En política hay momentos que retratan con crudeza las contradicciones de una época. Hoy vivimos uno de ellos, el candidato que dice temer por su vida es, al mismo tiempo, aliado del gobierno que prometió pacificar al país y terminó cediendo terreno frente al crimen.
La paradoja no es menor. Quien hoy advierte amenazas es aliado de la llamada “Paz Total”, una estrategia del gobierno nacional que, lejos de consolidar la seguridad, ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales, la expansión de economías ilegales y un deterioro evidente del orden público en amplias zonas del país. En otras palabras, los delincuentes que deberían estar debilitados hoy tienen más margen de maniobra.
Resulta inevitable preguntarse: ¿a quién le conviene este escenario? La respuesta es incómoda, pero evidente, a los bandidos. Ellos han encontrado en la permisividad y en la falta de una acción contundente del Estado una oportunidad para crecer, intimidar y consolidar su poder económico y criminal.
En ese contexto, la narrativa de una amenaza contra quien representa la continuidad de ese modelo genera escepticismo. No porque la violencia política no sea real, que lo es y debe condenarse sin matices, sino porque su uso en medio de una contienda electoral despierta dudas legítimas. Colombia ha conocido amenazas verdaderas, dolorosas, irreparables; las ha sufrido con sangre y con vidas truncadas.
Y es ahí donde la comparación resulta inevitable. Mientras desde el oficialismo se insinúan riesgos, sectores de la oposición sí han sido objeto de amenazas concretas. Incluso, según la Fiscalía, estructuras como la llamada Nueva Marquetalia han estado vinculadas a planes criminales contra figuras políticas, como el caso de Miguel Uribe, quien, de no haber sido asesinado, seguramente hoy estaría disputando la Presidencia.
Ese es el verdadero drama de un país donde la política sigue cruzándose con la violencia. Más grave aún cuando el Estado renuncia a ejercer autoridad, los violentos llenan ese vacío. Por eso, banalizar o instrumentalizar el miedo sería un error histórico. La democracia exige responsabilidad, mesura y respeto por la verdad.
Ojalá Colombia pueda atravesar este proceso electoral sin más víctimas. Ojalá la vida de todos los candidatos, sin distinción, sea protegida con rigor. Y ojalá los ciudadanos tengan la claridad suficiente para entender qué hay detrás de cada discurso, de sus apoyos y de lo que realmente representan.
Porque, al final, más allá de las narrativas, lo que está en juego es el rumbo del país. Persistir en el camino actual no solo no ha resuelto los problemas, sino que los ha profundizado. Qué paradoja, el miedo que hoy dice sentir Cepeda es, en buena medida, el mismo que sienten millones de colombianos frente a un gobierno al que él acompaña y aspira a dar continuidad.
