lunes 01 de junio de 2020 - 12:00 AM

Proyecto de Ley de ‘borrón y cuenta nueva’ también aplicará para los campesinos del país

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Los campesinos y pequeños productores agropecuarios que cuenten con algún tipo de castigo financiero por el no pago de sus obligaciones, podrán recuperar su vida crediticia una vez cancele su deuda con el banco.

Así quedó estipulado en el proyecto de Ley de ‘borrón y cuenta nueva’ que se encuentra actualmente en etapa de conciliación en el Congreso antes de ser sancionada por el Presidente de la República.

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“Se modificó el artículo 8 de la Ley de ‘borrón y cuenta nueva’ para que los pequeños productores, jóvenes y mujeres rurales, y las víctimas del conflicto armado que hayan estado en morosidad y que al momento de pagar su deuda automáticamente le sea borrado su saldo negativo”, señaló el representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.

Según el autor de la proposición, con esta modificación los campesinos que cancelen el total de su deuda inmediatamente recupera su vida crediticia por lo que podrán acceder a nuevos préstamos financieros con cualquier entidad bancaria si así lo requiere.

“Tendrán acceso inmediato al crédito. Pueden tener la oportunidad nuevamente de hacer una solicitud ante cualquier entidad financiera para buscar mejores tasas de interés, asegurar mejor el manejo de sus recursos pero sobre todo seguir reactivando el campo colombiano”, agregó Ballesteros.

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En conciliación

A un paso de ser Ley de la República quedó la semana pasada el proyecto por medio del cual los colombianos que tienen deudas en mora en el sistema financiero podrán acceder a una amnistía, con lo cual les podrá permitir salir de las listas negras. La misma por tener textos diferentes con el Senado le corresponderá ser conciliados.

La ley de habeas data o ‘borrón y cuenta nueva’, como se le conoce, fue discutida, por segundo día consecutivo, por la plenaria de la Cámara, en donde se aprobó que esa amnistía será por un año y no por seis meses como se había aprobado en el Senado. La norma además beneficiará a quienes ya habían pagado sus deudas con anterioridad a la ley. La ampliación del tiempo de la amnistía se dio como una ayuda a los colombianos que se han visto afectados en sus ingresos y respectivos pagos con el sistema financiero por el coronavirus.

Dentro de esta amnistía se hace énfasis en los estudiantes que tengan créditos educativos con el Icetex. Quienes se pongan al día saldrán inmediatamente del reporte negativo. Si la persona tiene una deuda de bajo monto, es decir, menor al 15% del salario mínimo (menos de $131.670), recibirá dos comunicaciones antes de ser reportada negativamente. Así tendrá tiempo de pagar y evitar que la incluyan en las llamadas ‘listas negras’.

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Las disposiciones

Esta ley de habeas data es más amplia en sus beneficios a la que se aprobó hace doce años, cuando también el Congreso había dado una amnistía, la cual como ahora también tuvo la oposición del sistema financiero.

Uno de los puntos más discutidos en la sesión fue el referente a cuánto tiempo deben quedar reportados en las listas, luego de la amnistía. En tal sentido, quedó que la permanencia será hasta de cuatro años. La norma fue planteada por el uribismo, acogida por la mayoría de los partidos entre ellos parte de la Alianza Verde, como también por el gobierno que pidió dejar ese tope de tiempo.

La ley determina que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los operadores de datos (las centrales de datos), tendrán tres meses para eliminar los reportes negativos de quienes sean titulares de obligaciones que hayan superado los diez años contados a partir de la fecha de reporte de incumplimiento informada por el usuario.

La norma determina que las fuentes de información deberán reportar al operador, como mínimo una vez al mes, las novedades acerca de los datos para que este los actualice en el menor tiempo posible.

Con respecto a la suplantación de la identidad de las personas, la ley especifica que la persona que haya sido víctima de esa situación puede presentar una solicitud por escrito al banco, establecimiento de comercio o empresa de telefonía móvil, indicando que le suplantaron, aportando los documentos que tenga de prueba. El establecimiento tiene un plazo de 15 días de estudiarlo y así se reporta a la Central de Riesgo que la persona ha sido víctima de suplantación. Se le deja la potestad a la persona de presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Un artículo más es el que obliga a las entidades financieras que tengan que justificar por qué niegan un crédito y que no puedan hacerlo con motivo exclusivo en el análisis del historial crediticio.

También en la ley se ordena hacer una educación para fortalecer la estrategia integral de educación económica y financiera en la población estudiantil.

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