Tras salir salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, la Procuraduría abrió indagación en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
En la mañana de este viernes, 26 de julio, la Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió indagación en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La decisión del Ministerio Público también se da en contra del embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero; el exdirector del Dapre y hoy director de Inteligencia, Carlos Ramón González y varios congresistas de las comisiones económicas que habrían sido beneficiados con la contratación de Gestión del Riesgo.
En el listado de congresistas figuran Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís, quienes, según Olmedo López, habrían presionado para que direccionaran contratos por $92 mil millones desde la Ungrd.
El Ministerio Público sostuvo que se analizará la eventual participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos, con cargo a recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno.
“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, afirmó la Procuraduría.
Entre tanto, también se investiga al expresidente del Senado, Iván Name; y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por presuntamente haber recibido altas sumas de dinero por parte de SneyderPinilla y Olmedo López, a través de Sandra Ortiz, quien fue la alta consejera para las regiones durante los primeros años del Gobierno Petro.
La orden de Bonilla
Con contratos direccionados para tres regiones del país, según Olmedo López, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría ordenado “comprar” congresistas de las comisiones económicas para que aprobaran y votaran favorable los diferentes proyectos de ley e iniciativas en el Legislativo.
“Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos de un alcalde y hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, aseguró el exfuncionario ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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Según relató el exfuncionario del Gobierno Nacional, la orden era que, mediante contratos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lograra tener las mayorías en las comisiones del Legislativo donde se estaban adelantando las diferentes iniciativas.
“Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. O saque adelante su proyecto de ley. Pero esto era a congresistas, no a ciudadanos (...) Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar entregar los contratos dirigidos para unos municipios específicos a cambio de que voten en la comisión, en las mayorías”, afirmó López.
En la revelación del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, se sostuvo que dichos contratos, para los cuales se habían destinado $92.000 millones, no se dieron debido a que estalló el escándalo de la compra de 40 carrotanques, por un valor superior a los $46.000 millones, la cual estuvo direccionada a una empresa experta en suministro de abarrotes y cárnicos de animales aptos para el consumo humano.
Los ‘jugosos’ contratos
Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López aseguró que la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte, fue a su despacho en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como intermediaria para agilizar los contratos que estaban direccionados para beneficiar a otros congresistas.
“Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después a preguntarme para impulsar los contratos, no solamente me dice, ‘vengo a nombre de’, y me menciona al representante Manzur y lo que hago es que le entrego mi librera y le digo que escriba para qué se trata”, afirmó Olmedo López en la diligencia judicial ante el alto tribunal, que fue publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
Los congresistas que habría salido beneficiados serían Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Karen Astrith Manrique (curul de paz) Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador) Y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal).
Para el departamento de Bolívar se iba a destinar un contrato por $11.700 millones que iban direccionados para el municipio de Carmen de Bolívar. El segundo tenía destino el municipio de Saravena, Arauca, por $34.000 millones. La representante Karen Manrique es de esta región del país. Y el último para Cotorra, en Córdoba, por $46.000 millones.
