La actual Secretaria de Cultura de Santander, quien está encargada del Instituto de Recreación y Deportes, nombró a su concuñada como su asistente, con sueldo de $4 millones, a pesar de no tener el perfil ni cumplir con los requisitos para el cargo.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Luego de la renuncia del exdirector del Instituto de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, Pedro Belén Carrillo, solicitada públicamente por el gobernador Mauricio Aguilar, en medio del escándalo por presuntos sobrecostos e irregularidades en un contrato para la compra de raquetas de tenis que resultaron costando a 3 millones cada una, entre otros implementos deportivos, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, designó a Mery luz Hernández López, actual secretaria de Cultura y Turismo departamental, como directora encargada del instituto de deportes.
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Con el poder conferido por el mandatario departamental, la directora (e) del Indersantander firmó el pasado 16 de enero el contrato de prestación de servicios 12 de 2023 con María Delcis Rodríguez de Aguirre (quien es esposa de su cuñado), para que sea su asistente en el Instituto de Recreación, contratación por valor de $15 millones para ser ejecutado en cuatro meses. Es decir, honorarios de cuatro millones mensuales.
Esta no es la primera vez que Mery Luz Hernández entrega contratos a su familiar. En las vigencias 2021 y 2022, Rodríguez de Aguirre firmó tres contratos de prestación de servicios con la Secretaría de Turismo departamental, en los que Hernández fungió como su jefe directa y supervisora. Los tres contratos tuvieron un valor de $49 millones.
¿Sin el perfil?
Al aparente nepotismo por parte de la directora (e) del Indersantander también se le suma que la hoja de vida de María Delcis Rodríguez no cumpliría con el perfil profesional para cumplir el objeto contractual de “prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas y de protocolo de la dirección general del Indersantander”.
Según los documentos del contrato, Rodríguez de Aguirre tiene un título universitario como tecnóloga en regencia de farmacia, carrera afín al área de salud, que no tiene nada que ver con la asistencia administrativa como lo demanda el contrato 12 de 2023 del Indersantander.
De hecho, la única certificación en el sector administrativo adjuntada por María Delcis Rodríguez para acreditar la experiencia en este proceso, fue los tres contratos que ejecutó para su concuñada en la Secretaría de Cultura y una certificación tecnológica del Sena como operador básico de sistemas.
Para el abogado Gerardo Martínez el contrato 12 de 2023 del Indersantander tiene varios vicios en su concepción.
“Puede que ante la ley la directora encargada del Indersantander no esté incurriendo en ninguna irregularidad al contratar a su concuñada, ya que no alcanza ese grado de consanguinidad, pero otra cosa muy diferente es contratar a alguien que no tiene el perfil para ejecutar el contrato. ¿Cómo así que contrató a un regente para que sea asistente administrativo? Eso no tiene presentación y va en contra de la norma”, asegura el experto.
Esta redacción intentó comunicarse con Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura y Turismo, y encargada del Indersantander, pero no hubo respuesta por parte de la funcionaria.
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‘Carrusel’ de contratos
Este no es el único proceso cuestionado en el Indersantander, en la administración del gobernador Mauricio Aguilar.
El año pasado la Unidad Investigativa de Vanguardia reveló como en la vigencia 2022 la entidad, en ese momento dirigida por Pedro Carrillo, suscribió cinco contratos por más de $2.700 millones, en el mismo año, con corporaciones de dudosa idoneidad.
El más sonado fue el de la firma del contrato 341 del 2022, mediante el cual el Instituto Departamental de Recreación y Deportes pagó casi $500 millones a una corporación agropecuaria del Chocó para adquirir, entre otros implementos deportivos, raquetas de tenis cuyo valor unitario superó los $3.8 millones, casi tres veces lo que cuesta la raqueta con la que juega el varias veces número uno del mundo, Rafael Nadal, y pelotas de tenis a $280 mil, valor que solo se podría comparar con las que se usan en el prestigioso torneo de Wimbledon.
Según pudo comprobar Vanguardia, Sotea (el contratista), habría presentado certificaciones presuntamente adulteradas o inexistentes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, y en los archivos físicos de las alcaldías que aparecen validando la experiencia en el sector del deporte y la recreación presentadas en el proceso, y así poderse adjudicar el millonario contrato.
