Dos jóvenes fueron presentados como guerrilleros tras ser dados de baja en Santander. 20 años después, la JEP revela la verdad detrás del caso.
Publicado por: Nataly Bustos Rojas
El 10 de febrero de 2005, Didier Lasso Delgado, de 31 años, y Jimmy Alexander Ortiz Tavera, de 27 años, desaparecieron de Bucaramanga. Un día después, sus cuerpos fueron hallados en una vereda de Lebrija, Santander. Las autoridades informaron que se trató de la muerte de dos supuestos guerrilleros. Veinte años después, un proceso de justicia restaurativa permitió que se revelara la verdad.
Los homicidas rompieron un ‘pacto de silencio’. Narraron qué ocurrió y admitieron que se trató de un denominado ‘falso positivo’. Vanguardia reconstruyó su historia con sus familiares y las declaraciones de quienes admitieron cometer estos homicidios.
Una verdad que tardó más de 20 años
Los dos amigos se sentaron sobre el andén de la calle 28, entre las carreras 15 y 16, por la avenida Quebrada Seca de Bucaramanga. Con una botella de aguardiente, Didier y Jimmy decidieron que ese sería el lugar para continuar su tertulia del día. Esa tarde, la conversación fue interrumpida por un militar, vestido de civil, que inicialmente les ofreció dinero a cambio de hacer un trabajo. Ante la negativa de Didier y Jimmy, este sujeto los amedrentó con su arma e hizo que se subieran a un Renault 6.
El vehículo los trasladó hasta la vereda La Marta, en Lebrija, Santander. Allí, según reporta el expediente, fueron obligados a cambiar su calzado por botas pantaneras. Además, fueron torturados y, finalmente, recibieron impactos de arma de fuego que les quitaron la vida. Militares del Batallón Ricaurte de la Quinta Brigada del Ejército así lo admitieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Este expediente es el resultado de una exhaustiva labor de justicia restaurativa, en el marco de los procesos dialógicos llevados a cabo por la JEP, donde no se admite una verdad a medias y se confrontan las versiones de las víctimas acreditadas, los comparecientes sometidos a esta justicia y las investigaciones del despacho y la Fiscalía.
La frustración en medio del duelo
María Delgado terminó de leer el periódico Vanguardia Liberal desde su caseta de vendedora en la zona centro de Bucaramanga; fue por costumbre, pues vendía el impreso desde hacía tiempo y todas las mañanas lo leía. En la edición de ese 12 de febrero de 2005 se informaba sobre la trágica avalancha del río de Oro; entre otras noticias, se encontraba también el relato que anunciaba que habían “dado de baja” a dos guerrilleros en combate en la vereda La Marta, en Lebrija. Ella terminó su jornada de trabajo y regresó a casa llevando el periódico.
“Ese seguro está por allá haciéndose pasar por damnificado en Girón”, fue la respuesta que le dio María a su hija mayor cuando le preguntó por su hermano, que llevaba dos días sin regresar a su casa, ubicada en el barrio Chorreras de San Juan de Bucaramanga.
Para Inés Lucía Lasso Delgado, hermana mayor de Didier, era extraño que no hubiera regresado a casa. Su hermano tenía un trabajo en tipografía y lo había visto por última vez el jueves 10 de febrero de 2005, cuando ambos iban saliendo a sus labores, sobre la 1:30 de la tarde. Recuerda los detalles a la perfección: Didier vestía una bermuda color beige oscura, una camiseta y tenis. Inés relata la historia con una mirada fija en el ambiente, no porque no fuera capaz de mirar a los ojos, sino como quien busca perderse en sus palabras para encontrar la imagen del recuerdo.
Inés tenía 15 años de edad cuando Didier nació. Él llegó a ser el consentido del hogar. Ella no reconoce en qué momento inició su adicción a las drogas, pero la familia y, sobre todo, Inés, lo llevaban a centros de rehabilitación y fundaciones para ser tratado. A sus 31 años de edad, ya había pasado por varios procesos para mejorar su dependencia. Tenía un hijo.
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Pasaron los días y su familia, preocupada, empezó a buscarlo en las clínicas sin éxito alguno. Una hermana de Didier llegó desde Contratación, Santander, con la idea de que lo único que faltaba era buscarlo en la morgue. Con lágrimas y una voz entrecortada, Inés cuenta que fue la primera en reconocerlo y en dar la noticia a su mamá. Uno de los cuerpos registrados como NN era Didier Lasso Delgado.
María Delgado relacionó los hechos con la noticia que leyó en la página judicial de Vanguardia Liberal. Horas después, volvió a leer el impreso, esta vez no en su caseta, sino frente a una jueza del Batallón Ricaurte de la Quinta Brigada que le hacía preguntas sobre Didier para certificarlo como guerrillero. El dolor no fue lo único que la acompañó en su duelo; también lo hicieron el asombro y la frustración.
María sabía que su hijo no era guerrillero; su hermana Inés también lo sabía. Aun así, Inés respetó la decisión de su madre al no instaurar una denuncia. Ellas sabían que Didier no era guerrillero. Sin embargo, quedó en su corazón el sentimiento y el anhelo de que, algún día, se reivindicara el buen nombre de su hermano. Pasaron 20 años para que sucediera.
