Unidad Investigativa: El entramado de corrupción en la administración Aguilar

Richard Alfonso Aguilar Villa es señalado por las autoridades de haber liderado una sofisticada red de corrupción dedicada al direccionamiento de millonarios contratos de infraestructura, que se adjudicaron durante su administración, la mayoría de ellos continúan sin ser liquidados por problemas jurídicos.

Para tal fin, desde su llegada al poder Richard Aguilar nombró a su alrededor personas de su entera confianza con quienes llegó a conformar un complejo ‘staff’ de contratación integrado por más de 20 personas, entre funcionarios, asesores, contratistas y hasta familiares del exmandatario departamental, así como un ‘carrusel de facturas ficticias’, para poder llevar a cabo el direccionamiento de decenas procesos contractuales durante su administración.

La Unidad Investigativa de Vanguardia desglosa la red de corrupción y su modo de operación, que hoy tienen a Aguilar Villa tras las rejas a la espera de que la justicia defina su situación jurídica.

El ungido

Como es costumbre en el Clan Aguilar, una vez posesionado en su cargo como gobernador de Santander, Richard Alfonso comenzó a conformar su gabinete rodeado de las personas de su entera confianza o de la de su papá, el exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, quien también se encuentra privado de la libertad pagando una condena por ‘parapolítica’.

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Uno de los primeros nombramientos de Aguilar Villa, fue el del ingeniero Julián Libardo Jaramillo Díaz, quien sería la persona de confianza de Richard Aguilar para el direccionamiento de la contratación.

Jaramillo Díaz fue miembro principal del ‘Comité Asesor’, (un grupo creado por Aguilar Villa para tener injerencia en toda la contratación de la administración), en representación del exgobernador. Una vez desaparecido dicho comité, en octubre del 2013, Aguilar Villa lo nombró como Director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, cargo que fue creado ese mismo día por Aguilar Villa. Desde ahí, Jaramillo conformó su propio equipo para direccionar contratos de obras desde la administración departamental.

Julián Jaramillo, hijo de Libardo Jaramillo, procesado penalmente por temas de corrupción en el ‘Carrusel de contratos en el Imebú’, llegó a la administración de Aguilar Villa luego de vender su participación accionaria en las empresas Construmarca e Impregráficas a Milena García Quintero, esposa de Pedro Beltrán, socio de Julián Jaramillo. La relación comercial entre Jaramillo y Beltrán es tal, que incluso comparten oficina.

Pedro Beltrán Dulcey, es propietario de Procinco Ingenieros SAS, también representada legalmente por su esposa Milena García, empresa que hizo parte de la Unión Temporal Acueducto Landázuri. Unas semanas antes de ser nombrado en la Gobernación, Julián Jaramillo era representante legal de Procinco. Con su exsocio como la ‘mano derecha’ de Richard Aguilar en la administración departamental Procinco Ingenieros SAS, logró adjudicarse durante la administración de Richard Aguilar cuatro contratos por más de $7.300 millones.

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Orfa Milena García, esposa de Dulcey, fue la representante legal de la Unión Temporal Obra del Estadio 2013, consorcio de empresas, (con Procinco Ingenieros SAS como integrante mayoritaria), ejecutó un contrato para obras de mantenimiento del estadio Alfonso López, por valor $5.448 millones, (incluyendo adiciones) en la vigencia 2013.

Así mismo, Procinco, también se quedó con los contratos de interventoría, por valor de $705 millones, para el controvertido Banco de Maquinaria adquirido en su momento por la administración Aguilar Villa en medio de denuncias de sobrecostos y equipos de mala calidad. Además, Procinco Ingenieros SAS también realiza la interventoría de la fallida obra para la remodelación e incorporación de nuevas atracciones Parque del Agua en Barrancabermeja. El contrato de interventoría supera los $530 millones. Procinco Ingenieros SAS, también ejecutó dos contratos por más de $500 millones para realizar la interventoría a obras de infraestructura y electrificación rural en diferentes municipios del departamento.

