Publicado por: Editorial
Los crudos ciclos de violencia que ha vivido Santander en las últimas décadas dejaron una huella profunda en el alma de quienes padecieron sus nefastas consecuencias y, aunque de allí pasamos a unos años de calma, hoy los hechos cruentos han regresado incluso a las ciudades. Son varios barrios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón o Piedecuesta donde se puede constatar que el conflicto armado ha encontrado un nuevo escenario, pues donde antes se percibían hechos aislados de delincuencia común, ahora operan complejas estructuras criminales que disputan territorios y administran rentas ilegales, utilizando el sicariato como una herramienta cotidiana de control.
Según las autoridades, este fenómeno surgió luego de un proceso de transformación profunda del conflicto armado que hizo que el vacío dejado por antiguos actores tras los acuerdos de paz, sumado a las dificultades en su implementación, propiciara el surgimiento y fortalecimiento de nuevos grupos criminales que encontraron en las ciudades un mercado fértil, derivando la confrontación de las zonas rurales hasta los centros urbanos, como ha ocurrido últimamente en el área metropolitana, donde se ha reconfigurado casi por completo el mapa de la inseguridad.
Lo que ha ocurrido a la par con ese proceso es que el crecimiento urbano y la integración de Bucaramanga con sus municipios vecinos crearon un mercado próspero para las economías ilegales, en el que el narcotráfico sigue siendo el eje de la confrontación, pero diversificado ahora con las plazas de microtráfico y las rutas de distribución urbanas, que han producido la proliferación de organizaciones criminales. Hoy no se ven poderosos carteles, sino múltiples estructuras de primer nivel y decenas de bandas con control en los barrios, convirtiendo cada esquina en una potencial frontera invisible.
Esto se hace aún más complejo con la llegada de organizaciones internacionales a estos territorios, que proceden a asignar funciones específicas dentro de la cadena del narcotráfico y producen efectos tan indeseables como el del aumento del sicariato, que ha crecido de manera alarmante, pasando de ser un fenómeno esporádico a una práctica permanente. Las cifras son elocuentes y reflejan una consolidación de estructuras dedicadas a esta modalidad de asesinato selectivo, lo que hace más difícil desarticular las organizaciones, ya que la captura de un cabecilla no garantiza el desmonte total de la red.
Esta dinámica, según los expertos, ha generado un caldo de cultivo para la captación de menores y jóvenes, pues las organizaciones criminales ya no solo reclutan, sino que prometen dinero rápido y poder, ofreciendo una salida ilusoria a la pobreza. Esta lógica, asociada a la narcocultura, crea una generación que es a la vez víctima y victimaria, perpetuando un ciclo de violencia que las políticas públicas tradicionales no han logrado neutralizar con contundencia.
Para los ciudadanos, el impacto en su seguridad y calidad de vida es devastador, pues esas disputas territoriales por el control de las rentas ilegales han convertido la vida cotidiana en una experiencia marcada por la amenaza y el miedo que trasciende el ámbito personal y familiar para afectar incluso el desarrollo social y económico de la región.
