Decenas de mujeres que trabajan como madres comunitarias en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, denuncian demoras en la contratación que se requiere para iniciar la prestación de servicios a miles de menores de edad de familias vulnerables en Santander.

Publicado por: José Luis Pineda
Frente a la Gobernación de Santander, cerca de un centenar de madres comunitarias que trabajan en los programas del Icbf realizaron una protesta en la mañana de este jueves, con el fin de dar a conocer públicamente los retrasos que existen en materia de contratación y exigir celeridad en esta gestión.
Ellas denunciaron que por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar existen demoras en la contratación de 2024. Según las afectadas, en años anteriores la prestación de servicios para miles de menores vulnerables en el departamento se inició desde el primer día de febrero.

Lea también: ¿Cumple el ‘Plan Candado’ las expectativas de los bumangueses en materia de seguridad?
Pero hasta la fecha, según lo denunciado, las madres comunitarias de Santander aún están a la espera de que se firmen los contratos que se requieren, para brindar los cuidados que requieren estos niños en temas como nutrición, cuidados de primera infancia y educación inicial.
Le sugerimos: Fallas en semáforos del centro de Bucaramanga se dieron por cortes de energía: Tránsito de Bucaramanga
Estas damas ejercen una labor crucial para el cuidado de la primera infancia vulnerable en el departamento. Ellas se encargan de brindar refugio, amparo y atención a miles de niños que conforman hogares vulnerables y cuyos padres o madres no tienen personas de confianza ni redes de apoyo para dejar de manera segura a sus hijos bajo su cuidado.
Hablamos de familias que no cuentan con los recursos suficientes para costear servicios de guardería y atención para la primera infancia.

“La Regional Santander del Icbf está retrasada en la contratación de los servicios bajo la modalidad comunitaria. La mitad de los programas no están funcionando en el departamento, debido a la falta de contratos. Igualmente, existen afectaciones en la modalidad institucional, una falla que existe en todo el país, porque tampoco existen contratos”, denunció Leydi Adriana Flórez, presidenta del sindicato Nacional de Trabajadoras de la Primera Infancia, Sintrainfaicbf.
Las manifestantes aseguran que desde la dirección central del Icbf se han tomado “decisiones muy tardías” en materia de contratación, y señalan que tales determinaciones impactaron negativamente en el inicio oportuno de estos programas para la primera infancia.
“Cómo el Icbf dice que garantiza la protección de niñas y niños, si ni siquiera ellos como institución se encargan de asegurar esta contratación. Hablamos de más de 8.000 niños que están afectados y de cerca de 1.000 madres comunitarias y agentes educativas quienes esperan contratos”, indicó Flórez.
La protesta de este jueves se llevó a cabo en horas de la mañana en las afueras de la Gobernación de Santander, con el propósito de que las autoridades del gobierno departamental intervengan ante la situación y contribuyan a generar soluciones.
“Acudimos a las secretarías que están a cargo de los temas de primera infancia, este es un tema que también es competencia de las alcaldías y la gobernación”, agregó la Presidenta de Sintrainfaicbf.

También denunciaron deudas
Varias de estas madres comunitarias también alertaron que actualmente se les adeudan pagos correspondientes a servicios prestados en 2023.
“La Fundación Gabriela Mistral a la fecha nos debe la liquidación. Nos tienen con la promesa, de semana en semana, que nos van a pagar, pero hasta la fecha no giran el dinero. Son cerca de 80 madres comunitarias las que esperamos esta liquidación desde diciembre pasado. Necesitamos que nos respondan”, denunció Miriam Rojas, madre comunitaria.
Miriam, junto a otras tres mujeres, atienden un hogar comunitario ubicado en el barrio Reposo, en Floridablanca. Hasta diciembre pasado, un total de 48 menores de primera infancia se beneficiaron con dicho servicio. En estos momentos, sus padres están a la espera de la reapertura de esta centro de atención.

¿Qué dice el Icbf?
Miriam Roselly Cáceres, directora regional del Icbf en Santander, respondió que “vamos a realizar una mesa de trabajo con representantes de las madres comunitarias, para escuchar sus inquietudes y aclarar las dudas que tengan frente a la contratación que se adelanta”.

La funcionaria informó que en estos momentos se avanza en las gestiones necesarias para garantizar la contratación de 2024.
“La Regional Santander ha adelantado todas las verificaciones de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros para garantizar la calidad en la atención a la primera infancia, determinando los oferentes idóneos con el fin de poder avanzar con el comité de contratación y finalizar el trámite lo antes posible”, agregó la directora del Icbf en territorio santandereano.
En Santander, esta contratación para la primera infancia se surtirá mediante la ejecución de 56 contratos, preciso la entidad.
Desde la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en pasados días se emitió un comunicado oficial, a través del cual se informaron los avances en materia de contratos.
“Sobre el proceso de contratación para la prestación de los servicios para la primera infancia que el Icbf realiza a nivel nacional, se informa que el mismo cerró el pasado 23 de enero de 2024, recibiendo 1.417 ofertas de todo el país. Así las cosas, finalizada la etapa de presentación de ofertas, el Icbf publicó la lista de consolidación para iniciar la evaluación de las ofertas, las cuales están contenidas en el anexo 2 de la publicación realizada el 25 de enero de 2024 en la plataforma Secop II”, indicó la entidad.

En Santander, las madres comunitarias temen que estos procesos de formalización en los contratos se extiendan durante un mes o más incluso.
“El Icbf, con un comité evaluador independiente, inició a partir del 26 de enero la revisión de los criterios habilitantes de experiencia específica, capacidades financiera, operacional, residual y jurídica. Una vez revisados y validados los criterios habilitantes, se aplicarán los criterios de asignación de puntaje sobre la experiencia específica adicional, talento humano de la zona de la oferta y se validará la ausencia de sanciones impuestas por el Icbf, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia”, agregó la entidad.















