Desesperada por la situación, Olga Caicedo Chávez, quien ya cumple 15 días encadenada en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga, iniciará una huelga de hambre para que no la desalojen a ella y a su familia de su casa ubicada en el barrio Villa Alcázar de Floridablanca.
Publicado por: LUISA ESPAÑA PANTOJA
Desde el pasado martes 10 de mayo, la mujer se encadenó para evitar que rematen de su vivienda. En su protesta, denuncia a la Caja Agraria, hoy Banco Agrario, y a la rama judicial de Bucaramanga. Además, la mujer asegura que en Santander existiría un ‘cartel del remate’ de viviendas.
Hasta el momento, nadie la ha ayudado con su caso. “Recibí la visita del Defensor del Pueblo (Kadir Crisanto Pilonieta Díaz), me dijo que ya mi caso estaba en manos de una abogada. Llamé al número que me facilitó y me encuentro con que la abogada me dice que no está a cargo de mi caso y que solo se le solicitó que hiciera un oficio y entregarlo para que el Defensor lo firmara y ya”.
Mientras tanto, en los últimos días, a la casa de Olga Caicedo llegó el último aviso de la Alcaldía de Floridablanca donde se ordena el desalojo de la vivienda. “Se me notificó que este viernes, 27 de mayo, se va a realizar el desalojo. Que si no dejo las llaves, ellos entrarán por la fuerza. En el aviso dice que llegarán a las 8:30 a.m.”.
De realizarse el desalojo, ocho personas quedarán sin techo. Tres de ellas menores de edad, dos jóvenes de 14 y 12 años y un bebé de 16 meses.
Desesperada por la situación, y al ver que nadie le ha dado respuesta, Caicedo Chávez decidió que el próximo martes, 31 de mayo, comenzará la huelga de hambre, que había anunciado desde el inicio de su protesta. “No quiero que nadie contradiga esta decisión. Si me tengo que morir por esta causa lo voy a hacer” aseguró.
Así mismo, le han notificado a la mujer que ya se entabló un derecho de petición en la Alcaldía de Bucaramanga, solicitando que la quiten de su lugar de protesta. Caicedo asegura que no se desencadenará ni retirará del lugar hasta que no le brinden una solución a esa problemática.
Caicedo Chávez indica que así como ella “en Villa Alcázar hay en este momento unas 10 familias en este proceso y hay otras 55 a las que nunca les han entregado escrituras de sus casas”.
A su turno, Saúl Ortiz, coordinador de la veeduría ciudadana “La Lupa”, asesores jurídicos de Caicedo, aseguró que la solución a esta situación la tiene la Corte Suprema de Justicia.
“En 2014 radicamos una tutela al Tribunal Superior de Bucaramanga, en donde solicitamos terminar el proceso y la reliquidación del crédito, que se falló a favor de Caicedo. No obstante, el juez segundo del Distrito de Ejecución de Bucaramanga se opuso a acatar la orden, siguiendo con el proceso de remate de la vivienda. La Corte Suprema solo debe darse cuenta del desacato del fallo”, le explicó Ortiz a Vanguardia.com.
Ortiz además indica, que a Caicedo Chávez le fue negado el derecho a acceso a vivienda digna. Pues nunca le fueron otorgados los auxilios que el Estado proporcionaba a los deudores, para permitirles continuar pagando su obligación. “La Caja Agraria, hoy Banco Agrario, se quedó con esos títulos TES, que le ayudaría a la señora Olga a seguir pagando su casa”, puntualizó Ortiz.
Respecto a la denuncia que hace Caicedo de la existencia de un “cartel del remate” de viviendas en Santander, Ortiz explicó cómo funciona el ‘negocio’ del remate de las casas. “Los predios deben ser vendidos de acuerdo a su avalúo catastral. Cuando rematan las casas, como en el caso de la señora Olga, en tan solo 30 millones, cuando vale realmente 200 millones, el que queda de propietario invierte solo 30 millones y se gana 170. Es un negocio redondo”.
Por último el veedor le contó a Vanguardia.com que de esta situación ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se espera que en los próximos días brinden su ayuda en este caso.
“El Estado está en la obligación de proveerle vivienda o asilo a las familias que por cualquier motivo de fuerza mayor, sean obligados a irse de su casa. Todo esto está estipulado en el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales del que Colombia es partícipe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Ortiz.
Por el momento, Caicedo seguirá encadenada e iniciará la próxima semana su huelga de hambre. La mujer espera que la rama judicial se pronuncie al respecto. “Que fallen en derecho y fallar en derecho es que se me reestructure mi crédito, que se me dé la oportunidad de pagar mi casa, porque es mía, yo la compré con mucho esfuerzo, junto con mis hijos. La recibimos en ladrillos y ahora tiene dos pisos. El patrimonio de mi familia está en esa casa”.
