Ministro defendió avances en justicia transicional y política criminal ante el Congreso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Ministerio de Justicia presentó ante el Congreso un balance sobre la ejecución de recursos y el estado de las acciones institucionales relacionadas con el Acuerdo Final de Paz, en medio de una audiencia pública convocada para revisar el cumplimiento de los compromisos suscritos en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc.
Durante la sesión, el ministro Jorge Iván Cuervo expuso las principales líneas de trabajo de la cartera en materia de justicia transicional, política criminal y política de drogas, y defendió la gestión adelantada por el Gobierno en el marco de su estrategia de “Paz Total”.
Recursos para justicia y sanciones propias
El funcionario informó que el Ministerio ha destinado cerca de $137.668 millones a la implementación del Acuerdo Final, recursos orientados a fortalecer capacidades institucionales y apoyar mecanismos derivados del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Cuervo señaló que se ha robustecido la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que se creó una bolsa de recursos destinada a financiar proyectos restaurativos. Estos proyectos buscan facilitar el cumplimiento de las sanciones impuestas por ese tribunal a los comparecientes, en consonancia con el modelo de justicia transicional pactado en el acuerdo.
“Este Gobierno está comprometido con la paz, la está construyendo desde y con la institucionalidad, con reglas claras y está dejando instaladas capacidades para que la paz sea una realidad en los territorios”, afirmó el Ministro durante su intervención.
Avances normativos y retos legislativos
En el ámbito normativo, el jefe de la cartera destacó la expedición del decreto que reglamenta la ley de mujeres buscadoras y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, liderado de manera conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
En materia de política criminal, precisó que 63 de las 123 acciones previstas en el plan sectorial están bajo responsabilidad directa del Ministerio, con un avance del 73,62%. Entre los resultados mencionó la aplicación de la Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública, que permite a mujeres cabeza de familia condenadas por delitos de menor impacto sustituir penas de prisión por servicios comunitarios. Según indicó, se han registrado más de 200 decisiones favorables bajo esta normativa.
La audiencia también sirvió de escenario para que organismos nacionales e internacionales reiteraran la necesidad de completar el desarrollo legislativo pendiente. Entre ellos, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo instaron al Congreso a aprobar la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria.
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Esta jurisdicción, creada mediante ley estatutaria en 2024, es uno de los instrumentos contemplados en el punto uno del Acuerdo de Paz, relacionado con la Reforma Rural Integral, y tiene como objetivo resolver conflictos vinculados con la tierra en el campo colombiano.
El debate se produce en un contexto en el que el Gobierno impulsa su política de “Paz Total” y enfrenta llamados de diversos sectores para acelerar la implementación normativa que aún permanece pendiente, considerada clave para garantizar la operatividad plena de los mecanismos acordados.
