Santander se ubicó como el quinto departamento del país con más asesinatos de personas LGBTIQ+ durante 2025. Detrás de los 11 homicidios documentados por Caribe Afirmativo hay una cadena de violencias que empieza mucho antes de la muerte.
Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
La noche del 13 de enero de 2025, Diany Ruiz fue atacado a tiros en Barrancabermeja. Era un hombre trans, hacía parte de la Fundación Magdalena Diversa y se encontraba en el establecimiento comercial Ibiza, en el barrio Villarelis Tercera Etapa, comuna 7, cuando fue interceptado por hombres que se movilizaban en motocicleta. Fue trasladado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas.
Su asesinato ocurrió cuando el año apenas comenzaba. Para Caribe Afirmativo, fue el sexto homicidio de una persona LGBTIQ+ registrado en Colombia en los primeros 14 días de 2025. La organización pidió que el caso fuera investigado con perspectiva de derechos humanos, teniendo en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
El crimen de Diany no puede leerse como un hecho aislado. En el Magdalena Medio santandereano, su muerte puso rostro a una violencia que, según el más reciente informe de Caribe Afirmativo, se expandió durante 2025 y golpeó con especial fuerza a personas trans, hombres gais, mujeres lesbianas, personas bisexuales y liderazgos diversos.
Para Diego Ruiz, director de Conpazes, ONG defensora de los derechos de la población LGBTIQ+ en Santander, el caso también dejó al descubierto otra forma de violencia: la invisibilización de la identidad de género de las víctimas, incluso después de su muerte.
“En ese momento lo denunció Magdalena Diversa y también lo replicó Caribe Afirmativo, solicitando que se agilizara la investigación para determinar no solo por qué sucedió el crimen, sino para capturar a los responsables. Pero también pasó algo muy particular: algunos medios no le reconocieron su identidad de género. Eso también lo denunciamos, porque no reconocer la identidad de una persona trans también es una forma de violencia”, señaló Ruiz.
El informe de Caribe Afirmativo, titulado Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+, advierte que en Colombia una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 32 horas durante 2025. En total, la organización documentó 270 homicidios y feminicidios de personas LGBTIQ+ en el país.
La cifra es devastadora, pero los asesinatos son apenas el punto más visible de una cadena más larga. Antes de la muerte suele haber discriminación cotidiana, expulsión familiar, violencia sexual, amenazas, agresiones digitales, barreras para denunciar y una institucionalidad que llega tarde o no llega.
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, el informe revela dos problemas estructurales: el deterioro de la vida digna de las personas LGBTIQ+ y el colapso de la respuesta estatal para prevenir, atender e investigar estas violencias.
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“Tenemos una desmejora de la calidad de vida de las personas LGBTIQ+, es decir, un aumento de violencia, y de otro lado tenemos un colapso por parte de la respuesta del Estado. El sistema que tiene el Estado para atender tanto la prevención como la investigación de estas violencias no está funcionando”, señaló Castañeda.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, durante 2025 se documentaron 2.927 hechos de violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia. Entre ellos hubo 108 casos de violencia policial o por parte de integrantes de la Fuerza Pública, 17 desapariciones forzadas, 10 casos de trata de personas, tres casos de reclutamiento forzado, 628 delitos sexuales, 360 actos discriminatorios y 270 homicidios y feminicidios.
La forma de violencia más recurrente fue la intrafamiliar, con 1.531 casos. Este dato obliga a mirar más allá de la calle. Para muchas personas LGBTIQ+, el primer lugar de expulsión, corrección o castigo sigue siendo el hogar.
“Este es un Estado que en teoría garantiza los derechos de las personas LGBTIQ+, pero aquí hay 2.927 casos que dan cuenta de que es un ejercicio fallido”, afirmó Castañeda.
Diego Ruiz coincide con ese diagnóstico. Para el director de Conpazes, las cifras no solo muestran un aumento de casos, sino una falla estructural para prevenir, atender y registrar las violencias que afectan a personas LGBTIQ+, especialmente a niños, niñas, adolescentes y personas trans.
“No existen herramientas por parte de ninguna institución donde verdaderamente se puedan generar acciones de prevención. Y cuando la violencia llega, tampoco existen escenarios que permitan sistematizar de manera correcta esa violencia”, afirmó.
Santander, un epicentro de preocupación
Aunque Santander no alcanza las cifras más críticas de Antioquia o Valle del Cauca, el informe sí lo ubica como un territorio de alta preocupación dentro del mapa nacional de violencias por prejuicio.
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“Santander es un departamento que se ha convertido en un epicentro de violencia contra personas LGBTIQ+ en todo el oriente del país. Después de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca o Bogotá, suele aparecer Santander, por supuesto con diferencias notables, pero es preocupante”, explicó Castañeda.
