En estos días de fuertes lluvias con derrumbes de piedra, muros con fisuras y escaleras fracturadas, las familias que habitan la escarpa occidental y de Malpaso en Bucaramanga temen por su seguridad y su vida. La conformación del terreno compuesto por arenas arcillosas evidencia una debilidad estructural que se agrava por la cantidad de agua, el peso sobre el talud y la alteración de la cobertura vegetal. La situación amerita una acción coordinada del municipio y la CDMB de forma urgente. Aunque fallos judiciales “obligan” a concretar obras puntuales, la problemática persiste y hoy observamos más invasión, más vulnerabilidad y más riesgo, sin que la presencia institucional, el control urbano y la inversión pública respondan a un planeamiento de solución integral.
Esta realidad me lleva a recordar la CDMB de hace 60 años, en la que Eduardo Parra y Carlos Virviescas con sus equipos técnicos diseñaron el manejo efectivo e incorruptible de una Entidad creada con el objetivo fundamental de controlar la erosión desde sus causas y en ese momento fueron atendidas con recursos, innovación tecnológica y planificación urbana. El llamado impuesto de erosión equivalente al 2 por mil del avalúo catastral se destinaba 20% para compra de predios y 80% para obras de estabilización. Con un equipo de buenos ingenieros en los años 70’s se tomaron decisiones estratégicas como las estructuras de vertimiento y la perimetral de la escarpa, estableciendo que una vía debía ser la última actuación urbana antes del talud y que al occidente de ella solo podría existir zona verde y obras de control.
Sin embargo, recorrer hoy el borde de la escarpa en los barrios La Feria, Napoles, Miramanga, entre otros, o adentrarnos en asentamientos antiguos como “Los Pantanos” o más nuevos como “Luz de salvación”, nos obliga a hacer un llamado de alerta. Mucho de lo logrado se ha perdido y pareciera que hoy no existe un proyecto de control de erosión como apuesta prioritaria. Si bien la CDMB recauda más de $120.000 millones/año, su destinación a obras de control de riesgo está alrededor de $50.000 millones/año, y parece insuficiente para atender infraestructura y control permanente. La sobretasa ambiental que reemplazó el impuesto tiene otras destinaciones, pero la demanda por obras y atención a estas familias es inmensa.
Enfrentar la alerta implica ofertar vivienda formal y asequible de interés social, evitar la promoción de la legalización sin obras efectivas de control, detener a los urbanizadores piratas y la minería ilegal que agrava el problema. Ahora no solo se ocupan los bordes superiores sino también los cauces de las quebradas, incrementando el riesgo de deslizamientos y avalanchas. No podemos negar la realidad, el cáncer puede volver con metástasis en toda la meseta.