Del mismo modo, María Fernanda Amaya Ríos, esposa de Julián Jaramillo es hermana de la esposa de Fernando Valderrama, uno de los dueños de Constructora Valderrama, la cual se quedó con millonarios contratos en la administración Aguilar Villa como el Tercer Carril y la vía San Gil – Charalá – Límites, que sumaron cerca de $300 mil millones. Además, Los hermanos Valderrama se adjudicaron otros contratos por más de $650 millones en el gobierno Aguilar.

Si bien en el reporte de la campaña de Richard Aguilar a la Gobernación en 2011 no se registra ningún aporte por parte de los hermanos Valderrama o alguna de sus empresas, varias fuentes cercanas al exgobernador reconocieron que los Valderrama sí habrían aportado e impulsado la candidatura de Aguilar Villa al Palacio Amarillo.

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Círculo cercano

Luego de nombrar a su hombre de confianza, Richard Aguilar prosiguió con la conformación de su gabinete. Nombrando asesora en temas de infraestructura a Claudia Toledo Bermúdez, quien desde su tierra natal Suaita, Santander, había logrado tener una estrecha relación con el Clan Aguilar. Su cercanía era tal que Hugo Aguilar Naranjo, papá de Richard Aguilar, es el padrino del matrimonio entre Claudia Toledo y Lenin Pardo. Toledo Bermúdez estuvo en la administración de Aguilar Naranjo como directora financiera de la Secretaría de Educación.

Otro de los primeros nombramientos de Aguilar Villa en su gabinete fue el de Javier Felipe Villamil Benavides, como asesor de despacho. Silvia Cristina Santos Vesga, esposa de Felipe Villamil, tiene una estrecha amistad con Mónica María Barrera Carreño, esposa de Hugo Aguilar.

Felipe Villamil, pasó de ser un instructor del Indersantander a convertirse en asesor de despacho de Aguilar Villa. Esta persona tendría injerencia en el direccionamiento de contratos en otras secretarías de la Gobernación, diferentes a las obras públicas que manejaba Jaramillo desde Infraestructura.

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Del mismo modo, en sus primeros días al frente de la Gobernación, Richard Aguilar nombró a Edwin Ballesteros Archila, (quien venía de ser el coordinador de su campaña a la Gobernación), como asesor de despacho en temas ambientales. Ballesteros Archila fue encargado en múltiples ocasiones como secretario de Hacienda, Planeación, Comunicaciones, Infraestructura y Educación. También, sirvió como alcalde encargado de Floridablanca por orden de Richard Aguilar. Edwin Ballesteros fue el principal promotor de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, empresa que posteriormente pasó a gerenciar una vez fue creada por la administración departamental.

Al frente de la Esant, Ballesteros Archila firmó varios contratos con Octavio Reyes, integrante de la Unión Temporal Reforzamiento del 2015 del estadio Alfonso López de Bucaramanga. A través de Ingream, firma propiedad de Reyes, la Esant le adjudicó varios contratos de consultoría por cerca de mil millones de pesos. Además la Empresa de Servicios Públicos, bajo la gerencia de Ballesteros Arhcila, contrató al propio Octavio Reyes como contratista de prestación de servicios de la entidad.

Días atrás Ballesteros Archila renunció a su curul como Representante a la Cámara tras las investigaciones penales que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia por las irregularidades contractuales cuando fungió como gerente de la Esant en la administración de Richard Aguilar.

Otro de los nombramientos del círculo íntimo de Aguilar Villa, tuvo que ver con la contratación de Raúl Eduardo Cardozo Navas, conocido como ‘lalo’ o ‘lalito’. La relación entre los Aguilar y los Cardozo nació en el periodo 2004 y 2007, cuando Hugo Aguilar era Gobernador y Raúl Cardozo Ordóñez, (tío de Cardozo Navas), era alcalde de Piedecuesta. En ese periodo Cardozo Navas fue nombrado, secretario de Planeación de Los Santos, Secretario de Infraestructura de Floridablanca.

Tras trabajar en la campaña de Aguilar Villa a la Gobernación en 2011, Raúl Cardozo fue nombrado gerente de la Empas, cargo desde el cual donde les adjudicó millonarios contratos a las empresas Construcciones Ocad SAS y Cahe Ltda, relacionadas con su tío, Raúl Cardozo, que en esa época era candidato al Senado de la República. En el contrato 1716 de 2015.

