martes 30 de noviembre de 2021 - 3:33 PM

¿Quién es Fredy Anaya Martínez, nuevo contralor de Santander?

Como político ha sido aliado de controvertidos dirigentes de la región, como empresario ha logrado amasar una fortuna a través de empresas que han obtenido millonarias licitaciones públicas en el sector de infraestructura, aguas y alcantarillado.
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Solo entre 2007 y 2014, se conoce de contratos por $68 mil millones con las empresas López Morales, Sayan y Proconam (estas cambiaron luego su razón social), del círculo familiar del nuevo contralor de Santander.

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Fredy Antonio Anaya Martínez, nuevo Contralor de Santander, elegido por la Asamblea Departamental con nueve votos a favor y siete en blanco, de los 16 diputados que integran la corporación, es un político y empresario santandereano fuertemente cuestionado desde varios sectores.

Nacido en el corregimiento Pangote, municipio de San Andrés, en Santander, es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y tiene varias especializaciones en Derecho y Finanzas.

Su influencia y poder político comenzó a crecer luego de su paso por la Corporación Autónoma por la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, donde ejerció por dos periodos consecutivos. Durante su gestión fue creada la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, entidad sobre la que históricamente ha tenido gran influencia, y desde donde se dice comenzó a crecer como empresario.

Tal y como lo ha advertido Vanguardia en varias ocasiones, desde su salida de la corporación ambiental, las empresas de la familia de Anaya Martínez se convirtieron en poderosos contratistas de los sectores de infraestructura, agua y alcantarillado. Solo entre 2007 y 2014, se conoce de contratos por $68 mil millones con las empresas López Morales, Sayan y Proconam (estas cambiaron luego su razón social), del círculo familiar del nuevo contralor de Santander.

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Sus cuestionamientos políticos

En política ha estado vinculado a personajes y sectores cuestionados de la región como el exsenador Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil y el clan de los Aguilar, encabezado por el exgobernador Hugo Heliodoro Aguilar. Ambos están condenados por parapolítica.

De origen conservador, militó en Opción Ciudadana, cuestionado movimiento fundado por Luis Alberto Gil, por el cual llegó a la Cámara de Representantes en 2015 como reemplazo de Ricardo Flórez, quien renunció a su curul.

Según el informe de ‘Candidatos cuestionados a alcaldías y gobernaciones de 2019’, realizado por la Fundación Paz & Reconciliación, Fredy Anaya fue un aliado del ‘Clan Tavera’ en Santander.

“Sus inicios en participación política se remontan a 2007, cuando intentó llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, con el apoyo de Bernabé Celis, pero se quemó. Lo intentó de nuevo en 2011 y tampoco logró llegar. Para 2014, fue candidato a la Cámara de Representantes por el partido Opción Ciudadana y no alcanzó a quedar por la cifra repartidora, aunque fungió como representante en reemplazo de Ricardo Flórez Rueda”, señala la investigación.

Además, fue contralor de Bucaramanga a finales de la década de los años 90. Es el esposo de la actual representante a la Cámara, del partido Liberal, Nubia López.

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Polémico empresario

Un reciente informe de Pares, evidencia cómo desde que fue director de la CDMB, Anaya habría convertido a la Empresa Pública de Alcantarillado, Empas, en un fortín burocrático y se habría beneficiado con la contratación pública a través de empresas familiares.

En 2015, a través de las páginas de Vanguardia, fue denunciado por un presunto carrusel de contratos, entre 2007 y 2014, que vinculaba a la Empas y al círculo cercano de Fredy Anaya. Ludwing Arley Anaya Méndez, director en ese entonces de la CDMB, y Humberto Prada González, gerente en ese entonces de la Empas presentaron una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, en donde advertían que la empresa de alcantarillado había suscrito contratos por una suma total de 68.000 millones de pesos con empresas en las que aparecían familiares de Anaya como representantes legales o socios.

Vanguardia publicó en su momento la relación de contratos suscritos por la Empas en esos siete años con las empresas López Morales y Cia, Sayan y Proconam. La primera fue creada en el 2003, mientras Anaya Martínez seguía al frente de la CDMB. Se trató de una sociedad en comandita, donde figuraban como comanditarios Nubia López Morales (esposa de Fredy Anaya, actual congresista), Andrés Felipe Anaya López (hijo de Fredy Anaya) y Santiago Nicolás Anaya López (otro hijo de Anaya).

En Sayan, por su parte, el representante legal era William Anaya Martínez.

El pasado 26 de noviembre, el periodista Daniel Coronell entregó más detalles en la W Radio del presunto entramado político y empresarial que habían con el que Anaya se habría beneficiado de la contratación pública.

Tal y como lo han publicado Vanguardia y otros medios como La Silla Vacía, algunas de estas empresas cambiaron de razón social y de representantes legales, pero siguen siendo cercanas a Anaya Martínez.

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1. Polo Construcciones SAS, por ejemplo, es la misma empresa que antes se llamó López Morales. Tiene como gerente al cuñado de Fredy Anaya, Pedro José Oróstegui, quien está casado con la hermana del virtualmente elegido contralor. Esta empresa ha recibido un poco más de 14.000 millones en contratos de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas).

2. Otra de las empresas de la familia del futuro contralor se llama Opin Operaciones Internacionales SAS. El representante legal es Wiliam Anaya, hermano de Fredy Anaya. El subgerente es Andrés Felipe Anaya López, hijo de Fredy Anaya y de la congresista Nubia López. Según investigación de Pares, esta empresa habría recibido otros 11.000 millones de pesos en contratos para alcantarillado y saneamiento básico.

3. Una empresa más de este próspero círculo se llama ELS Ingeniería SAS. El gerente es Edilso López, cuñado de William Anaya. También le tocaron 10.000 millones de pesos en contratos.

Hoy el político y empresario Fredy Anaya Martínez es el nuevo Contralor de Santander y desde algunos sectores cuestionan su idoneidad para ejercer la función del control fiscal a los entes territoriales, de los que él mismo es uno de los mayores contratistas.

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