La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el decano de la facultad de derecho de la Universidad del Cauca, Édgar Camacho Godoy y otros funcionarios, por presunta omisión frente a conductas de violencia sexual contra estudiantes.
Publicado por: K.M.
Los exdecanos Roberto Rodríguez Fernández y José Reinaldo Pisso, así como la profesional universitaria Janny Katiana Santacruz Amador, también están involucrados en la presunta omisión frente a hechos de violencia sexual en la Universidad del Cauca.
El Ministerio Público investiga si los implicados minimizaron las denuncias de violencia sexual presentadas por las estudiantes, exigieron pruebas de las conductas del docente acusado y, finalmente, no dieron el debido trámite a las declaraciones de las víctimas.
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Según las investigaciones, estas declaraciones habrían permanecido en formato digital en la decanatura desde 2016 hasta que la Procuraduría efectuó la solicitud probatoria en 2023.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca subrayó que la violencia institucional se manifiesta, entre otros aspectos, en la inactividad de quienes tienen la obligación de actuar, lo cual disminuye significativamente las posibilidades de las víctimas de obtener justicia.
Para la entidad, los implicados tenían el deber de alertar a las autoridades sobre los casos de violencia sexual denunciados y, en consecuencia, darles el trámite correspondiente según sus competencias.
La @PGN_COL formula cargos🚨al decano y exdecanos de @unicauca por la presunta omisión frente a las denuncias de violencia sexual en esa institución. ¡Cero tolerancia a la violencia sexual en entornos escolares! #EsNoticia 👉 https://t.co/DsooflFTi9 pic.twitter.com/I1zCi8k7xQ
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 28, 2024
En esta etapa procesal, las faltas de los implicados han sido calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima, mientras que la de la funcionaria Janny Katiana Santacruz Amador ha sido calificada como grave con culpa gravísima. Esta calificación destaca la gravedad de las omisiones y la responsabilidad de los funcionarios en la protección de los derechos de las estudiantes.
Este proceso se origina en la compulsa de copias de los cargos proferidos recientemente por la Procuraduría contra el docente Milton Javier López García, acusado de presunto acoso sexual contra diez estudiantes y actos sexuales violentos contra una alumna más. La actuación contra López García fue el detonante que reveló las omisiones de los funcionarios ahora investigados.
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La Procuraduría ha puntualizado que este asunto será remitido por competencia para juzgamiento, buscando con ello que se haga justicia y se restablezcan los derechos de las víctimas. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta institucional frente a denuncias de violencia sexual en el ámbito académico y garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos los estudiantes.
Con información de la PGN.
