo elecciones en promedio cada 15 días, Colombia esté alquilando todo el tiempo máquinas biométricas, que a aparte de que no son suficientes, les entrega a terceros la identificación de los colombianos.
Testigos remanentes
Otra importante medida que tomó el CNE fue la creación de los testigos remanentes, quienes podrán realizar el relevo de los titulares y cumplir las mismas funciones, en caso de que estos tengan inconvenientes para presentarse en la jornada electoral.
Las organizaciones políticas y de observación electoral deberán acreditar ante el organismo electoral las listas de sus testigos, para que se les emita una credencial digital, luego de que dichos nombres sean cruzados con el archivo nacional de identificación para evitar el ingreso de falsos testigos.
Para Barrios, esta es una medida que genera más confianza con las organizaciones políticas, pero también significa un mayor reto electoral para ellos, debido a que se tienen que organizar mucho mejor. “Estamos regresando a los estándares básicos de confiabilidad”, agrega.
Armando Novoa añade que el hecho de que los partidos participen en esos procesos de definición de los testigos es importante para los comicios, sin embargo, destaca que esta y las demás medidas quieren acabar con los delitos electorales, pero siguen enmarcadas en la lógica tradicional.
Así mismo, el CNE ordenó a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos y a los medios de comunicación, incluir el lenguaje de señas para la población con discapacidad auditiva, en todas las transmisiones y divulgaciones de contenido electoral, incluyendo pedagogía y difusión de ideas políticas que se pretendan publicar para las elecciones locales del próximo 27 de octubre.
La medida también aplicará para los discursos o actos que hagan los candidatos en plaza pública y presentación de sus propuestas, para las cuales tendrán que contar con un intérprete de Lengua de señas colombianas.
Tribunales regionales
En el proceso de rodear las elecciones de octubre próximo de toda la transparencia, el CNE, dispuso que la integración de 32 Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, con los cuales se identificarán posibles amenazas al proceso electoral y fiscalizar las actuaciones de los actores que intervienen en la contienda del 27 de octubre de 2019.
De acuerdo con el CNE, los tribunales además serán los encargados de velar por “las garantías de los procesos electorales y las relacionadas con la vigilancia, inspección y control sobre la Organización Electoral y demás funcionarios públicos”.
Finalmente, el organismo electoral precisó que estos tribunales funcionarán desde el 15 de junio hasta el 15 de noviembre en todos los departamentos del país, incluyendo Bogotá.
Elecciones sin voto electrónico
Pese a estas nuevas normas, que pretenden mejorar las garantías en las elecciones, el exmagistrado Novoa señala que la pregunta que sigue de fondo es qué pasa con el voto electrónico, que pese a que hay una ley que ordena su implementación desde 2004, todavía ninguna autoridad ha tomado la decisión de hacerlo.
“Aquí desafortunadamente los registradores, sucesivamente, no han sido muy amigos de la implementación de ese sistema que está consagrado en la ley”, añade Novoa.