Durante 2025, Caribe Afirmativo documentó 11 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Santander. Con esa cifra, el departamento quedó en el quinto lugar nacional, después de Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y Bolívar. Además, se consolidó como el departamento del oriente colombiano con mayor número de asesinatos contra personas sexo-género diversas.
Pero los homicidios son apenas la expresión más extrema. En Santander también se registraron casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, amenazas, violencia digital, discriminación y restricciones al uso del espacio público.
Desde Conpazes, Ruiz advierte que los últimos dos años han sido particularmente duros para la población LGBTIQ+ en Bucaramanga y su área metropolitana. A su juicio, 2024 y 2025 marcaron un deterioro evidente de las condiciones de seguridad, especialmente para mujeres trans en zonas del centro de la ciudad.
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“2024 y 2025 fueron años muy violentos para la población LGBTIQ+ aquí en Bucaramanga. Pero 2025 empezó de una manera muy pesada, principalmente para la población trans en la zona centro, donde empezamos a identificar un mayor número de chicas vinculadas al consumo de basuco y también expuestas a redes de narcotráfico y microtráfico”, sostuvo.
El informe reportó 72 casos de violencia intrafamiliar contra personas LGBTIQ+ en Santander. Desde una mirada de género, este dato es clave: muestra que el prejuicio no solo opera en escenarios públicos, sino también en el espacio íntimo. Muchas personas enfrentan violencias dentro de sus casas por romper expectativas familiares sobre la heterosexualidad, la identidad de género, la expresión corporal o los mandatos tradicionales sobre lo masculino y lo femenino.
Ruiz señala que esa violencia intrafamiliar se conecta con otros factores: la ausencia de respuestas institucionales, la falta de rutas claras para denunciar y el crecimiento de discursos que validan el rechazo hacia las personas sexo-género diversas.
“Yo concuerdo con lo que dice el informe frente al aumento de las violencias intrafamiliares y frente a la carencia del Estado para brindar acciones que permitan reducir la violencia dirigida contra las personas LGBTIQ+, principalmente contra niños, niñas y adolescentes”, afirmó.
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Amenazas, delitos sexuales y odio digital
Santander también aparece entre los departamentos con cifras relevantes de delitos sexuales contra personas LGBTIQ+. El informe registró 32 casos en el departamento y advierte que este tipo de violencia no debe interpretarse únicamente como delito sexual, sino también como violencia por prejuicio.
En estos casos, el cuerpo se convierte en un campo de control. Las agresiones sexuales pueden funcionar como formas de castigo, humillación o corrección frente a identidades, orientaciones sexuales y expresiones de género que desafían la norma heterosexual y cisgénero.
Para Ruiz, las violencias sexuales conocidas en Santander durante el último año también evidencian la fragilidad de las rutas de protección, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad o personas jóvenes.
“También se dieron situaciones de violencia sexual contra menores en municipios del área metropolitana, donde varias personas salieron a mencionar que habían sido víctimas. Eso demuestra que no estamos hablando de hechos aislados, sino de escenarios donde la violencia se repite y no siempre encuentra una respuesta oportuna”, señaló.
Otro de los hallazgos graves del informe tiene que ver con las amenazas. En Colombia, 1.184 personas LGBTIQ+ fueron víctimas de este tipo de violencia durante 2025. En Santander se registraron 51 víctimas: Bucaramanga concentró 18 casos y Barrancabermeja 12.
“En Santander se identifican mayores presiones de violencia en Bucaramanga y su área metropolitana, pero también hay mucha ocurrencia en el Magdalena Medio, particularmente en Barrancabermeja y Sabana de Torres. También hay un par de casos en la provincia de Vélez”, precisó Castañeda.
Ruiz advierte que en algunos sectores del área metropolitana las amenazas se cruzan con economías ilegales. Según el director de Conpazes, algunas mujeres trans han reportado presiones para vincularse a dinámicas de microtráfico, vigilancia o control territorial.
“El año pasado pusimos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo situaciones que estaban viviendo mujeres trans en asentamientos de Floridablanca. Muchas manifestaban que, o se involucraban en esas dinámicas, o les tocaba salirse de ahí. Hablaban de microtráfico, de ser campaneras, de estar expuestas a situaciones que ponían en riesgo su vida”, explicó.
El informe también alerta sobre el crecimiento de la violencia digital. En Santander, Caribe Afirmativo conoció 12 casos cuyas víctimas estaban ubicadas en el departamento. Para Castañeda, el problema es que la violencia se trasladó con fuerza al espacio tecnológico, pero el Estado todavía no cuenta con respuestas suficientes.
“Todavía no tenemos una reacción del Estado para prevenir la violencia en los espacios tecnológicos o digitales y mucho menos enfoques diferenciales para atender la violencia contra personas LGBTIQ+”, afirmó.
