jueves 03 de octubre de 2019 - 12:00 AM

Denuncia de corrupción en la U. Distrital salpica a la Alcaldía de Bucaramanga por el controvertido contrato catastral

Las dudas que aún despierta el reavalúo catastral en Bucaramanga no paran. Además del millonario valor que se asumió por el controvertido estudio, hoy se suman las presuntas denuncias de corrupción que llueven sobre la Universidad Distrital, centro de educación superior encargado de hacer la controvertida radiografía.
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Las graves denuncias sobre presuntas corrupciones que hoy arrecian sobre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá salpican a la Alcaldía de Bucaramanga.

Todo surge por un convenio de $7.200 millones -incluyendo una adición de $199 millones- realizado entre el Municipio, el Área Metropolitana y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, con dicha institución de educación superior, para la implementación del cuestionado proceso de actualización catastral que se adelantó en la ciudad en el periodo de 2017 y 2018.

Ese fue el mismo estudio que disparó las tarifas del Impuesto Predial en porcentajes que oscilaron entre el 70% y el 200%, y que incluso generó demandas ante el Tribunal Administrativo de Santander y ante el Consejo de Estado.

Se habla de un presunto daño fiscal que habría hallado la Contraloría de Bucaramanga por el citado contrato catastral. Vale decir que este cobro del Impuesto Predial se encuentra suspendido por una orden judicial, producto de las citadas demandas.

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Las suspicacias que hoy genera la firma de ese contrato salen a flote en momentos en que el ingeniero Wilman Muñoz, señalado de usar dinero de la Universidad Distrital en joyas, carros de alta gama y hasta desviar recursos para la empresa de su hijo, advierte que “alistará un arsenal de denuncias para obtener beneficios judiciales”.

Y es que ante la inminencia de su condena en este proceso disciplinario que le adelanta la Procuraduría, Muñoz le ofreció a la Fiscalía información sobre otros capítulos turbios en el Instituto de Extensión y Educación del que fue director.

Dijo que durante su gestión “se cometieron delitos de corrupción administrativa contractual y financiera y pago de comisiones por presiones de funcionarios de la universidad o de políticos destacados del país”.

Al parecer, según su supuesta confesión, él hablaría en próximos días de convenios suscritos entre la Universidad Distrital con varias alcaldías, y una de ellas sería la de Bucaramanga. Es ahí donde el tema salpica a la Administración Local, como contratante de la Universidad.

La propia Contraloría de Bucaramanga trasladó a la Fiscalía General de la Nación los hallazgos encontrados sobre las presuntas irregularidades en el contrato de estudio catastral firmado por el Área Metropolitana, el IGAC y la Universidad Distrital.

Tras la investigación de la Contraloría “se detectaron cinco hallazgos de ámbito administrativos, disciplinarios y fiscales, en el que se involucran más de 4 mil millones de pesos”.

“No eran claras las cuentas de estos contratos porque ni la Alcaldía ni la Universidad demostraron las grandes diferencias en dinero entre la misma actualización que se hizo en años anteriores a ésta”, dijo la Oficina de Vigilancia Fiscal de la Contraloría en Bucaramanga.

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Hay que recordar que hace cinco años, cuando se hizo la anterior actualización catastral, tal estudio no superó el valor de $400 millones.

Responde la Alcaldía

Manolo Azuero, alcalde designado de Bucaramanga, se pronunció a través de un comunicado de prensa en el que, entre otras cosas, señaló que: “el Municipio de Bucaramanga no tiene responsabilidad alguna con respecto a los manejos administrativos y financieros de la Universidad Distrital”.

Según afirmó Azuero, “esa universidad es dirigida por un Consejo Superior, en el que tiene asiento el Ministerio de Educación Nacional y que es presidido por el Alcalde Mayor de Bogotá o por sus delegados, no por el Alcalde de la capital santandereana”.

“En este sentido, el Municipio de Bucaramanga es apenas un actor que, de buena fe y a través de la figura de los convenios interadministrativos –prevista en el ordenamiento jurídico y de aplicación frecuente –, acudió a la idoneidad técnica de otra entidad del Estado, en este caso una Universidad Pública con más de 60 años de trayectoria, con experiencia en procesos de gestión y actualización catastral y con programa académico profesional en Ingeniería Catastral”, agregó Azuero.

Y agregó que la misma Contraloría Local en su investigación también calificó de idónea a la U. Distrital.

“Así como con la Distrital, en los últimos años tanto el Área Metropolitana como la Alcaldía de Bucaramanga han celebrado de buena fe contratos y convenios de esa naturaleza con otras entidades del Estado como la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín y la UIS, por mencionar apenas dos ejemplos notables”, agregó.

“La responsabilidad y la competencia del Municipio de Bucaramanga con relación a la Distrital se limitó a garantizar la legalidad y el cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo suscrito con la Universidad, objeto que efectivamente se cumplió a cabalidad de acuerdo a verificación exhaustiva y técnica realizada en su momento por el IGAC”.

“En el momento de la contratación, ni la Alcaldía ni la opinión pública tenían conocimiento de la presunta corrupción al interior de la Universidad, ni había razones para cuestionar la probidad de sus directivos”.

Con respecto a las cuestiones administrativas del referido convenio, celebrado por valor inicial de $6.900 millones, la Alcaldía reconoce que si bien fueron necesarias adiciones significativas en plazo (nueve meses) para cumplir totalmente el objeto del mismo, la adición en valor fue de $199 millones, lo que equivale a menos del 3% del valor total del convenio. Estas adiciones cuentan con el debido respaldo jurídico y financiero”.

“Es pertinente mencionar que más del 60% de los recursos ejecutados fueron destinados a gastos de personal profesional y auxiliar, operativo y administrativo, a cargo del trabajo de campo y de los estudios técnicos propios de un proceso de actualización catastral”, puntualizó Azuero.

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