La crisis humanitaria en el Magdalena Medio se intensifica tras nuevos y graves enfrentamientos armados en el sur de Bolívar. Comunidades enteras han quedado atrapadas en medio del conflicto, generando desplazamientos forzados y temor generalizado entre la población.

Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) lanzó una nueva alerta sobre la situación humanitaria que se vive en la región del Magdalena Medio. Mediante comunicado, la ONG advirtió sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas.

Según Credhos, las comunidades rurales, son sometidas a constante de zozobra, amenazas, desplazamientos forzados, hostigamientos y ataques directos, en el marco de un conflicto que involucra a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y grupos armados residuales (post-Farc).

Uno de los focos más alarmantes de violencia se encuentra en la vereda La Posa del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, donde desde hace días se vienen registrando enfrentamientos entre actores armados ilegales.

“Las familias campesinas han tenido que desplazarse nuevamente, no solo por el temor a ser víctimas colaterales del fuego cruzado, sino también por las amenazas directas de los actores armados ilegales que buscan controlar el territorio y los recursos naturales de la región”, advierte Credhos en el comunicado.

Estos choques han generado desplazamientos de familias campesinas y limitaciones a la movilidad, así como el amedrentamiento constante a las comunidades.

“Se metieron al caserío y todos los días hay enfrentamientos, de día o noche, es una constante zozobra, se han metido a las fincas, han dañado lo que hay en ellas, y han desplazado a la comunidad. Otros no han podido salir por miedo a quedar entre el fuego cruzado”, expresó un habitante de la zona.

Ante esto, el coronel Jhon Jairo Roa Buitrago, expresó que la fuerza pública adelanta acciones para retornar el control de la zona. “En este sector se están dando confrontaciones entre grupos al margen de la ley y nuestro deber constitucional y de nuestras Fuerzas Militares es recuperar esos espacios”, precisó.

Los combates también se vienen presentando desde la tarde del pasado viernes en zona rural del municipio de San Pablo (sur de Bolívar).

Según la Defensoría del Pueblo, durante el 2025, el sur de Bolívar ha sido escenario de cuatro desplazamientos forzados masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.

La situación, según la Corporación, se torna aún más crítica con el asesinato del exconcejal de Puerto Wilches y líder comunitario Hemerson Reinel Pérez, ocurrido el pasado 2 de abril. Pérez, quien fue concejal en el periodo 2020–2023 y quien había denunciado actos de corrupción en la Administración Municipal.

El exconcejal también había sido blanco de amenazas desde 2020 por parte de las Águilas Negras y las Agc. Y según la denuncia, pesar de haber sido desplazado en dos ocasiones previas (2022 y 2023), regresó a Puerto Wilches en 2024 y fue amenazado nuevamente mediante un panfleto firmado presuntamente por un grupo post-Farc en marzo de 2025. Días después, fue asesinado.

“Es evidente la responsabilidad política e institucional por parte del Estado, pues existía información previa sobre los riesgos que enfrentaba Hemerson debido a su rol como denunciante de irregularidades administrativas y líder comunitario”, señaló Credhos.

La organización hace un llamado urgente a las autoridades para que articulen estrategias eficaces de protección para líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades rurales en riesgo. Credhos también insiste en la necesidad de que todos los actores armados ilegales respeten el DIH y cesen de inmediato las hostilidades contra la población civil.