Este miércoles 2 de septiembre se realizará una nueva audiencia en el proceso por el feminicidio de la médica barranqueña Yolsabeth Durán. La familia teme que una eventual apelación prolongue el caso hasta la prescripción.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
El próximo 22 de noviembre se cumplirán diez años del asesinato de la médica barranqueña Yolsabeth Durán Guzmán. Antes de que llegue esa fecha, sus familiares participarán en la audiencia en la que se conocerá el fallo condenatorio contra Diego Amaya Pérez, acusado por el feminicidio.
La diligencia se desarrollará de manera virtual, después de una decisión que los familiares esperaron durante casi una década. Sin embargo, el anuncio no les da tranquilidad completa, ya que la defensa anunció que apelará y, según la familia, una nueva demora en el trámite pone el proceso en riesgo de prescripción.
Los familiares compartieron con Vanguardia un resumen de los hechos y del recorrido que ha tenido el caso. Esta vez prefirieron no hablar públicamente.
“El proceso se encuentra ad portas de prescribir y si el Tribunal Superior de Bucaramanga continúa en la misma tónica de demorar más de cinco años para resolver un recurso, inexorablemente, la sentencia servirá solo para enmarcar, quedará solo como un dato estadístico y nuevamente la impunidad se impondrá sobre la justicia”, se lee en el documento.
El temor tiene como antecedente el tiempo que ya ha tomado el proceso. La familia recuerda que una de las actuaciones que llegó al Tribunal Superior de Bucaramanga tardó cinco años en resolverse y teme que una situación similar vuelva a presentarse si la defensa lleva la decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito a una segunda instancia.
Casi diez años del proceso judicial
La investigación por la muerte de Yolsalbeth comenzó pocos días después del crimen. El 25 de noviembre de 2016, Diego Amaya Pérez fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barrancabermeja. En esa primera actuación se legalizó el registro de allanamiento, se formuló imputación y se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por homicidio agravado. El procesado aceptó los cargos.
La decisión de llevar el caso como homicidio, y no como feminicidio, generó desde entonces la inconformidad de los familiares y de diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. En abril de 2017, cuando se produjo la primera condena, la juez no acogió la petición de tipificar el crimen como feminicidio y Amaya Pérez fue condenado por homicidio agravado.
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Esa sentencia fue apelada y el proceso terminó nuevamente en el Tribunal Superior de Bucaramanga. La corporación anuló la actuación del juzgado de conocimiento y el caso tuvo que retomarse. Según la familia, este proceso tardó cinco años.
“El Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, se demoró cinco años en resolver un recurso de apelación de nulidad presentado ante la juez por aprobar un allanamiento a cargos visiblemente nulo, al desconocer el dictamen de Medicina Legal que indicaba la forma cruel y aleve como le cegaron la vida a Yolsalbeth, típica de tortura”, se lee en el documento.
La nulidad abrió nuevamente el camino para que se discutiera la forma en que debía ser juzgado el crimen. El 19 de agosto de 2022, la Fiscalía adicionó la formulación de imputación contra Amaya Pérez por feminicidio agravado.
La nueva imputación incluyó la relación íntima con la víctima, el ciclo de violencia que habría antecedido al asesinato, actos de dominio sobre ella, la privación de su libertad y una agresión sexual previa a la muerte.
Pero la modificación de la acusación tampoco significó el final del proceso. En septiembre de ese mismo año, Amaya Pérez recuperó la libertad por vencimiento de términos, después de haber permanecido privado de la libertad durante más de cinco años sin que se definiera definitivamente su situación jurídica. Desde entonces, el proceso continuó con el acusado en libertad.
La familia asegura que el expediente siguió pasando por diferentes despachos judiciales de Barrancabermeja. En el documento compartido se cuestiona que algunos funcionarios se declararon impedidos para conocer el caso y se considera que esa situación terminó prolongando todavía más la espera.
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“Posteriormente, el proceso circuló por varios despachos judiciales de Barrancabermeja, quienes se declaraban impedidos para conocer del mismo, alegando diferentes causales, unas aceptables, otras traídas de los cabellos, situación que claramente jugaba en contra de las víctimas, pues, en vez de encontrar justicia, encontraban desidia y desinterés en resolver prontamente el problema jurídico”, se advierte en el documento.
Finalmente, el expediente llegó al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barrancabermeja. La familia destaca el trabajo de ese despacho y considera que allí el proceso avanzó con mayor rapidez. El 12 de agosto de 2026, el juzgado anunció sentido de fallo condenatorio contra Amaya Pérez por feminicidio agravado.
Lo que sigue ahora es la audiencia de fallo condenatorio, programada para este miércoles. Sin embargo, la defensa anunció que apelará y esa eventual segunda instancia es la que ahora vuelve a poner el tiempo en el centro de la preocupación familiar.
La noche en que asesinaron a Yolsabeth
El asesinato de Yolsabeth Polennes Durán Guzmán horrorizó a Barrancabermeja. La médica, de 24 años, fue asesinada el 22 de noviembre de 2016, en hechos por los que fue señalado Diego Armando Amaya Pérez, quien para entonces sostenía una relación sentimental con ella.
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La familia de la joven contó que esa relación estuvo marcada durante los meses anteriores por “un patrón reiterado de violencia física, verbal, psicológica y sexual”. Los familiares aseguran que desde agosto de ese año se presentaron insultos, amenazas, celos y comportamientos de control.
Según las investigaciones del caso, la noche del crimen, entre las 6:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, Yolsabeth fue golpeada dentro de un vehículo de placas RAZ-739. Los golpes en la cabeza, el rostro, el tórax y las extremidades le hicieron perder el conocimiento. Después fue trasladada hasta una vivienda del barrio Miraflores, donde continuó la agresión.
La necropsia estableció que murió por asfixia mecánica por sofocación y que había sufrido una agresión sexual antes de su muerte. Luego, su cuerpo fue envuelto con cinta adhesiva y enterrado en una fosa excavada en el patio de la vivienda.
Tres días después, Amaya Pérez fue presentado ante la justicia. La Fiscalía le imputó homicidio agravado y él aceptó los cargos.
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Hoy, a menos de tres meses de que se cumpla una década del crimen, la familia sigue reclamando, a gritos, que se condene al responsable, que no haya impunidad y se haga justicia.
