Alcaldes y educadores de la provincia Yariguíes pidieron al Congreso y al Gobierno Nacional reglamentar con urgencia la reforma al SGP para garantizar recursos efectivos en educación, salud y agua potable.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
En el marco del Foro “Ley Orgánica de Distribución de Transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP)”, realizado el pasado fin de semana en Barrancabermeja, educadores, alcaldes y comunidades de la provincia de Yariguíes hicieron un llamado enfático para que la reglamentación de la reforma al SGP se concrete a través de la Ley Orgánica y la Ley de Competencias, de modo que los nuevos recursos se destinen de manera efectiva a educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
El Sistema General de Participaciones es el mecanismo mediante el cual la Nación transfiere parte de sus ingresos corrientes a las entidades territoriales. En diciembre de 2024 se aprobó la reforma constitucional al SGP, considerada la transformación más grande del Estado colombiano desde la Constitución del 91. La medida aumentó de manera sustancial los giros hacia las regiones, que pasarán del 20% al 40% del Presupuesto General de la Nación.
Sin embargo, su entrada en funcionamiento está condicionada a la aprobación de dos proyectos clave: la Ley Orgánica del SGP y la Ley de Competencias, la cual se encuentra en fase de diálogo social impulsada por el Gobierno Nacional y será radicada en el Congreso en los próximos meses.
“Este es el momento de la unidad de los territorios y de los movimientos sociales para garantizar que la Ley de Competencias asegure recursos reales para educación, salud, agua potable y saneamiento básico”, explicó Iván Lozada, asesor de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
En el encuentro se insistió en que la desfinanciación histórica de los últimos 20 años (calculada en más de 700 billones de pesos) ha mantenido a los municipios en precariedad. Según Lozada, los recortes al SGP significaron pérdidas cercanas a 350 billones de pesos solo en educación.
“Con esos recursos habríamos podido garantizar jornada única, alimentación escolar adecuada y mejorar la infraestructura de todas las sedes educativas del país. En cambio, la plata se destinó a deuda y programas asistenciales, dejando desfinanciados los derechos fundamentales”, afirmó.
La situación es más crítica en municipios pequeños, donde las transferencias nacionales representan la mayor parte del presupuesto. Óscar Sanmiguel, alcalde de San Vicente de Chucurí, explicó que “de los 650 millones que recibimos para educación, la mayoría se destina a cubrir los servicios públicos de 96 escuelas y 12 instituciones. Apenas nos quedan entre 80 y 100 millones de pesos para calidad. Es insuficiente y refleja la desigualdad entre lo urbano y lo rural”.
El mandatario agregó que el foro tuvo como propósito avanzar en la construcción de un documento conjunto en el que los sectores de la provincia de Yariguíes expongan al Gobierno sus principales necesidades. “Estamos elaborando un documento que presentaremos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional como estrategia para aumentar los recursos y priorizar las prioridades de la provincia”, señaló.
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En ese mismo sentido, varios participantes insistieron en que la Ley Orgánica y la Ley de Competencias deben reconocer las particularidades de cada territorio y priorizar a las comunidades más golpeadas por la pobreza y el conflicto armado.
Salud y agua en crisis
El foro también puso sobre la mesa la crisis de salud y la carencia de agua potable. Ana María Soleibe, presidenta de la Federación Médica Colombiana, explicó que la crisis de salud en el departamento es preocupante.
“Hemos vivido una crisis perpetua que se profundice a medida que las deudas de las EPS son más grandes y no les pagan a las clínicas, hospitales, proveedores y trabajadores de la salud y están condenando a que estas instituciones se cierren y no haya quien atienda a la población”, explicó.
Entre tanto, Mauricio Meza, representante de Acueductos Comunitarios, destacó que el panorama en esta área tampoco es alentador y que se requiere, de manera urgente, invertir en infraestructura que permita llevar el preciado líquido a las poblaciones donde aún no hay acceso al agua potable.
“La situación es grave. Vinimos a exigir al Gobierno el cumplimiento de las metas en materia de acueductos, porque de los 87 municipios existentes, 34 aún no cuentan con acceso al agua. Es urgente que la Ley de Transferencias y la Ley de Competencias se apliquen de manera efectiva para avanzar en la construcción de nuevos acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), evitando que nuestros ríos sigan convirtiéndose en cloacas. Lo que estamos denunciando es que la falta de agua potable se ha convertido en el principal transmisor de enfermedades, generando un grave problema de salud pública”, advirtió.
El Foro Provincial del SGP cerró con un llamado a que la reforma aprobada se convierta en un instrumento eficaz que asegure recursos reales para los territorios.
