Esta administración no logró cumplir la meta de legalización de asentamientos que se había planteado para este cuatrienio. Experto habla de la necesidad de cambiar el enfoque en el abordaje de estos sitios.

Publicado por: Luis Alvaro Rodriguez Barrera
Esta semana, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, entregó la legalización del asentamiento humano ‘Campestre Norte’ de la comuna 1, al norte de la ciudad.
A tan solo días de entregar su mandato, el alcalde Cárdenas señaló que en su período como gobernante ha logrado la legalización de 17 asentamientos humanos ubicados en diferentes zonas de la ciudad; este es el primer paso para que las familias de estos sectores puedan adelantar los trámites para obtener las escrituras de sus viviendas.
“Durante cuatro años construimos una ciudad de propietarios con la legalización de 17 asentamientos, más de 4.400 predios y cerca de 11 mil familias beneficiadas a las que les cambiamos su vida”, dijo en su cuenta de X, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, el pasado 26 de diciembre.
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Al contrastar dicho indicador al que Cárdenas Rey se refirió con las legalizaciones, en el Plan de Desarrollo (2020-2023) aprobado mediante acuerdo por el Concejo Municipal se encuentra una meta diferente.
Uno de los puntos que trazó la hoja de ruta de la actual administración fue la legalización de 25 asentamientos de los 140 entre urbanos y rurales que tiene la capital santandereana, y que han crecido en los últimos años.
Una gran noticia para mis vecinos del barrio Campestre Norte: hoy entregamos la resolución con la que legalizamos 846 predios de 1.523 familias que cumplirán su sueño de tener vivienda legal, digna, con servicios públicos y la posibilidad de que el Estado realice inversiones... pic.twitter.com/Sn6VljWXkO
— Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) December 27, 2023

Cambiar el enfoque
Para Juan Manuel Álvarez Cruz, abogado especialista en Especialista en Derecho Urbano y Ordenamiento Territorial, es necesario cambiar el enfoque con el que se abordan el manejo de los asentamientos humanos en Bucaramanga.
"Lo primero que se debe establecer es el tema de la vivienda popular, según la Alcaldía hay un déficit de cerca de 50 mil unidades de vivienda. Tenemos un gran déficit que tenemos que cubrir y lo que lo está cubriendo es lo ilegal", señaló el abogado en referencia a la proyección de déficit de vivienda estipulado en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que estimaba que entre 2020 y 2027 en la ciudad se necesitarán de 40.199 hogares.

En palabras de Álvarez Cruz se están desperdiciando recursos y herramientas del Estado en estos procesos pues, bajo su concepto, se utilizan dos instrumentos de planificación para un mismo fin: el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y la legalización de asentamientos, teniendo en cuenta, según el experto, que ambos cumplen funciones de incorporar zonas en el perímetro urbano y de servicios públicos, lo que hace que se repita el trabajo. “Es necesario tener claridad que la legalización no entrega títulos de propiedad, no se legalizan los predios, son las zonas que se vuelven barrios”, recalcó Álvarez Cruz.
Frente a la inversión estatal y los servicios públicos, el experto cuestionó el deber del Estado. "Si hay asentamientos en suelos urbanos es obligatorio que tengan servicios públicos. No se necesita volver a ‘legalizar’ un asentamiento que se encuentra en suelo urbano para llevar alcantarillado y agua potable", agregó el experto, haciendo la salvedad de que esa figura de la legalización no puede ser implementada en suelos en alto riesgo y protección ambiental.
En sus cuestionamientos, el experto señala que se debe tener presente el déficit de vivienda en la ciudad, el desarrollo y la carencia de la planeación territorial, hechos que derivan en la proliferación de asentamientos humanos.
"El instrumento de legalización en asentamientos urbanos está mal concebido en la región, no solo Bucaramanga, no hay un impacto real y se implementa en muchos casos en zonas urbanas que por norma deberían contar con servicios públicos", reiteró el experto en ordenamiento territorial.
Adicionalmente, Álvarez Cruz considera que es necesario replantear el modelo, construir sobre la experiencia de profesionales que han trabajado durante años en el tema, integrar a una política de reubicación, revisar los estudios Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo, llamar a una mesa de trabajo a entidades como la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, e implementar programas como el mejoramiento integral de barrios, entre otras medidas.
Lo que espera la comunidad
Por su parte, Wilson Aparicio, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Villa Luz Campestre, ubicado en el corregimiento 1, considera indispensable que la próxima administración municipal permita avanzar en la garantía de servicios públicos y la legalización de asentamientos con herramientas como la revisión del POT en la antesala para discutir el nuevo esquema, ya que el actual cumple su vigencia en 2027.
"Esperamos que si se adelanta una revisión del POT podamos quedar incluidos y legalizados. No somos invasores, nosotros pagamos dos impuestos: por mejora y uno global por la finca. Actualmente tenemos un bloqueo para la compra y venta en nuestro terrenos. Necesitamos que nos levanten esas restricciones", indicó el líder comunal de Villa Luz.
Adicionalmente, Aparicio señaló que es necesario se prioricen intervenciones de las administraciones para la llegada de servicios públicos a las zonas que lo requieren.
Diagnóstico de la situación
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En uno de los documentos adelantados en la revisión del POT se encuentra otro de los retos para la próxima administración y es la expansión en área de los asentamientos humanos en los últimos años, pues 32 asentamientos tienen parte o el total de su área en suelos de protección.
Pero no solo es esta la situación que se hace complejo el manejo de los asentamientos, también se encuentra el riesgo por la ubicación de los mismos. De acuerdo con el diagnóstico del Plan de Desarrollo (2020) 19 de los asentamientos se encuentran ubicados en terrenos inundables por estar dentro de la ronda de protección de ríos y quebradas.
Mientras que otros 113 asentamientos se encuentran ubicados en coronas y pie de talud, cuya condición especial en terrenos afectados por fenómenos de remoción en masa y la línea de erosión.
Desde el pasado martes 26 de diciembre, Vanguardia buscó respuestas de la secretaria de Planeación, Martha Osorio, para ampliar en cifras y dudas sobre el curso de las legalizaciones y el manejo a las asentamientos humanos. Sin embargo, al cierre de esta nota periodística no fue posible obtener respuestas.












