El ente gestor informó que la audiencia del proceso sancionatorio por incumplimiento del contrato de concesión número dos inició el 2 de agosto y se espera concluir este 28 de diciembre con la determinación de la sanción.
Publicado por: Ingrid Paola Albis Pérez
El contrato de concesión número dos, firmado entre Metrolínea S.A. y Movilizamos S.A., no se alcanzaría a ejecutar hasta 2025 como se estableció en 2010, cuando el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, inició su operación comercial.
Hoy, justamente, podría darse la declaratoria de caducidad y terminación de dicho contrato, con la determinación de la sanción que se decida en el marco proceso sancionatorio que Metrolínea S.A., como ente gestor del Sitm, adelanta desde el 9 de julio contra el operador por no presentar la garantía única de cumplimiento.
Esa garantía venció el 28 de junio de 2021 y, por eso, desde el día siguiente, Movilizamos se vio en la obligación de apagar buses y suspender servicio, afectando a los ciudadanos del área metropolitana, especialmente los de Floridablanca y Piedecuesta. Este documento, tal y como se ha dejado claro en reiteradas ocasiones, es fundamental para la circulación de los buses.
Emilcen Jaimes Caballero, gerente de Metrolínea, aclaró que con el ánimo de dar maniobra financiera a los concesionarios del Sitm Metrolínea para que cumplan con compromisos como las garantías únicas de cumplimiento, el 7 de abril se suscribió un documento, un otrosí, con Movilizamos S.A., mediante el cual se permite amparar la ejecución del contrato de manera proporcional al riesgo por lo que queda de la concesión. Sin embargo, el concesionario no consiguió el amparo.
Lea también: Santandereanos postergan vacunación para evitar que efectos dañen sus fiestas
El 7 de diciembre, lo que hizo Movilizamos S.A. fue allegar a Metrolínea S.A. una fianza con la que pretendía reemplazar la garantía única de cumplimiento del contrato. Pero, de acuerdo con lo revisado por Metrolínea S.A., el documento no es válido debido a que el contrato de concesión exige una garantía única de cumplimiento o garantía bancaria. Y la empresa que emitió dicha fianza es Universal de Finanzas SAS, que no es aseguradora, ni banco, tal y como lo exige el contrato.
Adicional a ello, el capital social de Universal de Fianzas SAS no es suficiente para amparar la cláusula penal. El valor de la fianza con el que se busca cubrir el contrato está en pesos y no en dólares como lo exige el contrato.
Con respecto a la solicitud de pago de $9.574 millones, por catorcenas atrasadas desde el 2019 y vigencias anteriores, que hizo Movilizamos, Metrolínea aclaró que aún no es posible responder por estos recursos por el proceso que se adelanta; también porque el concesionario les adeuda cerca de $2.677 millones por concepto de índices de desempeño y multas, debido a faltas o afectación al servicio que cometió durante el desarrollo de la operación.
Adicionalmente, los perjuicios ocasionados al Sistema, desde 29 de junio a la fecha, por la no prestación del servicio y afectación a los usuarios, superan el valor de la cláusula penal establecida en el contrato por incumplimiento que es de 1.100.000 dólares.
Ante un eventual retorno a la operación, se pudo establecer que Movilizamos S.A. no tendría viabilidad financiera, pues entre sus cuentas pendientes también están las cuotas a los bancos que financiaron la flota, que corresponden al periodo que no ha prestado el servicio, el cual va de junio a diciembre, cuyo valor supera los $1.800 millones. Los bancos mantienen embargos sobre el concesionario.
