Protestas sociales, cargadas de enfrentamientos entre la fuerza pública y marchantes, es lo que se ha vivido en las principales ciudades del país. Destrozos, heridos y ánimos caldeados quedan hasta el momento, sin que se vislumbre una solución.
Publicado por: Colprensa
Las manifestaciones de esta semana demostraron que no son pocos los sectores de la sociedad inconformes con la gestión del gobierno. Si bien pareciera que los manifestantes se pronunciaron únicamente en contra de la reforma tributaria, esa no fue la única razón. También hubo espacio para protestar contra la inequidad social del país, la reforma a la salud que pasa en el Congreso sin tantos reflectores, y el descuido del Estado en las zonas más alejadas de la capital.
Los ríos humanos que se vieron, y se siguen viendo, por todo el país, no han sido un fenómeno apartado, los mismos se habían visto casi dos años atrás con el paro nacional del 21 de noviembre, donde los manifestantes, impulsados por una ola de cambio que provenía de Chile y Ecuador, salieron a las calles a protestar. En ese momento también contra una reforma tributaria y contra algunas reformas a los sistemas laboral y pensional en el país.
En esa ocasión, el Gobierno instaló la llamada Gran Conversación Nacional, una plataforma que pretendía dialogar con los sectores de forma separada para llegar a consensos que permitieran desactivar la protesta. En principio el encargado de la coordinación fue el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y hoy ministro de Defensa, Diego Molano.
En su momento el mandatario indicó que la idea era que la plataforma de la conversación nacional fuera “abierta y permanente, donde las ideas que ustedes están compartiendo puedan llegarles a los moderadores que tenemos en cada uno de los espacios y nos ayuden a construir ese proyecto colectivo en estos temas, que son de enorme sensibilidad para los ciudadanos”.
Según dijo, esa plataforma era “un espacio único, donde todos podemos construir país”. Sin embargo, en términos concretos el gobierno no obtuvo resultados o no supo comunicar los que obtuvo. Pues pese a que los sucesivos paros luego del 21 de noviembre, casi una semana de protestas, dejaron de suceder, los críticos aseguran que los problemas de fondo no se solucionaron.
Tras la época decembrina, que ayudó también a calmar los ánimos de los manifestantes, en marzo el entonces director del Dapre publicó los logros de la mesa nacional, según dijo, “demostró que el Gobierno del Presidente Iván Duque escucha y actúa. Escuchó a los jóvenes su necesidad de empleo y firmó el decreto que ha servido para que hoy más de 12 mil jóvenes estén vinculados al Estado, sin requisitos de experiencia”.
Para Molano, en su momento, el mandatario escuchó a los estudiantes “acelerando la reforma al Icetex y a la implementación de un plan de alivios para 120 mil ciudadanos con créditos educativos”. Así mismo, según Molano, “escuchó a los campesinos y aseguró un billón de pesos anuales para 5000 kilómetros de más y mejores vías terciarias que se traducen en más competitividad y conectividad para las regiones”.
Además, indicó que “escuchó a los comerciantes y lanzó la estrategia de ‘Economía para la Gente’ con la que apoyaremos el crecimiento y la sostenibilidad de más de 582 mil iniciativas productivas de población vulnerable y microempresas en diversos sectores, con recursos por 1.72 billones de pesos”.
El hoy ministro enumeró otros logros, sin embargo, estos no continuaron como una política de Estado pues nadie contaba con que en marzo de 2020 fuera necesario tomar medidas extraordinarias para sobrellevar la pandemia. Sin embargo, la conversación nació coja pues la crítica más grande que se le hizo a la gran conversación fue que las mesas no citaron a las cabezas de los manifestantes sino a las autoridades políticas como alcaldes y gobernadores, contra quien los manifestantes también se pronunciaron en las calles.
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organizaciones civiles firmaron un documento en donde alertan sobre las posibles violaciones cometidas por agentes estatales en estos días de paro.
De hecho, este año en entrevista con Colprensa el nuevo director del Dapre, Víctor Muñoz, aseguró que en el diálogo nacional “se hicieron las distintas mesas, se trabajaron las temáticas y muchos de los temas que allí fueron tratados fueron incorporados en proyectos de decretos y en trámites de proyectos de ley, toda esa información se encuentra disponible en un proceso de participación colectiva en cabeza del doctor Diego Molano que coordinaba con la Vicepresidencia esa conversación. Las conclusiones de las mesas han sido trabajadas por diferentes sectores”. Sin embargo, no hay un resultado claro sobre la discusión.
En 2019 se vieron marchas, más violentas el 21 de septiembre y el 22 de noviembre, esta vez por los abusos cometidos por la fuerza pública en el control de las protestas, una actitud que, hasta ahora, se ha investigado pero sin reformas de fondo a la operación de los cuerpos de seguridad del Estado.
Así las cosas llegamos a la manifestación del pasado 28 de abril que logró convocar a distintos sectores de la sociedad contra una nueva reforma tributaria que se discute en el Congreso. Aunque esta vez la justificación del ejecutivo para presentar la reforma es que se debe continuar con la financiación de las ayudas sociales con las que se atienden los sectores vulnerables en la pandemia, ese discurso no ha logrado impactar a las masas que han asimilado, en cambio, que la reforma trae aumento del IVA y de la renta afectando a la clase media y a la clase trabajadora.
