viernes 14 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Polémica por propuesta de crear la secretaría del PAE Santander

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Gran suspicacia suscitó la propuesta del secretario de educación de Santander, Cristhian Rey, de crear una dependencia dedicada única y exclusivamente para tratar los temas relacionados con el Programa de Alimentación Escolar, PAE departamental.

Según el funcionario, las funciones de la Secretaría de Educación van más allá del PAE, por lo que propuso no descartar la posibilidad de crear la secretaría del Programa de Alimentación Escolar.

“Nosotros no tenemos ningún interés en manejar PAE, pero eso lo tiene que generar ustedes (Asamblea), que podamos crear una oficina o una Secretaría dedicada única y exclusivamente al tema PAE. Si se firma un proyecto para crear una oficina del PAE, bienvenido, nos quitarían a nosotros un gran peso de encima de responsabilidad frente al programa, no de responsabilidad frente a los niños”, señaló el Secretario de Educación durante su intervención en el debate de control político en la Asamblea.

La propuesta del jefe de la cartera de Educación departamental fue criticada por el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra, quien cuestionó la capacidad de Cristhian Rey para manejar la Secretaría.

“El Secretario de Educación vino a la Asamblea a proponer que debería existir una Secretaría específica para el PAE, porque para él es mucha carga lidiar con el PAE y los demás temas de la Secretaría. Le proponemos que para evitarnos tanta burocracia más bien el gobernador, Mauricio Aguilar, nombre un secretario que se sienta capaz”, indicó el diputado Ferley Sierra.

¿Incapacitado para sancionar?

Así mismo, el jefe de la cartera de Educación de Santander fue fuertemente criticado por aseverar ante la Asamblea departamental que dentro de sus funciones como Secretario de Educación no se encuentra establecido la de sancionar a los operadores que incumplían con el PAE.

“La sanción en nuestro medio tiene un debido proceso y yo le he dicho aquí a los jurídicos que cualquier anomalía de los operadores, de las interventorías que nos llegue, pasar la observación a la Cámara de Comercio y que se inicie las sanciones. Eso no significa que yo voy a sancionar, porque yo no soy nadie para sancionar, pero colocar los elementos, que el ordenador vea que es en serio que se está haciendo”, aseveró Rey.

Según el Comité de Transparencia por Santander, las declaraciones del funcionario van en contra de la Ley.

“Se equivoca el secretario de educación departamental al declarar la imposibilidad para sancionar a un contratista incumplido. La Ley determina taxativamente la facultad de las entidades públicas para imponer sanciones, multas, declarar incumplimiento y cuantificar perjuicios, en materia contractual. De tal manera, es importante que el mandatario, comprenda esta norma y tenga pleno conocimiento de las potestades con las que cuenta legalmente para garantizar el óptimo cumplimiento del contrato de alimentación escolar, tomando en cuenta la importancia de asegurar que los niños reciban alimentos de calidad, en buenas condiciones sanitarias y en las porciones adecuadas”, acotó Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia.

Auditorías contradictorias

Otra de las controversias surtidas en el debate de control político al PAE surgió por cuenta del informe de auditorías realizado por la Contraloría General de Santander a la ejecución del Programa para las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Según el informe del ente de control fiscal, en los tres últimos años solo se encontraron 20 hallazgos administrativos y 2 hallazgos disciplinarios, por temas relacionados con el PAE Santander.

El resultado de las auditorías de la Contraloría va en contravía a otros procesos investigativos como los de la Fiscalía General, que por las presuntas irregularidades en la contratación y operación del PAE Santander de la vigencia 2016 ya logró la condena de dos contratistas y actualmente tiene abiertos procesos penales contra cuatro personas más, incluyendo al exgobernador Didier Tavera.

Actualmente la Gobernación de Santander adelanta el proceso licitatorio para contratar los 150 días restantes del calendario escolar. El contrato cuesta $76 mil millones.
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