La investigación se centró en el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho funcionarios y contratistas de la SIC, quienes son objeto de escrutinio por parte del órgano de control.
Publicado por: Colprensa
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a presuntas irregularidades detectadas durante una visita administrativa llevada a cabo en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La investigación se centró en el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho funcionarios y contratistas de la SIC, quienes son objeto de escrutinio por parte del órgano de control.
Las pesquisas se desencadenaron luego de una vigilancia preventiva realizada sobre el procedimiento en cuestión, donde la Procuraduría identificó que la SIC solicitó acceso a información sensible relacionada con el censo electoral, la cual está protegida por carácter reservado.
La Procuradora #MargaritaCabello anuncia investigación contra funcionarios de la @sicsuper por presuntas irregularidades durante visita administrativa a la @Registraduria. #EsNoticia pic.twitter.com/jA6bmBklgm
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 19, 2024
Según la Procuraduría, se encontró que se solicitaron copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares de uso personal, entre otras irregularidades.
Ante estos hallazgos, la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, respondió a las acusaciones de la Procuraduría, defendiendo las acciones de la entidad.
Rusinque afirmó que las visitas administrativas realizadas por la SIC se basan en el ejercicio legítimo de las facultades establecidas en la constitución, la ley y los decretos reglamentarios, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas de libre competencia en los procesos de selección públicos.
“Las preocupaciones que ha manifestado la Procuraduría han sido analizadas por diversas autoridades jurisdiccionales, incluida la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales administrativos”, dijo Rusinque.
“En múltiples decisiones judiciales que son vinculantes para las autoridades, se ha avalado la legalidad de las actuaciones de la Superintendencia”, concluyó la Superintendente.
