Ese es el drama de muchos hogares que no han podido legalizar sus viviendas. ¿Qué está haciendo el Municipio?
Don Jacobo lleva 18 años viviendo en un asentamiento ubicado al sur de Bucaramanga que, como muchos otros, nació de la necesidad y del tesón de sus habitantes.
“Cuando llegamos, esto era puro monte. No había luz, agua ni calles. Lo levantamos con esfuerzo. Y aunque aquí el gobierno local ha hecho pavimentación de vías, aún faltan muchos predios por legalizar”, cuenta, con la esperanza de que su casa, construida a pulso con su familia, deje de estar en el limbo jurídico.
El sector en donde él reside es uno de los 47 asentamientos que esperan desde hace décadas por la legalización total. Muchos de sus habitantes, como Don Jacobo, siguen sin escrituras, una situación que los deja fuera del perímetro urbano oficial y los excluye de derechos esenciales: no pueden acceder a programas de mejoramiento de vivienda, tampoco participar plenamente en la planeación territorial ni aspirar a créditos o formalizar su patrimonio.
En la práctica, viven en la ciudad, pero sin los beneficios de ser reconocidos como parte de ella.
Aunque el Municipio ha anunciado la formulación de una Política Pública de Legalización de Barrios, aún pesa entre los vecinos el temor de que esta promesa se sume a otras que nunca se cumplieron.
Desde los barrios se exige que esta vez no se trate solo de un anuncio oficial, sino de una respuesta concreta y efectiva a los problemas que han enfrentado por años, en condiciones de desigualdad y abandono institucional.
La estrategia incluye mesas de trabajo y talleres con líderes comunitarios y distintos actores sociales. Pero, más allá de las reuniones, lo que miles de familias piden es voluntad política, continuidad en el proceso y soluciones reales.
“Legalizar no es un favor del Estado: es una deuda con nosotros, quienes hemos construido este barrio desde la informalidad, enfrentando carencias, riesgos y olvido”, dijo Don Jacobo.
Publicidad
Voz del experto
Alejandro Murillo, experto en planificación urbana, advierte que la legalización de asentamientos ha sido históricamente una herramienta más de la politiquería que de la política pública seria: “Todo comienza con la necesidad. La gente llega, ocupa un lote; algunas veces lo compra a un ‘pirata’ que lotea y vende sin ningún respaldo legal. Con el tiempo, se consolidan viviendas en condiciones precarias, sin intervención ni control urbano. Y luego llegan las promesas políticas”, señala.
Murillo explica que muchos barrios han sido legalizados por presión electoral, sin cumplir requisitos técnicos ni considerar los riesgos asociados.
“Hay asentamientos ubicados en zonas de altísimo riesgo, como los que están a escasos metros del río de Oro, donde es evidente que deberían ser reubicados por seguridad. Aun así, se siguen consolidando y levantando edificaciones de varios pisos sin ninguna garantía”, afirma.
Le puede interesar: Bucaramanga ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en consumo de drogas
Según el experto, la ciudad necesita con urgencia una estructura institucional robusta: “El problema es que muchas veces las legalizaciones se quedan en el papel. No se hace un proceso integral que incluya mejoras en infraestructura, estabilidad del terreno, acceso real a servicios y acompañamiento social. La gente se alegra porque ya no los van a sacar, pero siguen viviendo sin agua potable o en zonas propensas a derrumbes”, indica.
“El reto no es solo legalizar, sino hacerlo bien. No basta con entregar escrituras; todo debe ser parte de una estrategia urbana seria. Si no se rompe el círculo vicioso de promesas políticas sin sustento técnico, se corre el riesgo de seguir consolidando una ciudad desorganizada”, concluye Murillo
