El Ministerio Público le abrió una investigación al Alcalde de Barrancabermeja por un contrato en el que, presuntamente, habría falsificado más de 3.000 identidades. La Contralora Municipal, quien dio el visto bueno a este convenio, también es investigada.
Publicado por: JULIA C. HURTADO ISAZA
La Procuraduría General de la Nación informó la apertura de una investigación contra el alcalde Darío Echeverri Serrano por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación suscrito desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio.
La investigación, tal y como lo señala el Ministerio Público, se fundamenta en un artículo de prensa publicado el pasado 23 de diciembre por el diario El Espectador titulado ‘Corrupción en Barrancabermeja: niños fantasma para cumplir un contrato’.
En él, se denuncia que el Ejecutivo canceló $ 1.100 millones en talleres para menores de edad, pero que “muchos no asistieron, sus teléfonos no existen o no los conocen donde supuestamente viven”.
Asimismo, que la Alcaldía de Barrancabermeja falsificó o usurpó las identidades de más de 3.000 menores de edad con la presunta venia de la contralora municipal, Oliva Olivella Guarín, encargada de darle el visto bueno al convenio luego de una auditoría express.
El artículo manifiesta que el pasado 22 de noviembre, un mes antes de ser publicado, “envió al alcalde Darío Echeverri Serrano un cuestionario detallado sobre 45 fraudes detectados. No respondió”.
Ayer, una vez conocida la apertura del proceso disciplinario, la Alcaldía de Barrancabermeja emitió el boletín de prensa No.006, en el que dice que el Ejecutivo estará presto para atender cualquier requerimiento al que haya lugar. De hecho, informó que “encomendó a un equipo de su gobierno para que atienda los requerimientos de la Procuraduría y demás órganos de control y vigilancia, en el sentido de entregar, explicar y dejar a disposición todo lo necesario y requerido para que se demuestre y se determine que todas las actuaciones administrativas y contractuales se realizaron de conformidad al ordenamiento jurídico”.
En dicho boletín, la Alcaldía reconoció la suscripción del convenio en cuestión, pero habló de un valor de $ 348.874.400 y no de los $ 1.100 millones que señala El Espectador.
Vanguardia Liberal consultó en el SECOP y confirmó que el valor es el mencionado por la Administración Municipal. En ese orden, intentó buscar con ella una respuesta sobre el porqué del sustancial desfase económico, pero no hubo más pronunciamientos oficiales.
La investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General también va encaminada a la exsecretaria de Desarrollo Económico y Social Genny Rocío Suárez Domínguez, sobre quién se entiende tácitamente que fue quien firmó el contrato.
Sin embargo, está firmado por la también exsecretaria de Desarrollo Económico y Social Jenny Ruidiaz Muñoz, antecesora de Suárez Domínguez.
La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja investiga disciplinariamente a la contralora Oliva Olivella Guarín quien, “al parecer, dio concepto favorable en una auditoría express practicada a dicho contrato”.
Contrato 0330 de 2016
La Alcaldía de Barrancabermeja señaló al 0330-16 como el contrato en cuestión que motivó el artículo publicado por El Espectador. Fue suscrito el 21 de abril de dicho año con la Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia, Fundesocol, por un valor de $ 348 millones, pero el escrito periodístico habla de $ 1.100 millones. Su objeto contractual fue el “fortalecimiento de la historia y la identidad cultural a través de la pintura, la música, cuentería, folclor y la fotografía en el municipio de Barrancabermeja”.