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Ocad SAS, es una de las empresas que hace parte del fallido contrato del acueducto de Vélez por más de $4 mil millones, también adjudicado por la administración Aguilar, pero desde la Esant, con Edwin Ballesteros a cargo.

Además, Aguilar Villa en sus primeros días como Gobernador nombró a Reinaldo Castillo Parra, como Director Técnico de Infraestructura, posteriormente, Castillo, fue nombrado secretario de Infraestructura en reemplazo de Claudia Toledo. Reinaldo Castillo es uno de los principales promotores de las campañas políticas del clan Aguilar, incluyendo la candidatura del actual gobernador Mauricio Aguilar.

Castillo es uno de los hombres de confianza del clan Aguilar, especialmente del exgobernador Hugo Aguilar. Reinaldo Castillo fue contratista de la Secretaría de Infraestructura en la administración de Aguilar Naranjo. Finalmente, a través de contratos de prestación de servicios, CPS, Richard Aguilar vinculó a la administración departamental al ingeniero civil, Carlos Andrés Páez Bayona, quien recibía órdenes directas de Claudia Toledo y Julián Jaramillo para el control y seguimiento de la parte técnica de los contratos y proyectos.

Páez Bayona es tan cercano al Clan Aguilar, que actualmente funge como director de proyectos de infraestructura en la administración de Mauricio Aguilar, (hermano de Richard Aguilar), cargo que era ocupado por Julián Jaramillo en la administración de Aguilar Villa.

“Comité de expertos”

Ya con su gabinete conformado, en julio del 2012, seis meses de su llegada al poder, Richard Aguilar, a través de la Resolución 9869, expidió el nuevo Manual de Contratación de la Gobernación de Santander, marco normativo dentro del cual creó el “Comité Asesor”, una estructura con súper poderes para gestionar, direccionar y adjudicar, los procesos contractuales que pretendía adelantar la administración de Aguilar Villa en sus cuatro años de gobierno.

Para tal fin, el exsenador designó a Julián Libardo Jaramillo, exasesor de despacho; Jairo Jaimes Yáñez, exsecretario General de la Gobernación y a Roberto Ardila Cañas, entonces jefe de la oficina Jurídica de la administración Aguilar, recomendado de Fernando, Ricardo y Mario Valderrama, Roberto era el abogado de los Valderrama.

Según el nuevo Manual de Contratación, dicho “Comité Asesor”, conformado por los tres hombres de confianza de Aguilar Villa, tenía todas las facultades para intervenir, conceptuar y controlar en todas las actividades y decisiones relativas a los procesos contractuales que desarrollara la administración departamental.

Aunque en un comienzo el “Comité Asesor” habría cumplido a cabalidad con su función de controlar y direccionar la contratación del departamento, tan solo un año después de su creación, el propio Aguilar Villa volvió a modificar el Manual de Funciones, eliminando dicho comité de asesores, debido a las discrepancias que se comenzaron a presentar entre los tres integrante del grupo de contratación, especialmente por las diferencias con el entonces jefe de la oficina Jurídica de la Gobernación, Roberto Ardila Cañas, quien se habría convertido en la ‘piedra en el zapato’ de los intereses de Julián Jaramillo y Aguilar Villa.

Así habría quedado en evidencia en las declaraciones que entregó el propio Ardila Cañas ante la Corte al reconocer que en múltiples ocasiones varios funcionarios de la administración Aguilar lo buscaron para pasar por alto los pliegos tipo que él y Carlos Mario Lopera, (exasesor externo), habían creado para la estandarización de los procesos contractuales de la Gobernación.

Aunque el exasesor jurídico no quiso revelar el nombre de los funcionarios de la administración Aguilar que se acercaron a su despacho para tratar de direccionar los procesos contractuales, sí que “lo intentaban, muchas personas intentaban, llegaban a tocar a mi puerta”, aseguró Roberto Ardila ante la Corte. Sobre su salida de la administración de Richard Aguilar, Ardila Cañas aseguró que todo se debía a la “politización” de su cargo.