Mauricio Rodríguez Delgado, doctor en Derecho y profesor desde hace 34 años en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, presenta una mirada reflexiva sobre lo que representó para Colombia la Constitución Política.
Publicado por: Redacción Cultural
Cuando Colombia descubrió que una papeleta podía hacer más ruido que una bomba, Mauricio Rodríguez Delgado todavía era un estudiante de Derecho.
El país parecía incendiarse por todos los costados. El exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato de Luis Carlos Galán, el carro bomba contra el DAS, la explosión del vuelo 203 de Avianca, la toma y retoma del Palacio de Justicia, las masacres del Magdalena Medio, los carteles de Medellín y Cali, la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla y el asesinato de Guillermo Cano componían un inventario de tragedias que apenas dejaba espacio para respirar.
En ese país donde la violencia parecía escribir las leyes, miles de universitarios decidieron intentar lo contrario: cambiar las reglas del juego.
Fue la época de la Séptima Papeleta.
Una generación convencida de que la Constitución de 1886 ya no alcanzaba para explicar ni gobernar un país que se deshacía entre bombas y magnicidios terminó impulsando la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, quizá la transformación política más profunda de la Colombia contemporánea.
Mauricio Rodríguez observó aquel momento desde las aulas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Otro joven abogado, David Augusto Peña —quien años después también sería profesor de la UNAB—, participaba en Bogotá en el movimiento estudiantil que empujaba la reforma constitucional.
Treinta y cuatro años después, aquellos días siguen presentes.
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Solo que ahora no aparecen en pancartas ni en marchas. Están condensados en casi seiscientas páginas.
Con una taza de café al alcance de la mano y la conversación pausada de quien ha dedicado media vida a enseñar derecho constitucional, Rodríguez hojea el volumen mental de lo que muy pronto imprimirá la Universidad Industrial de Santander y presentará la Universidad Autónoma de Bucaramanga durante Ulibro.
No es únicamente la publicación de una tesis doctoral realizada en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Es el resultado de más de tres décadas de clases, litigios, lecturas, debates y preguntas alrededor de la Constitución de 1991.
El título podría intimidar a cualquiera: “Teoría jurídica y restricción de la libertad en los estados de excepción”. Sin embargo, el autor insiste en que no fue escrito únicamente para especialistas.
“La política nunca pasa de moda”, dice, casi como quien resume quinientas noventa y dos páginas en una sola frase.
Su investigación parte de una pregunta sencilla, aunque profundamente actual: ¿qué ocurre cuando un gobierno declara un estado de excepción y concentra facultades extraordinarias?
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La respuesta obliga a recorrer la arquitectura misma del Estado colombiano: la separación de poderes; el papel del Ejecutivo, el Congreso y las altas cortes; los límites del poder presidencial y las tensiones que aparecen cuando una crisis amenaza con alterar el equilibrio institucional.
Pero el libro no nació de una inquietud académica aislada.
Rodríguez reconoce que la idea comenzó a tomar forma cuando observó cómo, en distintos momentos de la historia reciente, el derecho parecía convertirse en un instrumento para resolver disputas políticas.
“Yo creo en el derecho como una herramienta para convivir. No creo que la Constitución deba interpretarse desde la ideología de un partido. Para eso existen los jueces: para aplicar la Constitución, no sus preferencias políticas”.
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Esa convicción atraviesa toda la obra.
Por eso también defiende con firmeza la Constitución de 1991. No porque la considere perfecta —él mismo la define como una “colcha de retazos”—, sino precisamente porque esos retazos fueron cosidos por sectores que difícilmente se habrían sentado juntos en otro escenario.
Liberales, conservadores, movimientos de izquierda, representantes indígenas, comunidades negras, desmovilizados del M-19 y distintas fuerzas políticas negociaron durante seis meses cada palabra del nuevo texto constitucional.
“Todos cedieron algo”, recuerda.
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Y quizá por eso desconfía de las reformas impulsadas desde proyectos personales de poder.
“No me preocupa que la Constitución cambie. Las sociedades cambian y las constituciones también deben hacerlo. Lo que me preocupa es cuando alguien llega al poder con la bandera de reformarla para imponer su propia visión política”.
Más que una defensa inmóvil del texto constitucional, Mauricio propone preservar su esencia y revisar aquello que, con el paso del tiempo, ha demostrado fallas en su funcionamiento. Entre ellas menciona la forma como se eligen algunos magistrados de las altas cortes y varios aspectos del sistema penal acusatorio, importado —dice— sin adaptar plenamente las condiciones históricas y culturales del país.
La tesis doctoral terminó convirtiéndose en libro casi sin modificaciones.
Fueron sus propios maestros quienes lo convencieron de conservar el texto íntegro. Entre ellos aparecen nombres como Guillermo Escobar Roca, director de la investigación en España; Galvis Arenas; Jorge Eduardo Lamo Gómez; Enrique Pradilla Ardila, y otros académicos colombianos y europeos que revisaron el manuscrito.
“Ninguno me pidió reducirlo. Al contrario, me dijeron que lo dejara tal como estaba”.
Así nació un volumen de 592 páginas que no pretende decir la última palabra sobre la Constitución, sino invitar a comprenderla mejor.
Porque, al fin y al cabo, detrás de cada artículo constitucional hay una historia política. Y detrás de este libro hay otra historia: la de un profesor que empezó estudiando la Constitución cuando Colombia intentaba reinventarse y que, más de tres décadas después, sigue convencido de que el derecho solo tiene sentido cuando sirve para que una sociedad aprenda a convivir.
