El mandatario aseguró que impedirle comunicarse con la ciudadanía implicaría modificar la Carta Política.
Publicado por: Redacción Nacional
El presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que impone límites al uso de redes sociales de entidades estatales. Según la decisión, las instituciones públicas solo pueden publicar mensajes relacionados con su misión institucional y no con fines políticos.
La decisión generó molestia en el mandatario, quien recordó que la Constitución lo reconoce como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. En ese sentido, insistió en que impedirle comunicarse con la ciudadanía implicaría modificar la Carta Política.
“El presidente de la República es jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, según la Constitución que nos rige. Si quieren impedir que se comunique, deben cambiar la Constitución. No hay promoción de la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad”, declaró.
El presidente de la República es jefe del estado y suprema autoridad administrativa, según la constitución que nos rige.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025
Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la constitución. No hay promoción de la la presencia, hay comunicación del presidente con su sociedad. https://t.co/vjJ4t6l5wm
El caso del Servicio Geológico Colombiano
El fallo se originó a partir de publicaciones en la cuenta oficial en X del Sistema Geológico Colombiano, que había replicado mensajes sobre la crisis del sistema de salud y convocatorias a movilizaciones a favor del Gobierno, usando etiquetas como #SeRobaronLaSalud y #El24ALaPlaza.
Para el Tribunal, este comportamiento se aleja de la misionalidad de la entidad y constituye una mala utilización de recursos públicos al difundir mensajes con tono político que no guardan relación con sus funciones.
La sentencia ordenó al Servicio Geológico Colombiano retirar las publicaciones que no se ajusten a su finalidad institucional y abstenerse de repetir este tipo de acciones. Además, sienta un precedente para todas las entidades del Estado, que deberán garantizar que sus redes sociales oficiales se limiten a contenidos alineados con su misión y no sean usadas para divulgar propaganda política o mensajes provenientes de la Presidencia.