Esta vez, el presidente no propuso un gran diálogo nacional, como la vez pasada, ni tampoco durante sus intervenciones mencionó la estrategia protagonista hace dos años. Esta vez, acudió a las instituciones para que sea en ellas donde se discuta la reforma.
“Actuaremos buscando consensos y soluciones, aquí no hay victorias individuales. Esperamos transitar por estas tempestades para que este sea un año de reactivación, protegiendo a los colombianos de bien de las agresiones de los violentos, los vándalos y los delincuentes”, dijo el pasado miércoles en el programa Prevención y Acción.
Este llamado lo hace el mandatario a unos partidos políticos que no generan confianza en la población colombiana. El último barómetro de las Américas, 2018, indica que en Colombia los ciudadanos que confían en los partidos políticos no supera el 20%, ese es el mismo porcentaje de personas que confían en el Congreso.
¿Cómo resolver el problema?
El problema social en Colombia se evidencia cada vez que hay manifestaciones y no parece un fenómeno pasajero sino permanente. Mientras unos dicen que las marchas son una demostración del talante de la democracia colombiana, otros como el expresidente Álvaro Uribe sostienen que pueden ser un peligro para la misma. Lo cierto es que la gran afluencia en las manifestaciones es un indicador del profundo descontento social que hay en el país.
Varios analistas consultados por Colprensa aseguran que el gobierno debe retirar la reforma tributaria y realizar un diálogo con todos los sectores sociales que permita calmar los ánimos enardecidos de la protesta social.
Según Carlos Arias, profesor de la maestría de comunicación política de la Universidad Externado, “la única herramienta que le queda al gobierno es la concertación política auténtica con diferentes sectores que no necesariamente estén representados por los empresarios o la clase política tradicional. Es necesario que el gobierno entienda que el ciudadano del común y las organizaciones sociales están a punto de estallar y que hay un sentimiento de indignación que requiere ser escuchado antes de que explote”.
Según dijo, “el discurso político de los funcionarios debe estar encaminado a demostrar que el ejemplo comienza por casa, es decir, que hasta que el gobierno no demuestre que quiere una reforma estructural a los casos propios del gobierno no va a ser posible que los ciudadanos entiendan que tienen que contribuir al tributo. Además, el gobierno debería hacer una verdadera pedagogía de la importancia del tributo y de la situación actual que podría repercutir en la generación de empleo en la clase media, así como lo han expresado”.
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Para el experto “el diálogo con los partidos no va a ser suficiente, eso no solo va a quemar la reforma, sino que la poca imagen de favorabilidad y la poca gobernabilidad del presidente se van a acabar. A él le debe importar el fenómeno político que se va a generar en contra de su colectividad, y ese podría ser el llamado de acción que debería escuchar, de lo contrario la derecha va a perder una altísima representación política”.
Por otro lado, Juan Carlos Ruiz, profesor de la facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, indica que para disminuir la presión social es necesario que “se retire el proyecto de reforma tributaria. La reforma nació con un gran defecto y es que no se discutió con los trabajadores, los pensionados y los conglomerados sociales que están prestos a discutir estos proyectos que afectan a la sociedad”.
Para Ruiz “a pesar de que el presidente Duque ha mostrado una intención de diálogo, en esta ocasión, quizá aconsejado por su Ministro de Hacienda, va a tratar de mover el Congreso directamente sin concertar con los diferentes grupos sociales. La manifestación de ayer fue muy importante no solo en ciudades principales sino en ciudades intermedias, lo que demuestra que la gente no se va a dejar quitar las reivindicaciones que obtuvo en los últimos 20 años”.
Por otro lado, Bibiana Clavijo, politóloga de la Universidad del Rosario, considera que la solución para el gobierno es la de “conectarse con la ciudadanía. En el gobierno están desarticulados del malestar social que hay en Colombia. Esta reforma no va para ningún lado, los partidos han manifestado que no lo apoyan, este no es un juego de autoridad, tal vez el gobierno podría contemplar la posibilidad de retirarla e involucrar a los que se van a ver impactados por la reforma y los inviten a la construcción de una nueva alternativa”.
Por último, el profesor Jorge Iván Cuervo, analista del Centro de Investigaciones de la Facultad de Gobierno y Finanzas de la Universidad Externado, asegura que el gobierno debe desarrollar un diálogo social, pero no con las mismas condiciones que el de la vez pasada, “yo participé de la llamada Conversación Nacional y eso no era un diálogo era un monólogo, el gobierno impuso los temas, definió los esquemas de reunión y prácticamente dijo: ‘aquí se habla de lo que yo digo’. Las reuniones eran de tres horas y dos horas echaban un cuento, todas las entidades del Estado y eso terminó en nada”.
Para Cuervo, “la situación en este momento es tan grave y tan crítica que el gobierno necesita un mediador para los efectos del diálogo social, pueden ser los organismos internacionales como las naciones unidas, o la embajada de Noruega. Aquí hay muchos conflictos para el diálogo directo por prejuicios ideológicos y otras situaciones. Si se vuelve a intentar un diálogo de ese tipo va a terminar en más frustración y más gasolina para seguir avivando este conflicto”.
