Damnificados de la tragedia del 21 de octubre de 2018, cuando un alud de tierra mató a nueve personas, protestaron ayer para exigir al Estado cumplimiento a promesas de reubicación y vivienda digna.
Publicado por: Marcelo Ricardo Almario Chávez
Los sobrevivientes de la tragedia ambiental más mortal de toda la historia de Barrancabermeja ayer alzaron sus voces de protesta en contra de las que consideraron falsas promesas por parte de los gobiernos local, departamental y nacional; en el mismo sitio donde hace nueve meses un alud de tierra generado por un torrencial y prolongado aguacero sepultó a nueve personas en el asentamiento humano Altos de Bellavista.
En una mañana radiante de sol, totalmente opuesta a la oscura madrugada del 21 de octubre de 2018 en la que lo perdieron todo, se manifestaron reclamando al Estado los programas de reubicación y de vivienda, que incluso la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez prometio gestionar con el alto gobierno, el día que visitó la zona de la tragedia y se reunió en una complejo recreacional porteño con los damnificados, en total 37 familias.
Los incumplimientos del Gobierno, según ellos, obligaron a que varios hayan retornado al lugar donde el olor a muerte los levantó de sus camas aquella mañana de octubre.
En el mismo sitio donde cuatro casas fueron borradas de la faz de la tierra por el lodo que cayó de la ladera; y en el que murieron Jhon Freddy Porras, su esposa Marcela Meneses y sus hijos de 8 y 10; Gladys Pérez, de 53 años, sus hijos de 14 y 18 años, y sus nietos de 2 y 5 años; 17 ranchitos ya están construyendo los desencantados damnificados de la tragedia.
“Estamos pidiendo que nos cumplan lo que nos prometieron, nos dijeron que nos iban a reubicar, a dar subsidio para casa. Más de uno nos hemos regresado, porque dieron seis meses de arrendamiento, y no más, quedamos en la nada. Otra vez estoy construyendo acá, la encerré en lona, porque el trabajo no me da para meterle tablas o ladrillos, la tengo sin zinc, porque ya no tengo plata”, manifestó María Yesenia Ulloa, quien perdió en la tragedia a su madre, dos hermanos, y sus dos pequeños hijos.
Aseguraron que la Alcaldía les suministró el subsidio de arriendo durante seis meses, pero al acabarse la ayuda quedaron en la calle.
Por eso, después de afrontar un intento de desalojo el 20 de julio, en el que la Fuerza Pública tumbó cuatro de los ranchos que ya habían empezado a levantar en la zona de alto riesgo; y el corte del servicio de energía ayer por parte de funcionarios de la Electrificadora de Santander; anunciaron acciones jurídicas en contra del Estado, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barrancabermeja.
Acción de tutela
Manuel Camilo Ayala Sandoval, abogado de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, entidad que asesora a los damnificados de Altos de Bellavista, recordó que la Vicepresidenta de la República se comprometió a generar espacios de reubicación para las familias que se encuentran en la zona de riesgo, como también lo hizo quien en el momento de la tragedia fungía como alcaldesa encargada de Barrancabermeja, Elizabeth Lobo; e incluso el gobernador de Santander, Didier Tavera.
“Estos funcionarios señalaron que iban a adoptar unas medidas que les permitiera a estas familias una reubicación, y tener acceso a unos subsidios de vivienda. Han transcurrido nueve meses, y las familias que desalojaron voluntariamente este sector, engañados, hoy tenemos que decirlo con tristeza, por esos funcionarios que vinieron a prometer tantas cosas, lo único que les cumplieron, y a regañadientes fue lo del subsidio de arriendo de seis meses. Ahora estas familias están retornando, porque los gobiernos local, departamental y nacional no les ha cumplido, y esto es lamentable. Exigimos que el Estado, a través de sus instituciones, brinde a estas personas una vivienda digna”, manifestó Ayala Sandoval.
El abogado de Credhos indicó que se evalúa la posibilidad de instaurar acciones de tutela.
“Estamos buscando, a través de una ación de tutela, que un juez constitucional evalúe la situación, el material probatorio, el compromiso que hicieron de manera verbal con las comunidades, y con esto se pueda mirar si se pueda dar amparo constitucional a estas familias que hoy se encuentran en una situación precaria, y con esto comprometa a la Alcaldía, a la Gobernación y a la Presidencia de la República”, aseguró el defensor de Derechos Humanos.
