Esperar meses por una cita médica autorizada o un tratamiento vital se convirtió en la dolorosa rutina de miles de familias en Bucaramanga y su área metropolitana.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Conseguir una cita con el especialista o recibir un medicamento ya autorizado se volvió una de las principales razones por las que los habitantes del área metropolitana acuden a la Superintendencia Nacional de Salud.
En el segundo semestre de 2025, la la Superintendencia Nacional de Salud recibió 42.664 reclamos de residentes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, unos 232 por día, según cálculos con base en los datos abiertos de la Supersalud.
Con 69.231 reclamos acumulados entre enero y agosto de 2026 —el registro más alto en una década—, Santander se consolida como uno de los territorios más críticos del país en la atención en salud, con tasas de quejas que duplican el promedio nacional y promesas de intervención gubernamental que siguen sin mostrar resultados.
La cifra equivale a 328 reclamos por cada 10.000 habitantes, 1,5 veces el promedio nacional, que está en 216. En Bucaramanga, la tasa llega a 398, casi el doble.
La tendencia no cedió este año. Según un análisis de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) con datos de la Supersalud, Santander acumuló 69.231 reclamos entre enero y agosto de 2026, el registro más alto de la década para ese periodo y 5,3 % más que en 2025.. Le puede interesar: Cinco millones de usuarios afectados: Nueva EPS anuncia soluciones en la entrega de medicamentos
Una inspección sin resultados conocidos
El 24 de julio, el entonces superintendente delegado Juan David Duque anunció en Bucaramanga una revisión a Sura, Salud Total y Sanitas por demoras en citas y en la entrega de medicamentos. El funcionario aseguró que en el país las PQR por medicamentos habían bajado 27 % y las quejas en salud 12 %, pero que las de esas tres EPS “se han disparado”.
Dos meses después, no se conocen públicamente los hallazgos ni eventuales sanciones. En ese lapso cambió la dirección de la entidad: con el nuevo Gobierno, en agosto asumió como superintendente María Andrea Godoy.
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Mientras tanto, las esperas siguen. En abril, Vanguardia contó el caso de una adolescente de 15 años con síndrome de Turner, afiliada a Nueva EPS, que desde 2023 esperaba el tratamiento que le fue ordenado. Su madre, Julieth García, interpuso una tutela en mayo de ese año y, en febrero de 2026, un fallo de desacato ordenó asignarle de inmediato las citas con especialistas y la terapia hormonal.
Aun así, según publicó este diario, la menor seguía sin consultas de ortopedia, endocrinología y genética, ni una ecografía urológica. Ortopedia es, precisamente, la especialidad con más reclamos por citas en el área metropolitana.
Cada EPS, una barrera distinta
Nueva EPS concentró el 37,2 % de los reclamos del área en el segundo semestre de 2025, frente al 24 % que pesa en el país. La mitad de sus casos fueron por medicamentos, y por sí sola explicó el 60 % de las quejas del área por ese motivo.
En Salud Total, el problema son las citas: el 54 % de sus reclamos, sobre todo en oftalmología, neurología y cardiología.
Como cada EPS tiene un número distinto de afiliados, el estudio de la UMB midió los reclamos por cada 10.000 afiliados en Santander. Salud Total encabeza con 521,5, seguida de Sanitas (320,2) y Nueva EPS (297,3). Sura, con 224,5, queda por debajo. Lea: Niño con trasplante de riñón lleva 9 meses sin medicamentos de Nueva EPS
Los pacientes crónicos, los más afectados
En 69 de cada 100 reclamos por medicamentos del área, el fármaco ya estaba autorizado y no fue entregado. Los pacientes cardiovasculares sumaron 2.896 reclamos; los de diabetes, 1.611, y los de cáncer, 961.
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Las especialidades con más quejas por citas fueron ortopedia (1.179), urología (1.165) y neurología (1.110). El 42 % de los afectados supera los 63 años, frente al 34 % en el resto del país.
Lo que dicen las EPS
El 13 de julio, la Supersalud había ordenado a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura un plan de choque para reducir las demoras en citas, con la advertencia de abrir procesos sancionatorios si no cumplían.
El Gobierno nacional, por su parte, prepara su propio plan de choque. La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, anunció que la primera fase arrancaría antes de terminar septiembre y priorizaría a los pacientes con riesgo de muerte. Quienes tienen citas o medicamentos pendientes quedarían para una tercera fase.
