La captura a las 17 personas involucradas en el proceso de adjudicación irregular de predios baldíos por parte del Incoder, en zona rural de Puerto Wilches, se dieron por parte del CTI en Barrancabermeja, Bucaramanga y Cali. Ninguno de los involucrados cumplía con los requisitos para que el Incoder les adjudicara predios.
Publicado por: SONIA LUZ SUÁREZ SALAZAR
En la tarde de ayer se cumplió la audiencia preliminar de las 17 personas capturadas por el CTI por adjudicación irregular de predios baldíos por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
En el caso está involucrado Guillermo Rangel Martínez, quien se desempeñaba como técnico del Incoder en junio de 2007, época en la que se dio la adjudicación de predios baldíos a 28 personas, en la vereda Caño Grande, corregimiento Vijagual (Puerto Wilches).
En el proceso también se incluyó a Hernando Londoño Acosta, subgerente de Adecuación de Tierras de la entidad.
Según las autoridades, los adjudicatarios no eran campesinos de la región ni tenían mínimo cinco años explotando los terrenos, las cuales son características imprescindibles para lograr la adjudicación de baldíos, de acuerdo con la Ley 160 de 1994, la cual reformó el Incoder.
Además, las tierras no era suelos aptos para agricultura o ganadería, sino que se trataba de humedales.
Los 28 particulares investigados en el caso están siendo procesados por varios delitos, entre ellos falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y prevaricato por acción. Estos dos últimos en calidad de determinadores.
Ayer, mientras los investigados eran trasladados desde la sede del CTI hasta el Palacio de Justicia, varios familiares trataron de impedir la labor de este y otros medios de comunicación locales, con agresiones verbales y físicas.
Los hechos
En junio de 2007 el Incoder emitió concepto favorable ante la solicitud de adjudicación de predios baldíos a 28 personas en la vereda Caño Grande, de Puerto Wilches.
Se adjudicaron 1.400 hectáreas, a pesar de que la extensión máxima de una unidad agrícola familiar es de 60 hectáreas, por lo que desde ese momento se habría configurado la primera irregularidad.
En junio de 2008 los adjudicatarios le vendieron las tierras a la empresa Palmeras Salinas S.A., la cual fue sancionada por la CAS luego de que se verificara que en el lugar se estaban realizando obras que atentaban contra el medio ambiente.
Dos años después, el 19 de julio de 2011, el Incoder revocó los 28 actos administrativos que oficializaron la adjudicación de predios baldíos.
