Luis Alonso Colmenares cuestiona el Decreto 480 de 2025 y alerta sobre los riesgos de corrupción, falta de control y abandono sanitario en comunidades indígenas.

El contador público y docente universitario Luis Alonso Colmenares lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos del Decreto 480 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) como una política de Estado. Aunque esta norma busca garantizar la autonomía de los pueblos indígenas en el manejo de su salud, Colmenares considera que puede convertirse en un escenario ideal para la corrupción, la improvisación y la desatención sanitaria.
En conversación con medios nacionales, Colmenares aseguró que el decreto, lejos de representar un avance real para las comunidades originarias, podría agravar la crisis de salud que viven muchas de ellas. Uno de los puntos que más preocupa al académico es que los mismos actores encargados de prestar los servicios de salud indígena tendrían también la tarea de vigilar y controlar su funcionamiento. “Es como poner al ratón a cuidar el queso”, dijo, haciendo referencia al riesgo de que se repitan casos como los de La Guajira, donde algunos líderes han acumulado fortunas mientras niños wayuu mueren por desnutrición y enfermedades prevenibles.
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Autonomía sin transparencia ni garantías de calidad
El docente universitario también advirtió sobre la flexibilización de los estándares en las Instituciones Prestadoras de Salud Indígenas (IPSI), las cuales quedarían exentas de cumplir requisitos de calidad, infraestructura y personal médico calificado. En su opinión, esto pone en riesgo la atención básica en zonas donde ya hay puestos de salud sin medicamentos, sin médicos y con graves carencias estructurales.
Otro aspecto sensible es la llamada “objeción cultural”, que permite rechazar tratamientos médicos con base en la cosmovisión ancestral. Colmenares reconoce la importancia de respetar las tradiciones, pero recalca que esta figura no puede convertirse en una excusa para negar vacunas, atención neonatal o intervenciones de urgencia. “La autonomía no puede ser sinónimo de abandono”, sentenció.
Además, alertó sobre el manejo de los recursos públicos. El decreto permite transferencias directas desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a los territorios indígenas, sin exigir mecanismos estrictos de rendición de cuentas. Según Colmenares, esto facilitaría el desvío de fondos hacia lujos personales y gastos ajenos a las verdaderas necesidades comunitarias.
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— ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) May 5, 2025
SISPI: Un Peligroso Experimento con la Salud Indígena.
Lo que se presenta como un avance para la autonomía de los pueblos indígenas podría convertirse en una puerta abierta a la corrupción y al abandono sanitario de las comunidades más vulnerables.… pic.twitter.com/7TJU5JZNrZ
También cuestionó la ausencia de controles en los autocensos indígenas, los cuales sirven como base para asignar recursos. A su juicio, esta falta de verificación puede dar pie a la manipulación de cifras y la aparición de “afiliados fantasmas”, lo que inflaría los presupuestos de manera fraudulenta.
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Para el experto, el país no necesita sistemas paralelos sin vigilancia, sino un enfoque intercultural con garantías reales de calidad y transparencia. “Si el objetivo del Gobierno es proteger la vida y la dignidad de los pueblos indígenas, entonces la rendición de cuentas debe ser clara, rigurosa y constante”, concluyó.
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