La búsqueda de justicia de una madre
Jimmy Alexander Ortiz Tavera creció en el barrio Don Bosco de Bucaramanga junto a sus hermanos: Jeny Sulay Colmenares Tavera, la mayor, y Ludvin Ortiz Tavera, el del medio. Se llevaban solo dos años de diferencia entre sí. Los tres se quedaban en casa, mientras su mamá, Alix María Tavera, rebuscaba el sustento del hogar en lo que saliera: lavar, planchar, servir de mesera.
Jimmy conoció las drogas desde los 14 años de edad. En su vida pasó por alrededor de cuatro centros de rehabilitación para tratar su excesivo consumo y estuvo dos meses en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, arrestado por tenencia de estupefacientes.
A sus 27 años, vivía con su pareja sentimental en el barrio San Rafael, ubicado al norte de Bucaramanga, y trabajaba junto a su hermano Ludvin en su empresa de muebles. La última vez que la familia compartió con Jimmy fue el 31 de diciembre de 2004. Su hermana Jeny cuenta que amaba la Navidad y que esa noche “bailaron hasta que se les paró el ombligo”.
Con la desaparición de Jimmy, se inició una búsqueda insaciable. Sus hermanos visitaron todos los patios de la Cárcel Modelo y, alrededor del 18 o 19 de febrero, llegaron hasta la sede de Medicina Legal. Ellos reconocieron el cuerpo. Con la muerte de Jimmy, se derrumbó la vida de Jeny, Ludvin y Alix. Lo enterraron el 22 de febrero de 2005, fecha que recuerdan perfectamente, pues era el cumpleaños de Jeny.
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El duelo de Alix fue el combustible para iniciar esa búsqueda de justicia; desde la muerte de su hijo menor, sus hermanos la describen como una “nómada”: iba de un lugar a otro buscando refugio y consuelo. La familia inició una recolección de firmas y documentos para demostrar que Jimmy no era guerrillero. Nunca hubo vergüenza: “la gente sabía quién era Jimmy”.
Sin embargo, llegó la impotencia frente a una institución contra la que no podían hacer mucho, pues su labor para reivindicar el honor de su familiar trajo consecuencias dolorosas: recibieron amenazas y Ludvin tuvo que dejar su trabajo en el barrio El Prado de Bucaramanga. Las amenazas no detuvieron a Alix; logró llenar más de siete hojas con firmas de personas que conocían a Jimmy, reunió documentos que certificaban su trabajo en fincas y recortes de prensa en los que guardaba la esperanza de que fueran algún día la prueba de que su hijo no era guerrillero.
Alix dedicó su vida a buscar la justicia para su hijo. En su camino, se unió a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde empatizó con otros casos y víctimas. Esa era su forma de sobrellevar el duelo, pero el dolor hizo una llaga en su salud. Empezó a padecer deterioro cognitivo progresivo; su hija Jeny tuvo que vender su casa en Piedecuesta para pagar el tratamiento y los cuidados de su madre. Alix murió de Alzheimer en 2019, a la edad aproximada de 68 años, sin encontrar justicia.
Víctimas y comparecientes con la verdad
El 27 de marzo de 2025, en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, las víctimas vieron por primera vez de frente al grupo de comparecientes, vestidos de blanco, entrando a la sala y sentándose frente a ellos.
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“Asesinaron a civiles engañados para la realización de actividades remuneradas legales o ilegales, con el objeto de presentarlas como bajas en combate”, declaró el magistrado.
Fue en esta audiencia, adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que Jeny, Ludvin e Inés, por fin, encontraron a quién pedirle respuestas sobre la muerte de sus familiares.
César Augusto Hernández, compareciente principal, quien contaba con mayor rango y grado operativo en los hechos, respondió a sus preguntas. “Estaban en el lugar equivocado cuando nosotros estábamos buscando”; fue una muerte por oportunidad: no habían sido ellos los fichados para ese día; solo salieron a buscar nuevas víctimas, pues las citadas para la supuesta oferta de trabajo no llegaron. En la audiencia pública se identificaron no solo a César, sino también a los otros seis comparecientes implicados.
A Inés se le corta la voz, se le eriza la piel, se toca los brazos, toma un hondo suspiro y recuerda lo que le dijo César mientras lloraba y le pedía perdón: “Su hermano no era un delincuente, yo lo secuestré, no empuñé el arma, pero era el comandante”.
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Hace tres años, Inés se acreditó como víctima e inició un proceso con la JEP en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Hoy agradece conocer cómo sucedieron los hechos, una realidad dolorosa, que para ella representa un cierre y las respuestas que estuvo buscando por más de 20 años.
En la audiencia pidió que se reivindicara el nombre y la dignidad de su hermano Didier Lasso Delgado; para finalmente, con la frente en alto y una mirada cargada de templanza, dirigirse al compareciente con estas palabras: “Yo lo perdono”.
Los comparecientes rompieron un ‘pacto de silencio’ que suscribieron hace 20 años. Contaron la verdad. Estos procesos adelantados por la justicia especial permiten que hoy Vanguardia, el mismo medio donde se publicó la versión de las autoridades hace 20 años que los señalaba de guerrilleros, ayude en la actualidad al esclarecimiento de la verdad, la construcción de la memoria y la reparación de la dignidad de las víctimas en Santander.
