Una medida inesperada desde Quito encendió alarmas diplomáticas y movilizó a altos funcionarios a la frontera.
Publicado por: Redacción Colombia
La ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, viajó este sábado al departamento de Nariño con el objetivo de llegar hasta el Puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, para atender directamente la situación generada por la deportación de al menos 150 ciudadanos colombianos presos en ese país.
El traslado de los reclusos a territorio colombiano, ejecutado por autoridades ecuatorianas sin previo aviso ni protocolos coordinados con Bogotá, fue calificado por el gobierno colombiano como un “gesto inamistoso”. Según denunció la Cancillería, las expulsiones se realizaron sin verificar plenamente la identidad ni la situación jurídica de los deportados, lo que —advirtió— contraviene normas básicas del Derecho Internacional.
#Noticia 🗞️ | Ante la deportación masiva de colombianos que se encontraban recluidos en las cárceles del Ecuador, el Gobierno Colombiano adelanta las labores necesarias para garantizar la atención digna en el regreso de estas personas al país.
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 26, 2025
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“Un equipo interinstitucional liderado por la ministra de Relaciones Exteriores (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy se desplaza al Puente de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, para recibir a los connacionales expulsados por el estado ecuatoriano y para acompañar a los gobiernos territoriales en esta contingencia”, informó la Cancillería a través de sus redes sociales.
La decisión del gobierno de Daniel Noboa de proceder con las deportaciones, sin esperar la implementación de un mecanismo acordado con Bogotá, provocó una airada reacción por parte del gobierno colombiano, que emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgica protesta” ante Quito.
“Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador (...) y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades”, señaló la Cancillería.
Desde el ámbito regional, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, también manifestó su preocupación y llamó a que los organismos defensores de derechos humanos sean garantes en estos procesos. Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer la comunicación interinstitucional para garantizar que este tipo de procedimientos se desarrollen conforme a los marcos legales y humanitarios establecidos.
