Publicado por: Editorial
En el sentir de la gran mayoría de los santandereanos, la actitud del presidente Gustavo Petro hacia nuestro departamento trasciende la indiferencia y se instala en un terreno éticamente mucho más comprometido: el de la represalia política. Cada decisión, cada omisión, cada presupuesto recortado, cada obra cancelada, como la variante de San Gil, parece la aplicación de un castigo por aquel 19 de junio en que los santandereanos mayoritariamente marcaron una casilla diferente a la suya como candidato del Pacto Histórico.
La Constitución es clara, y la ley también al establecer que quien gobierna debe hacerlo para todos los colombianos, sin distingos, entre otras consideraciones, de credo, origen o inclinación política. Pero la honestidad elemental y el sentido común imponen algo aún más básico y es que no se puede maltratar a una población entera por el sentido de su libre decisión en las urnas. Gobernar no es premiar a los amigos, al tiempo que se desatiende a los adversarios, sino servir con igual esmero a quien lo eligió y a quien no.
Pero los santandereanos sienten que no ha sido así, se sienten segregados por un presidente que prefiere enfocar su atención y su inversión en lugares que le han sido políticamente más afines. Las grandes obras prometidas en materia de vías no se vieron; la infraestructura que requiere una economía pujante como la nuestra duerme en proyectos archivados; ni siquiera el sector agrícola, del cual el mandatario dice sentirse tan cercano, ha visto impulso importante en nuestros campos.
¿Qué ha pasado con los recursos para la educación departamental? ¿Dónde quedaron los compromisos de apoyo a la competitividad industrial? No es casualidad que todas estas promesas hayan quedado en el papel, sino, tal vez, el resultado de un gobierno que calcula cada peso que destina según la conveniencia electoral, lo que, como se dijo, no solamente desdice de la observancia estricta de la ley, sino de los principios éticos y morales de los que el mandatario se promulga fiel cumplidor.
Lo más grave no es solo la injusticia presente, sino el precedente que se sienta, pues si un presidente cree que puede marginar a un departamento entero por razones políticas, ¿qué queda del Estado social de derecho? La equidad territorial no es un adorno retórico, es un mandato constitucional que este gobierno ha desconocido en lo que tiene que ver con nuestro departamento. Los santandereanos, que tanto hemos aportado a la construcción de Colombia, que nos hemos ganado a pulso ser la cuarta economía del país, lo que merecemos es respeto, no desprecio.
No pedimos privilegios sino equidad y justicia. No reclamamos un trato especial, sino el mismo que reciben las regiones que sí votaron por el presidente. Exigimos vías, educación, apoyo al campo y a la industria, como cualquier otra región de Colombia. Pero desde el Palacio de Nariño sólo hay silencio, y cuando hay palabras, suelen ser para ignorarnos o para minimizar nuestras justas demandas.
Por eso alzamos la voz, no desde el rencor, sino desde la dignidad que nos sobra. Rechazamos el maltrato institucionalizado y queremos hacerle entender al presidente que Santander seguirá aquí, con su gente trabajadora, con su marcha de progreso y que la historia juzgará a quienes utilizan el poder con distintos raceros, pues gobernar es construir puentes, no echarlos al suelo.
