Publicado por: Editorial
El anuncio es tan claro como inquietante: según las autoridades en la materia, hay un 90 % de probabilidad de que el fenómeno de ‘El Niño’ se consolide en septiembre de 2026. La advertencia, con base científica, la han lanzado el Ideam y el Ministerio de Ambiente, a la ciudadanía, pero especialmente a todos los gobernadores y alcaldes del país, pues la ola de calor que se avecina para el segundo semestre en toda Colombia es una realidad climática que las autoridades regionales y locales pueden mitigar, o agravar, según lo que hagan o dejen de hacer desde ahora mismo.
Quienes gobiernan municipios y departamentos deben entender que la responsabilidad recae sobre sus hombros con un peso abrumador, pues lo que se anticipa son incendios forestales que pueden arrasar con la flora y la fauna amplias zonas, o un sistema de salud que puede verse exigido al máximo con ancianos y niños deshidratados por temperaturas insoportables. La salud de las personas estará en juego, sí, pero también la economía regional, razón de más para que se tomen oportunamente las acciones indicadas para prevenir o reducir estos efectos.
No toda Colombia sufrirá por igual, como bien ha aclarado el Ideam, pero eso implica más atención, porque mientras unas regiones arderán en sequías prolongadas, otras quizás vean lluvias atípicas, y esa desigualdad exige planes locales, no recetas únicas desde Bogotá. Las autoridades territoriales conocen sus propias cuencas, sus propios bosques, sus altas y bajas vulnerabilidades, luego no pueden simplemente esperar que el gobierno nacional se encargue de cada zona del país.
El estrés hídrico será uno de los efectos más temidos. Los embalses bajarán, algunos acueductos municipales tendrán que racionar, y la producción de alimentos se resentirá con aumentos de precio que golpearán a las familias más pobres. Pero aún hay margen para actuar: reparar tuberías que hoy pierden agua, limpiar canales, promover reservorios comunitarios, prohibir quemas agrícolas antes de que el viento y la sequía las conviertan en incendios incontrolables. Cada medida que se tome entre hoy y julio puede significar la diferencia entre una crisis manejable y una catástrofe humanitaria.
La ciudadanía, por su cuenta, debe también prevenir con seriedad, con medidas simples como almacenar agua en recipientes limpios, no esperar a que el tanque se seque. Revisar las condiciones de su techo y su ventilación, porque las olas de calor extremo no perdonan en viviendas mal diseñadas. Proteger a las mascotas, disponiendo desde ahora lugares y medios de mantenerlos frescos e hidratados, es algo que puede anticiparse también. Pero también es derecho y potestad de los ciudadanos exigir que los alcaldes y gobernadores presenten planes concretos de contingencia.
A esto deben sumarse las juntas de acción comunal, las corporaciones autónomas regionales, los consejos municipales de gestión del riesgo, todas esas instancias deben estar en vigilancia permanente.
La idea simplemente es que no se puede esperar a que septiembre nos golpee con la furia de un clima sobrecalentado. La economía, la naturaleza y la vida de miles de especies animales y de millones de colombianos están en la balanza, y de las decisiones que tomen hoy las autoridades regionales y locales dependerá hacia qué lado se incline la balanza.
