Imputación de cargos sacude el caso Tecnológico: retrasos, sobrecostos y escuelas en condiciones indignas.
Las voces de alarma en el colegio Tecnológico Dámaso Zapata llevan más de cuatros años reclamando atención. Allí, 3.200 estudiantes han debido soportar condiciones indignas para aprender, entre ruinas, áreas demolidas y espacios improvisados para adelantar sus prácticas académicas.
La Veeduría Ciudadana del plantel, cansada por la indiferencia institucional, ha denunciado de manera reiterada que los jóvenes carecen de talleres, auditorio y coliseo, y que incluso el edificio central presenta riesgo estructural.
“Es inadmisible que desde hace más de dos años estén sin auditorio, sin coliseo y con el edificio central a punto de caer, por la negligencia”, afirmó Johana Luna Rincón, integrante de la Veeduría, al insistir en la gravedad de la situación que hoy mantiene a la comunidad educativa en un estado de incertidumbre y frustración.
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Fiscalía toma cartas en el asunto
En este contexto de denuncias, retrasos y presuntas irregularidades, se cumple en horas de la mañana de hoy, 2 de diciembre, la audiencia en la que la Fiscalía imputaría cargos al exsecretario de Infraestructura de la administración del exalcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, el arquitecto Iván José Vargas Cárdenas.
El exfuncionario enfrentaría señalamientos por presuntos delitos como peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
El llamado es solo uno de los pasos que se darán en la investigación de este controvertido y fallido proceso de remodelación del plantel que ha desencadenado, durante los últimos años, marchas de la comunidad educativa, acciones populares y demandas.
Antecedentes
La investigación se centra en las obras de intervención de la Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata, tras un contrato que se inició por $10.497 millones y que terminó costándole al municipio más de $15 mil millones, pese a que las obras nunca se entregaron en condiciones adecuadas.
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La Fiscalía también indaga la actuación de contratistas, interventores y otros funcionarios de la Alcaldía por su presunto rol en estas anomalías y que también tendrán que responder por sus actuaciones.
A pesar de los millonarios adicionales que habrían superado los topes permitidos por la ley, el proyecto avanzó con demoras constantes, modificaciones sin sustento técnico y obras ejecutadas sin las especificaciones requeridas, tal y como la ha venido denunciando la comunidad educativa
La Veeduría denuncia
La comunidad educativa expresó su rechazo a decisiones como la demolición del auditorio principal -supuestamente para construir un coliseo que hasta hoy no existe- y de los talleres donde cientos de estudiantes adelantaban sus prácticas en electricidad, carpintería y emprendimiento.
Según los hallazgos preliminares, la arena instalada en la cancha de fútbol principal tampoco habría cumplido con las especificaciones técnicas exigidas. Así lo determinó un estudio de granulometría contratado por la Contraloría Municipal con la Universidad Industrial de Santander, que concluyó que el material suministrado no correspondía a lo estipulado en el contrato.
El proyecto, que debía terminarse en un plazo de siete meses —es decir, en enero de 2022— acumuló retrasos de al menos seis meses por fallas en la planeación, estudios deficientes y cambios en el objeto contractual, presuntas decisiones que habrían generado un detrimento al patrimonio público y un profundo perjuicio para la comunidad educativa.
Frente al prolongado abandono, la Veeduría Ciudadana interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Infraestructura, exigiendo garantías efectivas para el derecho fundamental a la educación. Mientras avanza la acción judicial y la audiencia de imputación, los estudiantes continúan estudiando en escenarios precarios, esperando que la verdad se esclarezca y que, finalmente, se les devuelva un entorno digno para aprender.
