El proyecto de ley 235 de 2023 busca que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) no sea accionista de la Empresa de Alcantarillado de Santander (Empas), por conflicto de interés.

Publicado por: Luis Alfonso Cárdenas Mateus
En primer debate y por unanimidad fue aprobado el proyecto de ley 235 de 2023 en la Comisión V de la Cámara de Representantes, con el que se busca que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país no sean accionistas de las empresas prestadoras de servicios públicos.
La iniciativa es liderada por el representante a la Cámara por Santander, Cristian Danilo Avendaño, quien explicó que el proyecto ha tenido buena acogida y le restarían cuatro debates más, dos en Cámara y dos en Senado, para ser ley de la República.
Los principales argumentos para presentar la iniciativa, explicó el congresista Avendaño, son que en algunas decisiones ambientales las CAR terminan siendo juez y parte de las empresas de servicios, lo que genera un conflicto de intereses. Además, se pretende eliminar los niveles de corrupción que en algunas ocasiones se presentan en las empresas de servicios que no son sujetos de control político, porque tienen un régimen especial de contratación y no están adscritas a una alcaldía o gobernación.
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Vanguardia se comunicó con el área de prensa de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) y con la de la Empresa de Alcantarillado de Santander (Empas) para conocer sus puntos de vista al respecto. Sin embargo, las personas encargadas manifestaron que se contactarían con los voceros para ofrecer algún pronunciamiento. Al cierre de esta edición no lo hicieron.
Un ejemplo de lo que significa este proyecto de ley para Bucaramanga está en la Cdmb y la Empas. La primera es la accionista mayoritaria de la segunda con más del 90 % de las acciones, lo que a juicio del congresista Avendaño es “un absurdo porque la autoridad ambiental es juez y parte de la empresa de servicios”.
Avendaño señaló que si la ley se aprueba, la Cdmb tendría que cederle las acciones a la Alcaldía de Bucaramanga, lo que significa que el ente territorial se haría a una empresa con un patrimonio de casi medio billón de pesos y con recaudo por concepto de alcantarillado superior a los $100.000 millones al año. “Sería muy bueno para la ciudad, y se les quitaría un fortín político a quienes han utilizado a la Cdmb y a la Empas para pagar favores políticos”, dijo el Congresista.

El trámite de la ley y sus ventajas
El proyecto de ley ya surtió su primer debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, ahora pasará a la Comisión V del Senado, y luego tendrá debates en las plenarias de ambas cámaras para su aprobación.
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De acuerdo con el representante Cristian Avendaño el ambiente del proyecto de ley tanto en Cámara como en Senado es muy positivo y para él a inicios del 2025 se surtirían todos los trámites para que finalmente sea Ley de la República.
Con respecto a las ventajas de esta iniciativa para Bucaramanga y Santander, Avendaño señaló que, por ejemplo, la Empas dice tener los diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), pero no los comparte con ninguna otra entidad “porque se reservan ese derecho”.
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Dijo también que al salir la Cdmb como accionista, la Empas pasaría al municipio, por lo que se podrían hacer debates de control político, hacer seguimiento a la contratación y así eliminar o por lo menos reducir los índices de corrupción.
Finalmente, Avendaño señaló que una de las tarifas más caras del servicio de alcantarillado es la que tiene la Empas, por lo que al pasar a la Alcaldía se podría aplicar alguna reducción.















