La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por casi 68 mil millones de pesos en medio del escándalo de corrupción de Centros Poblados.
Publicado por: Colprensa
De acuerdo con la Contraloría, las irregularidades en el contrato de aporte 1043 de 2020 llegaron "como consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna". Por eso, al momento de entregar varios equipos como parte de un programa de conectividad, no se cumplió con la meta establecida.
La idea del proyecto Centros Digitales era instalar más de 7.2 mil centros digitales en 16 departamentos del país. Sin embargo, además de que los equipos no se entregaron, hubo "deficiencias en el control y seguimiento adelantado por la interventoría en cumplimiento del contrato 1045 de 2020".
La Contraloría decidió imputar a todos los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, así como a su representante legal, Luis Fernando Duque Torres, quien el año pasado firmó un preacuerdo con la Fiscalía por los hechos que derivaron en el desvío de casi 70 mil millones de pesos, entregados como un anticipo del dinero que se iba a invertir en el programa de conectividad.
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"En calidad de contratistas no ejecutaron el contrato 1043 de 2020 en los términos pactados, lo que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado, asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objetivo era instalar soluciones de acceso comunitario a internet gratuito en 16 departamentos", subrayó el ente de control fiscal.
De acuerdo con la entidad, la falta de ejecución del contrato llevó a la terminación anticipada del mismo. Además, se entregó una garantía bancaria falsa, "sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo".
Además de los miembros de Centros Poblados, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal a los miembros del consorcio interventor, pues ellos aprobaron unas órdenes de pago sin verificar los documentos que las respaldaban. "Es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos para la instalación".
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Por último, la entidad de control resaltó que debía solicitarse una reunión del comité fiduciario antes de girar los recursos, algo que no se cumplió, y le imputó responsabilidad fiscal a los funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una unidad administrativa del Ministerio de las TIC.
La Contraloría decidió, por otro lado, archivar la investigación contra otros quince presuntos responsables fiscales. Entre ellos, Emilio Tapia, quien seguirá procesado por parte de la Fiscalía, pero no por hechos que comprometan la gestión fiscal, que es lo que le compete a la Contraloría.
