Los bloqueos que asfixiaron a Santander y al país no son caprichos del azar. Son el grito de una ruralidad herida por la Resolución 2057 de 2025, un instrumento que ordenó ajustar avalúos de forma automática y masiva en 527 municipios (68 en Santander). El propio director del IGAC lo ha admitido: se cometieron injusticias. Se pretendió tasar la tierra desde un escritorio, sin inspección física, ignorando la bota en el barro, la capacidad productiva y la realidad física del predio. Se equiparó el surco del campesino con la especulación del asfalto citadino.
Nadie niega que Colombia arrastra un rezago catastral crónico y que es urgente que los latifundios improductivos tributen lo justo para financiar el desarrollo local. Sin embargo, esa misión exige rigor técnico y seguridad jurídica, no la improvisación nacida del Artículo 49 de la Ley 2294 (Plan Nacional de Desarrollo de Petro). Bajo el pretexto de cumplir el Punto 1 del Acuerdo de Paz con la FARC, Petro ha intentado imponer su ideología en el campo.
Actualizar el campo es una deuda, pero hacerlo “a las malas” es una traición. No se protege al campesino —ese mismo al que se le busca con fervor en campaña— imponiéndole avalúos millonarios que lo expulsan de los subsidios estatales y lo obligan a vender su parcela para no morir en mora con el fisco. Si el objetivo es combatir la acumulación de riqueza, existen mecanismos jurídicos directos; pero arremeter contra el pequeño productor basándose en el rencor social es, simplemente, un error histórico.
A quienes en las ciudades ven esto con indiferencia, cuidado: el programa oficial tiene etapas. Hoy es el campo, mañana serán los predios urbanos y centros poblados. Si no hay solidaridad hoy, la desolación tocará a sus puertas en la próxima actualización.
Ahora bien, un mensaje a los manifestantes: los bloqueos, aunque nacen de una rabia legítima, vulneran derechos ajenos y fracturan la economía. No podemos convertir las protestas del 2019 y 2021 en nuestro único lenguaje político. No olviden que los derechos propios terminan donde empiezan los del vecino.
Finalmente, el Ejecutivo debe abandonar la tentación de amenazar con destituciones (gobernadores y alcaldes) que no le competen. Ese autoritarismo estéril solo cosecha dos frutos: el miedo a una dictadura disfrazada de cambio y la urgencia nacional de elegir a alguien distinto. Colombia necesita un liderazgo democrático que respete la dignidad de quien labra la tierra, no un dictador que lo condene al desahucio mediante un decreto.
Llegó la hora de reflexionar: no más cantos de sirena, no más promesas incumplidas; si el cambio prometido no se dio, ¿para qué insistir con los mismo?
En próximas columnas, el incumplimiento de la promesa de la reforma agraria.
