Por seguridad, no se revela el número de escoltas de la familia presidencial, por lo que no se sabe si los más de 30 que salieron son todos o solo algunos del equipo de agentes que protege a los más allegados al mandatario.

Publicado por: K.M.
Esta semana se supo que Verónica Alcocer, primera dama, y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia -Dapre, habían solicitado cambios en su esquema de seguridad.
Desde la Unidad Nacional de Protección -UNP, dirigida por Augusto Rodríguez, se informó que se trató de cambios puntuales, pero de acuerdo a investigación de El Colombiano, se conoció que no solo fue una barrida de más de 30 escoltas, sino que se trataría de otro capítulo de la llamada “guerra fría” en la Casa de Nariño entre los dos anillos más cercanos al presidente Gustavo Petro: de un lado Sarabia y Alcocer, y del otro los ex-M19.
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Por seguridad, no se revela el número de escoltas de la familia presidencial, por lo que no se sabe si los más de 30 que salieron son todos o solo algunos del equipo de agentes que protege a los más allegados al mandatario. La mayoría de ellos fueron echados y apenas un puñado continúa en la entidad por tener fuero sindical.
Varios de los escoltas despedidos confirmaron que no los movieron, sino que los echaron, y algunos están tan molestos que han interpuesto una queja ante la Procuraduría, aunque prefieren no revelar sus identidades por temor a represalias.
Aunque es normal que en los esquemas de protección se produzcan cambios periódicos por seguridad y labores de contrainteligencia, no es usual que se eleven denuncias a la Procuraduría por presunta extralimitación de funciones contra tres servidores públicos de la Policía encargados de la seguridad presidencial, entre ellos el coronel Carlos Alberto Feria.
@laurisarabia @Veronicalcocerg Su Petición Caprichosa de Sustituir su Seguridad de @UNPColombia por el @ContactoDapre hoy tiene 43 Familias Colombianas sin su Mínimo Vital eso no fue lo que Prometió el Dr @petrogustavo en Campaña @sinsergen @mindefensa pic.twitter.com/kLbYsbMwFV
— UTC FISCAL NACIONAL (@NacionalUtc) June 25, 2024
Consultado sobre el tema, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, explicó que los escoltas son suministrados por empresas UT y que, cuando son rotados, regresan a esas empresas, que los asignan a otros esquemas según las solicitudes de la UNP.
Sin embargo, la realidad parece ser diferente, ya que los escoltas fueron despedidos definitivamente y algunos han quedado desempleados sin poder conseguir fácilmente trabajo debido a la sospecha que genera su abrupta desvinculación.
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Hacían vaca para pagar peajes
Además de la presunta extralimitación de funciones, la molestia de los escoltas también se debe a que tuvieron que crear un fondo colectivo, una especie de vaca, para cubrir gastos diarios como el pago de peajes y servicios mecánicos o de lavado de camionetas que no debían correr por su cuenta, pero que terminaron pagando para prestar un mejor servicio. Según ellos, nunca se les devolvió ese dinero.
El Colombiano contactó al coronel Carlos Alberto Feria a través de Presidencia. La respuesta de Presidencia señala que los cambios en el esquema de seguridad “son confidenciales y se realizan bajo la potestad de la Jefatura para la Protección Presidencial. Estas decisiones tienen como objetivo salvaguardar la vida, integridad física, libertad personal, seguridad individual e imagen de la familia presidencial”.
Más allá de las denuncias por presunta extralimitación de funciones, la cesación de los contratos de los escoltas demuestra que hubo una decisión puntual para removerlos de los esquemas de Palacio y, posteriormente, de la UNP.
#Colombia | Fuentes revelaron los últimos días que la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habían solicitado cambios de su esquema de seguridad.
— EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) June 28, 2024
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Esta decisión se da en medio de las alertas por un supuesto “fuego amigo” denunciado por Alcocer, aunque funcionarios del Gobierno, como Carlos Ramón González, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI, y Augusto Rodríguez, director de la UNP, han negado categóricamente esta situación.
La tensión se incrementa con acusaciones de supuestas chuzadas a magistrados, opositores y periodistas por parte de la DNI, aunque no hay pruebas concretas más allá de la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, sobre la interceptación ilegal de su teléfono.
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En las últimas horas, tras una reunión entre Carlos Ramón González y Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se confirmó la salida del coronel Edwin Chavarro, director de Contrainteligencia de la DNI. El Gobierno aclaró que el cambio de Chavarro no tiene relación con las denuncias por seguimientos, desmintiendo cualquier vinculación con las interceptaciones ilegales.
Con información de Colprensa.
















