La deuda es con la verdad y la justicia, pero también con el fallecido Jorge Enrique Pizano, el auditor que Aval contrató para revisar los contratos de la Ruta del Sol 2 y que dijo que el conglomerado de Sarmiento ya sabía de los contratos falsos y sobornos.
Publicado por: Colprensa
Hace algunos días, las autoridades de Estados Unidos comunicaron que el grupo Aval firmó un acuerdo con la Comisión de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de ese país en el que acepta su responsabilidad por el pago de sobornos en Colombia, en complicidad con Odebrecht, algo que habían negado por años.
Los sobornos tuvieron relación con la adjudicación de la ruta Ocaña-Gamarra, correspondiente al segundo tramo de la Ruta del Sol.
Al menos 28 millones de dólares se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, lo que terminó generando ganancias indebidas por más de 32 millones de dólares en Aval.
Ya se habían adelantado investigaciones en Colombia, pero, frente a lo aceptado en Estados Unidos, se quedaban cortas.
La aceptación de responsabilidad por parte de Corficolombiana y Aval implicó detener las investigaciones en su contra en Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan los compromisos adquiridos con las autoridades de ese país.
Frente a la confesión de Aval, el Gobierno colombiano busca que los hallazgos de la justicia norteamericana permitan reactivar los procesos en Colombia.
Así lo aseguró la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien pidió a la Cancillería adelantar los trámites diplomáticos necesarios para obtener la información correspondiente de parte de las autoridades estadounidenses.
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Petro se refirió al caso
El presidente Gustavo Petro también se dirigió al Ministerio de Exteriores para pedirle que no solo active canales con Estados Unidos, sino también con Brasil, el país originario de Odebrecht.
La pretensión del Gobierno contrasta con lo dicho por el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene a su cargo el grupo de la Fiscalía para investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia, que afirmó que los procesos contra directivos del grupo Aval, con excepción del condenado expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, quedaron cerradas.
¿Qué puede pasar en Colombia, entonces, con la información en contra del grupo Aval recogida por las autoridades norteamericanas? ¿Es posible que se reabran procesos tanto en lo penal como en lo que tiene a su cargo la Superintendencia de Sociedades?
Entre las pruebas a las que el Gobierno podría acceder están dos coimas clave pagadas por Corficolombiana. Una de 3,4 millones de dólares que, según las autoridades estadounidenses, no se ha investigado en Colombia, y otra que recibió un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos del que todavía no se conoce su identidad.
¿Quién es el responsable del soborno?
José Elías Melo, condenado a once años de prisión en 2019 por cohecho y celebración indebida de contratos, y quien, de acuerdo con la aceptación del Grupo Aval, sería el principal responsable de los sobornos, negó haber participado en ellos y señaló a otros miembros del conglomerado empresarial.
“De ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol II por 28 millones de dólares entre 2014 y 2016 a que alude el punto 15 del documento de la SEC”, dijo el sentenciado exdirector de la filial de Aval, quien aún defiende su inocencia, en un comunicado.
“Yo, como presidente de Corficolombiana nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol”, insistió.
Cualquier investigación penal en ese sentido estaría en manos de la Fiscalía, una vez se tenga esta información, que, paradójicamente, proviene originalmente de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio proporcionó asistencia en las investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Pablo Felipe Robledo, en diálogo con Colprensa, dijo que a estas alturas la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene nada más que hacer, sino que le corresponde a la Fiscalía actuar, no solo cuando llegue la información de Estados Unidos, sino con la que tienen actualmente, “con testigos del caso, computadores, teléfonos y pruebas que deben buscar en todo lado”.
“Ese cuento de que en el grupo Aval solo Melo participó no se lo cree nadie”, dijo Robledo. “Vaya usted y pida un crédito al Banco de Bogotá, de Sarmiento, a ver cuánta gente se entera: uno tiene que aprobar, uno tiene que desembolsar, otro tiene que verificar que usted pague”.
En Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas, le explicó el abogado Francisco Bernate a Colprensa. Por tanto, solo se puede procesar penalmente a personas o grupos de personas.
La tesis según la cual Melo es el único al que se le puede señalar, como dijo Gabriel Jaimes, se sostiene solo si actuó solo, corroboró Bernate.
No obstante, en este punto, al menos seis años desde que estalló internacionalmente el escándalo de Odebrecht, esa postura entra en contradicción con lo que han revelado las investigaciones e incluso el mismo ente acusador:
Hubo un sofisticado esquema de sobornos que penetró toda esfera de poder donde llegó, incluyendo a Colombia. José Elías Melo difícilmente hubiera podido coordinar solo toda la complejidad del entramado.
En todo caso, “Melo solo confesó 6.000 millones de pesos de sobornos a la justicia colombiana”, señaló el presidente Gustavo Petro. Como el acuerdo con Estados Unidos se refiere a más de veinte millones de dólares, “Alguien miente. El proceso debe reabrirse en el caso Melo”.
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