Familias venezolanas beneficiarias del subsidio de arriendo en Bucaramanga esperan desde el año pasado pagos atrasados y se endeudan para no perder la casa; varias ya acudieron a la tutela. El problema viene desde el Gobierno de Gustavo Petro.
Publicado por: Danilo Cárdenas
En Bucaramanga, una mujer venezolana con ocho meses de embarazo sigue trabajando y pidiendo plata prestada para pagar el arriendo. Ese dinero debía cubrirlo un subsidio que le asignó el Ministerio de Vivienda por ser migrante, pero los pagos llevan meses de atraso. Ayer, 30 de septiembre, recibió una nueva respuesta de la entidad: su cuenta de cobro “fue revisada y se encuentra bien”. Lo que no le dijeron es cuándo le van a pagar.
“Le ha tocado conseguir la plata prestada para que no la saquen”, contó a Vanguardia una de las personas involucradas en el caso. La mujer dará a luz la próxima semana y no sabe cómo cubrirá el arriendo cuando ya no pueda trabajar.
No es un caso aislado. En Bucaramanga, 151 hogares migrantes recibieron este subsidio, según diez resoluciones de Fonvivienda de 2025, que suman $1.080 millones. Para 100 de ellos, los doce meses del beneficio ya se cumplieron. El Ministerio de Vivienda reconoce que los pagos se estancaron, pero no ha precisado a cuántas familias les deben ni de cuánto dinero se trata.
Se trata de un problema que viene desde el Gobierno anterior y muchos de estos pagos incumplidos son heredados. En ese contexto, desde la actual administración advirtieron que se está adelantando un plan de choque para ponerse al día con los giros. Le puede interesar: El plan B para los Centro Intégrate, mientras se define quién asume atención a migrantes
Otras personas afectadas
Una de las beneficiarias explica que no puede trabajar porque cuida a su esposo, a quien le amputaron la pierna derecha. Acumula entre cuatro y cinco meses de atraso y, mientras espera el subsidio, son los vecinos quienes le ayudan con el mercado.
Otra persona cuenta que los pagos no se hicieron de forma regular todos los meses. Los primeros ocho meses del beneficio, de agosto de 2025 a marzo de 2026, le llegaron todos el mismo día, el 8 de mayo. El arriendo de agosto del año pasado se pagó nueve meses tarde. Las cuotas de abril, mayo, junio y julio, cuatro de $550.000, todavía no han llegado. En su caso, los 12 meses del subsidio se terminaban a mediados de este año y ya se terminó el programa, pero hay cuotas que siguen pendientes.
Entre el arrendador y la deuda
El subsidio equivale hasta al 45% de un salario mínimo mensual durante doce meses. En las resoluciones de 2025 eso significó un tope de $640.575 al mes; en Bucaramanga, los montos asignados van de $300.000 a $640.575. El dinero no se le entrega a la familia: se gira directamente al arrendador. Cuando no llega, la cuenta la terminan pagando las familias.
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“Algunos arrendadores les dicen: ‘o pagan o se van’”, explicó la misma persona. “Entonces la gente tiene que pedir prestado, hacer malabares para pagar y esperar que, cuando al arrendador le llegue el dinero, se lo devuelva”. Esos préstamos traen sus propios problemas: intereses y cobradores que presionan.
Hay otro problema: muchas familias ni siquiera saben cuándo les pagan. Como el giro va al arrendador y no a ellas, algunos propietarios, molestos por la demora, no les avisan cuando por fin les llega la plata.
La tutela como último recurso
Durante meses, las familias escribieron, preguntaron y radicaron derechos de petición. Según cuentan, las explicaciones fueron cambiando: que las cuentas bancarias estaban inhabilitadas, que las cuentas de cobro estaban mal hechas, que había mucho volumen a nivel nacional, que no había funcionario para firmar los desembolsos. Las personas que acompañan el caso aseguran que muchas respuestas llegan iguales para todos y que en algunas hasta aparece otro nombre.
“Fuera uno o dos meses, la gente se espera. Pero cuando le deben cinco, seis, siete meses, ¿a quién se acude?”, dijo a este diario una de ellas.
Acudieron a los jueces. Según quienes acompañan a las familias, ya son seis tutelas: cinco admitidas y una sexta radicada hoy. Piden una respuesta de fondo, el pago en un plazo perentorio y que se cumpla el subsidio completo. Ayer, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga admitió una de ellas y le dio 48 horas al Ministerio y a Fonvivienda para responder.
No siempre les ha ido bien. En el caso de la mujer embarazada, el juez no encontró un “peligro inminente” porque la arrendadora confirmó que el arriendo estaba al día. Lo estaba, pero con plata prestada. Le recomendamos: Cuatro migrantes que estaban en situación irregular en San Gil fueron expulsados
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Lo que dice el Ministerio
El viceministro de Vivienda, Reynaldo D’Silva, reconoció que la entidad “identificó un estancamiento en el pago” de estos subsidios. Dijo que se puso en marcha “un plan de choque” para “depurar los trámites pendientes, corregir inconsistencias documentales y agilizar los giros”.
Sobre Bucaramanga, D’Silva atribuyó parte del problema a desembolsos rechazados “por errores en los datos bancarios de los arrendadores”. También aseguró que “no existe negativa al reconocimiento del subsidio” y que “los hogares se mantienen activos en el programa mientras subsanan”.
Sin embargo, en las respuestas que recibieron las beneficiarias de esta nota no se habla de errores. De hecho, el ministerio les dice que sus cuentas de cobro están bien y atribuye la demora “al volumen de solicitudes”.
El programa llegó a Bucaramanga en la alcaldía de Beltrán, hoy ministro de Vivienda, mediante un convenio firmado a finales de 2024. La Secretaría de Desarrollo Social seleccionó a los hogares, pero la Alcaldía no está a cargo de manejar, ni de girar los recursos.
