En el municipio hay inscritas 106 organizaciones, pero 86 tendrían al día la reglamentación y las actas administrativas que respaldan su representación comunal ante la administración municipal.
Publicado por: Jorge Rios
El domingo 26 de abril de 2026 están previstas en el país las elecciones para la conformación de las mesas directivas de las juntas de acción comunal (JAC). En San Gil, uno de los principales retos es que las 106 organizaciones inscritas lleguen al proceso con su documentación en regla.
Según el balance entregado por la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio, de las 106 organizaciones inscritas, 86 cuentan con la reglamentación y las actas administrativas necesarias para acreditar su representación comunal ante la administración municipal.
Mónica Guerrero, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, señaló que en la mayoría de los casos este proceso no se ha concretado por desinterés de algunos comunales, lo que debilita el trabajo que se adelanta desde los barrios.
De acuerdo con Guerrero, esta situación también abre un problema institucional: la administración municipal habría entregado insumos a juntas que no estarían legalmente constituidas, lo que, a su juicio, podría contrariar la normatividad y afectar la unidad necesaria para adelantar un trabajo conjunto, al margen de sesgos políticos.
En cuanto al avance de la formalización, la dirigente comunal aseguró que el mayor nivel de cumplimiento lo registran las juntas de las zonas rurales: de 37 existentes, 34 tendrían sus mesas directivas con los actos administrativos y la documentación al día.
¿Cómo van los convenios solidarios con la alcaldía?
Guerrero afirmó que, hasta ahora, con la actual administración municipal el trabajo no ha sido fluido y que son pocos los procesos que han llegado a feliz término, especialmente en el sector urbano.
Por su parte, Juan Gabriel González, secretario de Infraestructura y Control Urbano del municipio, despacho que realiza la supervisión a los convenios solidarios, indicó que en 2025 se adelantaron seis procesos para la construcción de placas huella en igual número de veredas.
El funcionario explicó que estos convenios han permitido un uso más eficiente de los recursos y un mayor alcance: en cada sector, dijo, el promedio de intervención era de 70 metros y se incrementó aproximadamente en un 15 % gracias a los aportes de las comunidades.
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A su vez, Diana Martínez, secretaria de Planeación del municipio —dependencia desde donde se estructuran los convenios—, señaló que entre 2024, 2025 y lo corrido de 2026 se han firmado 13 convenios, todos en zonas rurales.
Martínez añadió que con las juntas urbanas se han presentado varios retos para sacar adelante estos trabajos: organizaciones con procesos de funcionamiento incompletos, falta de nombramiento de algunos cargos, documentos pendientes y, en ocasiones, la negativa a realizar aportes comunitarios.
El tiempo corre
En este panorama, las nuevas elecciones comunales representan un reto adicional. Entre las tareas pendientes está la conformación del tribunal de garantías, que, según el calendario nacional, debe quedar listo a más tardar el 26 de marzo de 2026.
Guerrero indicó que, previo a ese paso, los presidentes y sus equipos deben depurar los libros de afiliados y organizar la documentación pendiente.
“Si esto no se cumple, es probable que, una vez llegue la elección del 26 de abril, muchas juntas vuelvan a quedar sin respaldo documental al día y, en el peor de los escenarios, podrían quedar en riesgo de perder su personería jurídica”, advirtió.
