Demolieron tres casetas de comida en La Concordia. Las vendedoras dicen que no fueron notificadas, pero el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) asegura que el abogado que las representa estaba enterado.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Tres casetas donde tres mujeres vendían comida fueron demolidas hacia las 3:00 de la madrugada de este jueves en el barrio La Concordia de Bucaramanga, por orden de la Inspección Cuarta de Policía.
La diligencia abrió una disputa sobre la notificación del proceso: la familia de una de las vendedoras asegura que nunca recibió la orden de desalojo, mientras el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) sostiene que el abogado que las representaba fue notificado en dos ocasiones.
Las casetas estaban ubicadas en las carreras 17B y 17C entre calles 54 y 55. El operativo estuvo a cargo de unidades de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga, con apoyo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Metropolitana.
La venta de comida era su sustento
Para las tres vendedoras, esas casetas eran su fuente de ingresos. Allí preparaban y vendían empanadas, avena, almuerzos y picados de fruta. “Ellas solo saben trabajar para sacarse la comida”, dijo a este diario un familiar de una de las vendedoras. Le puede interesar: Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga: lejos del ideal de espacio público
No eran puestos recientes. Según el propio Dadep, los expedientes sobre esas casetas vienen de hace varios años y al menos una de ellas tenía servicio de energía.
Lo que dejaba la venta alcanzaba para vivir al día. “A final de mes, con que no tengan deudas y les queden 100.000 pesos, ya comen”, explicó el familiar. Una de ellas, además, tiene un hijo menor de edad.
“Mi mamá amaneció sin trabajo”, resumió. Este viernes, en lugar de atender a sus clientes, su mamá fue a la electrificadora (ESSA) a pedir que suspendieran el cobro de la luz de una caseta que ya no existe, y buscó un puesto libre en otras casetas de comida cercanas, sin encontrarlo. Según el relato familiar, en otra plaza les informaron que un negocio tenía un valor de 50 millones de pesos.
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Dos versiones sobre la notificación
Según la familia, el proceso comenzó hace cerca de un año. Una de las audiencias se aplazó porque el día de la citación nació una bebé en la familia y otra no se realizó porque el inspector estaba de viaje. Desde entonces, aseguran, no recibieron más citaciones. “Nunca les notificaron la orden de desalojo. No les llegó nada al correo ni por escrito, y al abogado tampoco”, afirmó el familiar.
El Dadep sostiene, por su parte, que las vendedoras estaban representadas por un abogado dentro del proceso policivo, que fue notificado en dos ocasiones, y que no asistieron a la audiencia de lectura del fallo. Según la entidad, el inspector ordenó al municipio recuperar el espacio por lo que el funcionario describió como “invasión del espacio público”, porque las casetas se habían tomado por completo el andén. El funcionario mencionó además que había temas de salubridad que, según dijo, constaban en esos expedientes.
¿Cómo fue el operativo?
De acuerdo con la administración local, antes de la diligencia se hizo una reunión de articulación con la Personería, que también acompañó el procedimiento. La Alcaldía dispuso camiones y personal para trasladar las pertenencias de las vendedoras al lugar que ellas indicaran.
José Guillermo Carlos Manosalva directo del Dadep afirmó que las personas entregaron el espacio de manera voluntaria. La familia confirma que no hubo resistencia, pero rechaza esa palabra: según su relato, les advirtieron que si no salían serían retiradas por la fuerza, y una de ellas fue operada de la columna y tiene dificultades para caminar. “Siempre dijimos que no nos íbamos a exponer a pelear”, explicó el familiar. “Voluntario es que yo diga: listo, me voy. Pero estaba la orden de desalojo”.
¿Qué ofreció la Alcaldía de Bucaramanga?
Según la administración local, durante el proceso se les presentó una oferta de locales comerciales, que sigue vigente, y el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imebu) les ofreció microcréditos y opciones de empleo formal.
¿Por qué la familia dice que no les sirve?
Según el familiar, en una de las plazas de mercado que visitaron no había locales disponibles, la plaza de Real de Minas tiene poca actividad comercial y la opción que les mencionaron en Feghali está destinada a la venta de ropa y calzado. También señala que en las plazas cada puesto solo puede vender un tipo de producto, lo que les impediría ofrecer el combo de empanada con avena o jugo con el que trabajaban.
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La familia sostiene que la experiencia de las tres está en la venta de alimentos y que, como ninguna terminó el bachillerato, les resulta difícil acceder a otras opciones laborales. “No les sirve un local para vender ropa o zapatos, porque de eso no tienen ni idea”, dijo el familiar, y agregó que tampoco buscan un crédito: “Ellas no quieren que les regalen la plata. Quieren un lugar para poder trabajar”. Le recomendamos: Bucaramanga: ¿Qué pasó con la recuperación de vías y andenes en Cabecera?
Lo que reportó el Dadep tras el operativo
El Dadep señaló que, una vez retiradas las casetas y recuperado el espacio público, encontró problemas de salubridad, entre ellos la presencia de una rata y cucarachas, además de elementos que, según la entidad, no cumplían condiciones mínimas.
La entidad también respondió a los comentarios en redes sociales: “Nosotros no reubicamos o no quitamos casetas, eso no es así. Lo que hicimos fue recuperar espacio público”.
El abogado de las vendedoras prepara una acción de tutela. La administración local, por su parte, insiste en que la oferta de locales y el acompañamiento del Imebu siguen disponibles.
