Representantes de unos 30 sindicatos, tanto de entidades públicas como privadas, protestaron en la Alcaldía y la Gobernación.
Publicado por: REDACCIÓN VANGUARDIA LIBERAL
Cerca de 200 sindicalistas y empleados públicos pertenecientes a más de 30 organizaciones obreras protestaron ayer dentro de las sedes de la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, para pedir un diálogo directo con Rodolfo Hernández y Didier Tavera.
La manifestación fue pacífica y se motivó, según Wilson Ferrer Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Santander, CUT, a la falta de espacios para discutir la difícil situación laboral de los trabajadores del departamento.
Y es que no es uno solo sino varios los problemas y quejas que llevaron a los trabajadores a hacer ambos plantones.
Por un lado está el difícil acceso a los servicios de salud en el caso de algunos gremios y el despido masivo en algunas empresas. Y por el otro, está la inconformidad que hay entre los empleados de la Alcaldía y el Acueducto Metropolitano por las presiones que hay en su contra para quitarles algunos privilegios laborales.
Al cierre de esta edición, se realizaba una mesa de trabajo en la Gobernación, en donde también hizo presencia la administración local con el Secretario del Interior de Bucaramanga, Ignacio Pérez.
Mientras esto se daba, algunos pocos manifestantes permanecían en las instalaciones de la Alcaldía y la Gobernación continuando la protesta.
Las puertas del diálogo
Al respecto, el Secretario del Interior explicó que las puertas del diálogo siempre han estado abiertas en la Alcaldía, pero “ellos tienen que entender que si bien tienen derecho a protestar, hay que reconocer que hay unos excesos que no pueden seguir”.
El funcionario hizo referencia de esta forma a la inconformidad expresada por el presidente del sindicato del Acueducto, Rafael Ovalle, quien no dudó en calificar al Alcalde de ‘dictador’, porque supuestamente trata de imponer su propuesta de reestructuración de la empresa en vez de buscar el diálogo con los empleados.
Frente a ese tema, Pérez Cadena dijo que el problema es por unas prestaciones extralegales que doblan o triplican el salario de unos empleados: “queremos es que esos privilegios tengan unos costos razonables... no es posible que alguien con un sueldo de $2 millones, termine recibiendo $31 millones.
