Entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024, la Sala Especial de la Corte Constitucional verificó la persistencia de amenazas graves, homicidios y atentados contra la población firmante del Acuerdo de Paz.
Publicado por: A.C.
La Corte Constitucional emitió este viernes una orden para reforzar las medidas de seguridad dirigidas a los excombatientes del Acuerdo de Paz en ocho macrorregiones de Colombia.
La Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) documentó serias afectaciones en las regiones noroccidente, suroccidente, sur-amazonía, Ccaribe, nororiente, centro andina, centro oriente y orinoquía, resaltando los riesgos extraordinarios que enfrentan estos ex combatientes en su proceso de reincorporación.
Entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024, la Sala Especial constató la persistencia de amenazas graves, homicidios y atentados contra la población firmante del Acuerdo de Paz.
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La Corte expresó su preocupación por la macro victimización en el sur del país, especialmente en Miravalle y otras áreas severamente afectadas. La situación ha llevado a muchos a considerar el abandono de sus territorios, comprometiendo sus proyectos y formas de sustento.
En respuesta, la Corte ordenó al Ministro de Defensa informar sobre el estado de los dispositivos de seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva en varias regiones, incluyendo Antioquia, Chocó, y Valle del Cauca, entre otras.
Asimismo, el Ministro del Interior deberá proporcionar un informe sobre las medidas preventivas y los avances de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización en las regiones afectadas. La Corte enfatizó la necesidad de una respuesta integral y coordinada para proteger la vida y la seguridad de los firmantes del acuerdo.
En el ámbito de la política criminal, la Corte advirtió la falta de avances significativos en la judicialización de crímenes contra excombatientes, por lo que solicitó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General que intensifique las investigaciones y judicializaciones de las estructuras armadas ilegales responsables de estos delitos.
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La Unidad Nacional de Protección (UNP) también recibió la orden de reevaluar los riesgos en los AETCR y áreas de reincorporación, considerando medidas diferenciadas para zonas cercanas a grupos étnicos.
Finalmente, la Corte exhortó a las entidades correspondientes a cumplir con el plan piloto para atender la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en el AETCR Miravalle y áreas cercanas.
Con información de Colprensa.
¡PETRO ESTÁ HACIENDO TRIZAS LA PAZ!
— Lucas Durán Hernández (@LucasDH41) July 16, 2024
Dejaron desprotegida a la comunidad desmovilizada del ETCR Miravalle y, pese a los llamados de los excombatientes y la Procuraduría, no han hecho nada para protegerlos y evitar su desplazamiento.
¡Qué incoherencia e incompetencia! 🇨🇴 pic.twitter.com/1tC7IQd35S
