Un video fue la prueba reina del maltrato que sufren las niñas en esta comunidad.
Un video que circuló masivamente en redes sociales el pasado 29 de mayo, mostrando una violenta agresión contra una menor de edad indígena del pueblo Emberá Chamí, ha generado una fuerte oleada de indignación ciudadana, el pronunciamiento de autoridades nacionales y la activación urgente de protocolos de protección por parte del Estado colombiano.
Video muestra el maltrato
La grabación, proveniente del resguardo indígena de Gito Dokabu, en Pueblo Rico (Risaralda), muestra a dos hombres golpeando brutalmente con tallos de caña a una niña de 13 años, mientras esta permanece colgada de una viga del techo con los brazos amarrados. Una mujer la cubre con una manta y participa en la escena, mientras otras personas, entre ellas menores de edad, observan sin intervenir.
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Defensoría del pueblo se pronuncia
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó el hecho como una manifestación de violencia estructural. “Esto no es un caso aislado ni excepcional. Es la expresión cruda de una violencia sistemática contra mujeres y niñas, presente en todos los territorios y culturas del país”, afirmó.
Lo que ha ocurrido con la niña indígena del Pueblo Emberá, en Risaralda, que fue víctima de violencia física y difundido en redes sociales, no es solo un caso aislado ni un hecho excepcional: es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa la niñez y… pic.twitter.com/Tz5KpB5c3J
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 31, 2025
Marín fue enfática en declarar que ningún argumento de autonomía indígena, tradición o costumbre puede justificar agresiones de este tipo. “Ninguna práctica cultural está por encima del interés superior de la niñez”, dijo, y al mismo tiempo rechazó los ataques racistas contra las comunidades indígenas derivados de este hecho. “No se puede responder a un acto de violencia con más discriminación”, agregó.
La menor fue trasladada de inmediato al hospital Santa Mónica de Dosquebradas, tras la activación de la ruta de atención por parte de la Secretaría de Salud de Risaralda y la Procuraduría Regional. Presentaba múltiples heridas en extremidades y signos de trauma. Actualmente se encuentra bajo protección estatal en un hogar de paso, mientras las autoridades determinan las medidas de restablecimiento de derechos correspondientes.
El Icbf asume la custodia de la menor
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, brindando acompañamiento psicosocial a la menor e incluyendo un intérprete para garantizar una comunicación efectiva, dada su pertenencia a una comunidad indígena.
Con un equipo psicosocial #BienestarFamiliar realiza asistencia técnica y acompañamiento a la Comisaría de Familia que asumió el caso de una adolescente de 17 años, víctima de violencia intrafamiliar en la comunidad del pueblo indígena Emberá de Pueblo Rico, #Risaralda. pic.twitter.com/i9xgbhhX2Z
— Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) May 31, 2025
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia también se pronunció, rechazando el acto y solicitando que se tomen medidas claras y respetuosas con el enfoque étnico y de género. “Es una situación que no puede repetirse ni ser normalizada en ninguna comunidad”, señalaron en un comunicado.
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El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, condenó enérgicamente el hecho y subrayó que ninguna forma de maltrato puede justificarse bajo el amparo de la cultura. “Rechazo total a estos actos injustificables, que van en contravía del derecho internacional. La idiosincrasia no puede ser un escudo para la impunidad”, expresó.
Fiscalía asume investigación penal
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación formal contra los presuntos agresores. Ya se han identificado plenamente a las personas que aparecen en el video y se iniciará el proceso judicial correspondiente por violencia intrafamiliar agravada.
Este caso ha desatado un debate urgente sobre los límites entre justicia propia y justicia estatal, la protección de derechos de niños y niñas indígenas, y la necesidad de fortalecer el diálogo intercultural. Organizaciones de derechos humanos piden que este crimen sirva como punto de inflexión para revisar las condiciones de vida de la infancia indígena y reforzar la vigilancia sobre prácticas que vulneran sus derechos.
La Ley 1098 de 2006 establece que ningún menor de edad puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y enfatiza que las autoridades deben intervenir cuando se vulneran estos derechos, sin importar el contexto cultural.
Denuncie por la integridad de los menores de edad
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y el ICBF hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho similar a través de la línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80 o la línea 141. La integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes deben ser prioridad nacional.
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Este acto de violencia ha dejado al descubierto las profundas brechas de protección infantil que aún persisten en territorios indígenas, pero también ha movilizado una respuesta institucional que, de mantenerse firme, podría marcar el inicio de una transformación en la forma en que el país asume la defensa de su infancia más vulnerable.
