A pesar de la amenaza directa del mandatario, quien había advertido que “el ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”, cuatro ministros clave del gabinete no estamparon su firma en el documento.
Publicado por: Redacción Nacional
La firma del decreto N° 0639 de 2025 por parte del presidente Gustavo Petro, con el que busca convocar a una consulta popular tras el hundimiento del proyecto en el Senado, no estuvo exenta de controversias.
A pesar de la amenaza directa del mandatario, quien había advertido que “el ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”, cuatro ministros clave del gabinete no estamparon su firma en el documento.
Las ausencias de Laura Sarabia (Relaciones Exteriores), Eduardo Montealegre (Justicia), Lena Estrada (Ambiente) y Edwin Palma (Minas y Energía) generaron inquietud en el escenario político, y aunque sus firmas fueron reemplazadas por las de otros funcionarios de menor rango, la decisión ha sido interpretada como un gesto significativo frente a la controversia jurídica y política que rodea la consulta.
¿Por qué no firmaron los ministros el llamado a consulta popular de Petro?
Cada una de las ausencias ministeriales tiene una explicación distinta, aunque todas están siendo analizadas con lupa por la opinión pública.
El ministro de Minas, Edwin Palma, explicó que su inasistencia se debió a un viaje oficial fuera del país. No obstante, aprovechó para enviar un mensaje político:
“Ante el oportunismo de la oposición y la negativa de ellos de dignificar el trabajo a través de la reforma laboral, el decreto revivió, cambió y por obvias razones lo firma quien asume las funciones. Sé muy bien de qué gobierno hago parte y contra lo que me toca luchar. Y lo hago con la frente en alto”, expresó en su cuenta oficial de X.
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Sugiere este concejal de la “oposición inteligente” que le tuve miedo a su denuncia al no aparecer en la firma del decreto que convoca la consulta popular. Da risa.
— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) June 12, 2025
Fui a firmarlo estando en funciones. Por el infortunado hecho por todos conocido el pasado sábado, el asunto del… https://t.co/n64b5wqiUv
Por su parte, la canciller Laura Sarabia se encontraba en Bruselas, Bélgica, cumpliendo con una agenda diplomática que incluyó una reunión con el eurodiputado Gabriel Mato. Su firma fue reemplazada por la de la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio.
Algo similar ocurrió con Lena Estrada, ministra de Ambiente, quien estaba en Niza, Francia, participando en la conferencia de la ONU sobre océanos. En su lugar firmó Christian Díaz, jefe de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles.
El caso más particular es el del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Según informó Caracol Radio, el exfiscal no estampó su firma porque aún no ha tomado posesión oficial del cargo. Su ausencia fue cubierta por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo.
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A pesar de las ausencias ministeriales, el presidente Petro firmó el decreto y con ello dio inicio a una nueva controversia que probablemente será resuelta en los tribunales. La firma de viceministros y otros funcionarios ha sido cuestionada por varios sectores, argumentando que, para un acto de esta envergadura, debieron estar presentes los ministros titulares.
El registrador nacional, Hernán Penagos, será la primera autoridad en decidir si acoge el decreto y convoca la jornada electoral, lo que implicaría gestionar los recursos para su ejecución. Según estimaciones del propio registrador, la consulta costaría alrededor de 700.000 millones de pesos, los cuales saldrían de una reserva del Ministerio de Hacienda conocida como “Dgppn”.
Lo que viene para la consulta popular
Varios partidos y sectores políticos anunciaron demandas en contra del decreto, lo que abriría un proceso ante la Sala Quinta del Consejo de Estado. En caso de que el registrador decida no acatar el decreto, será esta sala la que tenga la última palabra sobre su legalidad.
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Mientras el país espera una decisión definitiva de las altas cortes, el futuro de la consulta popular es incierto. De prosperar las demandas, se podrían interponer medidas cautelares que suspendan temporalmente el decreto, frenando su ejecución. Todo esto ocurre en medio de tensiones dentro del propio gabinete, dudas sobre la constitucionalidad de la medida y críticas por la forma en que se ha intentado revivir una iniciativa que ya fue rechazada por el Congreso.
