El director de la interventoría del ‘Tercer Carril’ asegura que no ha sido complaciente frente a los retrasos que se han dado en la obra. Afirma que en varias ocasiones ha pedido la aplicación de sanciones al contratista.
Publicado por: JUAN CARLOS CHIO
El interventor del ‘Tercer Carril’, el Consorcio Nueva Autopista 2014, afirma que desde 2015 ha solicitado en varias ocasiones que le impongan sanciones al contratista de la obra, el Consorcio Vial Puerta del Sol, por los retrasos y los presuntos incumplimientos en los que ha incurrido.
Esta afirmación surge a raíz del editorial publicado por Vanguardia Liberal el pasado jueves 20 de abril, titulado ‘Sigue el fiasco del Tercer Carril’, en donde se cuestiona el papel de la Gobernación y la interventoría en su labor de supervisión, en una obra que debía entregarse en 15 meses (en diciembre de 2015) y a la fecha ya tiene 16 meses de retraso.
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Pese a la solicitud del interventor, el Secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía, cuenta que a la fecha no se ha multado al contratista: “se ha seguido el debido proceso y por ahora no hay argumentos suficientes para sancionar, pues gran parte del retraso no es su responsabilidad”.
“Hemos sido diligentes”
El director general de la interventoría, Jaime Niño Infante, explica que no es cierto que la firma que representa fuera complaciente con el contratista.
Afirma que ha actuado con “responsabilidad y prontitud”, de acuerdo a las obligaciones que tiene como interventor, al hacer el seguimiento de rigor y llamando la atención cuando estaba en riesgo la programación de la obra.
De igual forma, indica que no ha sido permisivo y ha requerido al contratista para hacer las correcciones necesarias cuando se han identificado trabajos defectuosos.
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Según el interventor, en varias ocasiones le informó a la Gobernación sobre los inconvenientes que se venían presentando y por ello ha solicitado “seguir el procedimiento e imponer las multas que a su criterio sean pertinentes”.
Niño Infante entregó una relación de ocho oficios radicados en la Gobernación, en donde pidió las mencionadas multas. La primera de ellas es del 15 de diciembre de 2015 (antes de cumplirse el primer plazo contractual). La última es del 21 de abril, hace menos de una semana.
Gobernación responde
El secretario Mauricio Mejía explicó que si bien se han hecho estas solicitudes de sanción, estas no han procedido porque “algunos de los retrasos son imputables a la Alcaldía o a la Gobernación”.
En ese sentido, dijo que “la principal causa es la demora en la entrega del predio CP06, que se dio a finales de 2016”, tras un largo pleito jurídico entre la Alcaldía y un privado.
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Afirmó que ni siquiera los trabajos de nivelación del pavimento, que aún se están ejecutando, “se le pueden imputar al contratista, pues estos no estaban incluidos en el contrato”. Al respecto, dijo que el consorcio ya ha facturado $1.500 millones (en pavimento) por encima de lo que estaba estipulado en el contrato, pues el gobierno (de Richard Aguilar) “adjudicó el contrato con un plazo, unos diseños y unas cantidades de obra que no correspondían”.
Agregó que la administración seccional debe tener cuidado a la hora de sancionar, para que no pase lo que sucedió con Metrolínea, que puso unas sanciones y liquidó el contrato del tramo Provenza - Floridablanca tras unos retrasos en la obra, y luego tuvo que pagar una millonaria indemnización cuando el contratista demandó al ente gestor.
Si no entregan el 31 de mayo, habría sanción
Mejía Abello indicó, no obstante, que si el 31 de mayo no se entrega la totalidad de la obra, sí podría haber argumentos para sancionar.
“La próxima semana estaremos autorizando el último adicional (por $7 mil millones) por unos trabajos de redes y el consorcio no podrá tener excusas si no entrega a tiempo”.
Esto le deja al contratista poco más de un mes para culminar las labores de nivelación del pavimento, la construcción de unos tramos de carril exclusivo del Sitm y las labores que estaban pendientes en el predio CP06.
“En 15 meses no alcanzaba ni un mago”
Por otro lado, el jefe interventor reveló que “el alcance del proyecto estaba previsto, según estudios y diseños, para un plazo de ejecución de 22 meses”, pero “en los términos de la licitación pública se obligaron a la ejecución en un plazo de 15 meses”.
Frente a los atrasos, el interventor aseguró que en varios oficios dejó clara su posición de “no reconocer los reajustes y la mayor permanencia solicitada por el contratista”, y explicó que la adición de presupuesto de $27 mil millones fue por el rediseño de una red de alcantarillado y los costos de la subterranización de las redes, que debían cumplir la nueva normativa.
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Mejía Abello confirmó que el plazo inicial de 15 meses era irreal (la entrega era para diciembre de 2015, antes de terminar el gobierno de Richard Aguilar): “ni un mago hubiera cumplido”.