Ruiz también llama la atención sobre el peso que han tomado los discursos de odio en redes sociales y plataformas digitales. Para él, la violencia que antes circulaba en escenarios más cerrados ahora se replica con mayor rapidez, alcance y agresividad.
“Estamos viendo que las violencias se están replicando de una manera mucho más violenta a través de medios digitales y redes sociales. A eso se suma el tema de los discursos de odio, que desafortunadamente han venido tomando fuerza de una manera muchísimo más peligrosa”, afirmó.
La ausencia estatal también produce violencia
El informe cuestiona las fallas del Estado para contar, prevenir, investigar y sancionar estas violencias. Para su elaboración, Caribe Afirmativo presentó 160 derechos de petición a entidades nacionales, departamentales y municipales. La organización encontró subregistro, ausencia de variables diferenciales, inconsistencias estadísticas y fragmentación institucional.
No contar bien también es una forma de invisibilizar. Cuando una entidad no registra la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una víctima, dificulta entender el móvil de la agresión. Cuando no hay datos claros, no hay prevención eficaz. Y cuando no hay prevención, la violencia se repite.
“El informe menciona algo que nosotros también hemos dicho: hay entidades que no tienen cómo sistematizar bien la violencia. Y si no se registra bien, si no se reconoce la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, la violencia queda escondida”, explicó Ruiz.
En el caso de Santander, Castañeda señaló que existe una preocupación particular por la reducción de acciones institucionales de protección y acompañamiento a personas LGBTIQ+.
“Tanto la Gobernación de Santander como la ciudad de Bucaramanga y algunos municipios del departamento han tenido una reducción de las acciones de protección y acompañamiento a las personas LGBTIQ+. Políticas públicas que no se implementan, acciones afirmativas que se dejaron de hacer, servicios especializados que se dejaron de prestar”, afirmó.
Según el vocero, esa falta de acción impide prevenir la violencia mediante políticas públicas y debilita la investigación de los hechos.
“Hay un nivel de no acción de los gobiernos que no está permitiendo que se prevenga la violencia con políticas públicas, pero tampoco que se investiguen con seriedad estos hechos como para mandar un mensaje de que esto no se repita”, sostuvo.
Castañeda también aseguró que el trabajo de campo realizado durante 2025, a partir de conversaciones con activistas de Santander, mostró una sensación extendida de abandono estatal.
“La ciudadanía siente un altísimo estado de indefensión. El trabajo de campo que hace Caribe Afirmativo, cuando recurre a activistas de Santander, da cuenta de que no hay una institución aliada en el departamento, no hay quien escuche, no hay quien apoye, no hay quien acompañe”, dijo.
Ruiz insiste en que esa ausencia estatal se siente de manera concreta en los territorios: en la falta de acompañamiento, en el miedo de las víctimas a denunciar y en la dificultad de las organizaciones sociales para sostener solas la atención comunitaria.
“2025 fue un año muy oscuro. Y lo que sucedió el año pasado lo estamos encontrando ahora mucho más materializado en redes sociales, en discursos de odio, en la validación de la violencia contra la población LGBTIQ+ y en la falta de respuesta institucional”, señaló.
A pesar del panorama crítico, Caribe Afirmativo también identifica en Santander una fuerza fundamental: su movimiento social. En el Magdalena Medio, Bucaramanga, el área metropolitana y otros municipios existen liderazgos, organizaciones y redes comunitarias que han creado formas de acompañamiento, resistencia y protección.
“El departamento de Santander tiene un movimiento social muy significativo. Hay experiencias muy bonitas de activismo en el Magdalena Medio, en Bucaramanga, en el área metropolitana y en algunos otros municipios. Como organizaciones sociales han generado acciones de hermanamiento, de resistencia, de ayuda entre ellos, de protección”, señaló Castañeda.
Pero esa fuerza comunitaria no puede reemplazar al Estado. Como advierte Ruiz, las organizaciones han denunciado, acompañado y visibilizado casos que podrían quedar por fuera del registro público, pero la garantía de derechos no puede descansar solo sobre la sociedad civil.
“Las organizaciones hemos denunciado, hemos acompañado y hemos puesto en conocimiento de las instituciones muchas situaciones. Pero no puede ser que la garantía de derechos dependa solo de la sociedad civil. El Estado tiene que responder”, afirmó.
El asesinato de Diany Ruiz, las amenazas en Bucaramanga y Barrancabermeja, los delitos sexuales, la violencia digital y la sensación de indefensión descrita por activistas muestran que Santander no está al margen de la crisis nacional.
La violencia contra personas LGBTIQ+ no empieza con el homicidio. Empieza antes: con el prejuicio tolerado, la amenaza ignorada, la política pública que no se implementa, la denuncia que no avanza, la familia que expulsa, el colegio que discrimina, la institución que no registra y la autoridad que no protege.
